En un trabajo de Acción Unificada entre la Policía de Santander, el Gaula Militar de la Quinta Brigada y la Fiscalía, se adelantó una operación para desmantelar un laboratorio de procesamiento de clorhidrato de cocaína en la vereda La Coloreña, del municipio de Betulia, Santander, que pertenecería a la subestructura Édgar Madrid Benjumea del Clan del Golfo.
El Gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, entregó detalles del operativo, en el cual se destruyó un complejo cocalero compuesto por seis estructuras rústicas donde se procesaba el estupefaciente, a través de secado, envoltura y marcación. Este laboratorio producía alrededor de 400 kilogramos de clorhidrato de cocaína al mes, generando aproximadamente 2.000 millones de pesos mensuales en rentas ilícitas.
“El año pasado declaramos a Santander libre de cultivos de coca. Sin embargo, surgen varias preguntas que deben hacernos reflexionar y que pueden orientar el trabajo de inteligencia de la Policía y el Ejército Nacional. La primera es: ¿de dónde están trayendo la base de coca? Este es un requerimiento de inteligencia crucial porque la base de coca está llegando de otro departamento. Entonces, debemos investigar por dónde está entrando y por qué lo traen a Santander”, expresó el gobernador.
El lugar contaba con alojamiento para 15 personas. Tres fueron capturadas en flagrancia y serán judicializadas por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, así como fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y municiones.
Uno de los capturados tiene antecedentes en el SPOA como indiciado por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y municiones.
Durante la operación se incautaron: 42,6 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 92 kilogramos de base de coca, 1.530 galones de insumos líquidos, 800 kilogramos de insumos sólidos, dos armas de fuego, 56 cartuchos de diferentes calibres, dispositivos de comunicación, maquinaria especializada para el procesamiento de estupefacientes, y elementos para su dosificación y embalaje.
Las personas capturadas y el material incautado fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, para que un juez constitucional con funciones de control de garantías defina la situación jurídica, informó la Gobernación de Santander.
