En al menos 13 camionetas, 3 camiones turbos y varias motocicletas, uniformados de la Policía y el Ejército Nacional llegaron al municipio de California (Santander) para hacer efectivas las órdenes, advertencias y anuncios hechos por el Ministerio de Ambiente y otras entidades del Estado, de cerrar las bocaminas y capturar a pequeños mineros informales dedicados a esta actividad en la zona de reserva declarada el pasado 3 de marzo por la ex ministra de ambiente, Susana Muhamad.
Según la primera información difundida por los pobladores de esta zona, se han escuchado detonaciones en la parte alta de la montaña, y se habla de por lo menos 4 personas detenidas. En este operativo, que irrumpió la tranquilidad de los habitantes del municipio, habría también personal de diferentes autoridades como el Servicio Geológico Colombia, la Agencia Nacional de Minería (ANM) y el Ministerio de Minas y la Fiscalía.
Vale recordar que estas acciones habían sido anunciadas por la saliente ministra de Ambiente, Susana Muhamad, quien semanas atrás informó que ya se habían realizado las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación y todo estaba listo para que apenas se declarara la Zona de Reserva Temporal se iniciaran «los operativos para el cierre de las bocaminas y las detenciones pertinentes».
«Con este operativo armado contra los mineros y pobladores de Soto Norte se confirma lo que veníamos advirtiendo: una vez declarada la zona de reserva ilegal e inconsulta por la señora Muhamad, nos condenaron a todos a la ilegalidad, el desplazamiento y la pobreza. Hoy llegan la Policía y el Ejército a perseguir a los pequeños mineros informales o que querían formalizarse, a cerrar las minas que son el sustento de miles de familias, y a llevarnos presos o infundirnos terror solo por habernos opuesto a una restricción ilegal que violó el Acuerdo de Escazú y las sentencias de la Corte constitucional», indicó Fabio Maldonado, director del Consejo de Desarrollo de Soto Norte y de la fundación Gran Pacto Social por California (GPS).
Según indicó el líder social, «los funcionarios, protegidos por las armas del Estado, llegaron hoy lunes a nuestros pueblos a imponer una medida, que nunca fue consultada ni construida con la gente afectada, este es el resultado. La resolución que quedó mal hecha en el papel, y que le tocó corregir a la nueva ministra de Ambiente sin siquiera escucharnos antes, ahora la quieren hacer efectiva con la fuerza y las armas del Estado. El Gobierno del Cambio quiere borrar 400 años de tradición minera a punta de fusiles».
Según se pudo establecer, el operativo inició hacia las 5:00 de la mañana, y fue ordenado directamente desde Bogotá, sin aviso previo a las autoridades municipales o regionales. A esta hora los uniformados y funcionarios ya ingresaron a algunos túneles en la zona de El Indio y Ecooro. «Algunos habitantes han denunciado que los uniformados les quitaron los celulares a quienes intentaron grabar lo que estaba pasando. Estamos sumidos en el terror y el miedo. ¿Ahora sí, dónde están los activistas, politiqueros e incluso unos pocos californianos que defendían la tal zona de reserva y decían que no nos iba a pasar nada?, ¿dónde está el respeto a nuestros derechos y nuestra vocación que tanto hablaba la ex ministra que ahora anda escondida?», denunció Maldonado.
Las asociaciones sociales, campesinas y minera de California le pidieron al gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, que cuanto antes busque una reunión con la nueva ministra de Ambiente, Lena Estrada, y que «proteja nuestros derechos, que no permita este abuso en nuestros territorios, y que busque una mediación para frenar esta persecución contra la población minera. No somos delincuentes», concluyó el presidente del Consejo de Desarrollo de Soto Norte.
