Al parecer, según la Procuraduría General dela Nación, exigen el pago de $120 millones de pesos con el objeto de eludir posibles sanciones.
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra funcionarios por establecer de la Contraloría Departamental del Cesar, por presuntas coacciones a alcaldes, concejales y gerentes de entidades públicas del departamento para presuntamente no ser sancionados fiscalmente.
El Ministerio Público verifica la información de los medios de comunicación, en el que se asegura que algunos servidores públicos del organismo de control usan los resultados de las auditorias, para exigir a los funcionarios de elección popular y cargos directivos el pago de $120 millones de pesos; y así, eludir posibles penalidades de estos.
De esta manera, la Procuraduría corrobora cual(es) funcionarios públicos habrían realizado las conductas denunciadas y establecer si es constitutiva de falta disciplinaria.
