Por: Ruby Stella Morales Sierra/ El proyecto de Acuerdo 05 del 9 de abril de 2021, busca que los “dueños” de la actual administración del municipio de Floridablanca y los mercaderes sucesivos que se disputarán el negocio, cuenten con una empresa comercial e industrial del Estado de orden municipal, que les garantice todo tipo de manejo de bolsillo de los recursos públicos que se recauden por prestación de servicios públicos y prácticamente todo tipo de bienes y servicios que se requieren en un municipio. Lo que quieren armar se parece más a una empresa multiservicios o multiactiva.
El gerente de la soñada empresa sería una especie de super gerente de algo así como un gran conglomerado industrial y empresarial.
Toda una creatividad variopinta empresarial que buscan imponer para un municipio gobernado con tenazas a una ciudadanía adormilada y cómoda.
Ciencia, tecnología, todo tipo de planes de negocios, comercializar plataformas de tecnología y de información (¿También venderán los datos personales de los ciudadanos?); venta de servicios culturales (¿volverán un bar público la casa de la cultura y la casa Paragüitas?)
¿Qué propiedad intelectual van a vender, las brillantes ideas de los mandatarios y sus asesores, quién se las van a comprar?; diseñar y vender obras civiles de cualquier naturaleza o sea propiedades públicas y privadas, ¿van a vender los parques, las reservas forestales…? ¿Van a vender otra vez el Cerro del Santísimo? Parece que quieren vender el municipio…
¿Van a montar una constructora para todo tipo de inmuebles? ¿Van a montar empresas domiciliarias, de transporte, manufacturas? ¿Van a montar todos los negocios que se le ocurra a la Junta Directiva sin restricciones?
¡Super genios! Con este universo de negocios, lo claro es que muy pronto ya no se necesitaría elección de alcaldes, concejales y menos funcionarios públicos que no tendrían casi oficio para hacer.
¿Van a desaparecer entonces las órdenes de prestación de servicios y las nóminas paralelas?
Parecería que quieren no solo emular, sino aventajar con este proyecto de acuerdo, la conformación de una empresa que bien podría denominarse Floridablanca SAS, superando el portafolio de negocios de la paisa Empresas Públicas de Medellín, EPM, manejada por el Grupo Empresarial Antioqueño, compitiendo en sus insaciables ambiciones empresariales.
¿Quiénes serán los miembros de junta directiva? ¿Los socios de empresas de construcción? ¿Los socios beneficiados con el volteo de tierras del último Plan de Ordenamiento Territorial? ¿Los recién egresados compañeros con o sin título del alcalde? ¿Los socios de campaña, los amigos y familiares del “niño de las uñas largas”?
El entramado del acuerdo para esta multiempresa debe estar haciendo soñar a los concejales que tienen el deber de analizarlo y decidir si van a embarcar al municipio en semejante horizonte sin fronteras. Se ve que la empresa busca abarcar a paso veloz casi todo el manejo de los recursos públicos del municipio en manos privadas. Y competir con el mercado y negocios particulares y empresas establecidas. ¡El mercado los llama!
No nos llamemos a engaños. Podrían terminar por aprobar la empresa multifuncional, con el beneplácito de sus amigos y socios. Podemos imaginar la fricción de manos ambiciosas de concejales e interesados que están anhelantes de continuar los negociados tipo Convenios oscuros como los sucesivos contratos por más de 20 años del alumbrado público con socios ocultos en paraísos fiscales de cualquier isla del Caribe.
La entrega para caja menor del recaudo bomberil a una empresa particular como los bomberos de Floridablanca, más un interminable listado que cubrirá a todo el municipio. Y luego a reclamarle al rey pepinitos porque las empresas privadas no rinden cuentas a nadie.
Con esta realidad entonces ya no se necesitará la Contraloría Municipal, tampoco la Procuraduría, porque ellos no se meten con empresas privadas. Si acaso quedará la Fiscalía, pero como sabemos, la mayor parte de los delitos terminan engavetados y archivados por vencimiento de términos.
Este intento no es nada nuevo. ¿Quién o cómo lo van a impedir? Esa ha sido la tendencia mundial y nacional desde 1990, cuando por orden de la banca mundial obligaron a que todos los gobiernos entraran en la reducción del Estado.
Obligaron la venta de lo público, a satisfacción de los inversionistas voraces, para que la prestación de bienes y servicios públicos para la comunidad pasaran progresivamente a manos de empresas privadas. Se especializaron en la corrupción pública y ahora hacen el tránsito hacia la corrupción privada amparada en las leyes de los negocios y el mercado, sin incómodos intrusos de control ni veedores. Un verdadero paraíso.
Ahí está la historia: saquearon y quebraron a la mayoría de empresas públicas para venderlas a precio de huevo y milagrosamente en pocos meses llegaron las super ganancias. Y el consecuente abuso tarifario. Caso Empresa de Energía de Bogotá, que vendió su estructura comercial, o sea la joya de su corona de las finanzas aseguradas de la capital, a inversionistas españoles y chilenos, con sospechosos y ocultos asociados colombianos. Empresa que milagrosamente y con descaro, a los pocos meses ya habían casi multiplicado su patrimonio.
Gobierno de bolsillo
En Floridablanca esgrimen como excusa la emergencia originada por la pandemia de la Covid-19, y disque “para reactivar la economía”. Claro, seguramente la economía del bolsillo de los gobernantes y su grupillo de socios de campaña y de toda la clase política depredadora que les ha precedido y tiene sus tentáculos incrustados en la administración.
También mencionan como antecedente los objetivos de la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (septiembre 2015) que promulga un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia…
La sola mención de estos postulados se lee como letra muerta. Son imaginarios sociales de engaño, como lo ratificamos año tras año en cada raponazo de privatización. Solo el que puede pagar servicios los recibe, y aún así, la calidad de los servicios deja mucho qué desear. Porque la privatización también nos ha llevado al abismo de la corrupción sin límites, el descontrol de las tarifas y la especulación del mercado. Se escudan tras la órbita de la empresa privada que está blindada legalmente contra todo tipo de intervención o desacuerdo de la ciudadanía.
«Estamos resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo de aquí a 2030, a combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos, a construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, a proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y a garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales”, señalaron los Estados en la resolución.
Está claro que estas utopías del año 2030 expuestas para la protección de derechos y buscar la erradicación del sufrimiento humano, cada vez se ven más lejanas. Es más. Por ser anhelos enmarcados en el progresismo que busca la defensa de la vida y mantener al ser humano como objeto y fin de todo el esfuerzo de la sociedad, son objetivos tildados como una amenaza para el establecimiento del poder de los capitales y del dios lucro-dinero-acumulación.
La única premisa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que trabajan con ahínco y ventaja es el “promover el desarrollo económico sostenido”, pero para sus bolsillos particulares. Cierran las puertas al control de las pocas instituciones que le puedan poner freno a la depredación y robo de los recursos públicos. Así funcionan todas las empresas prestadoras de servicios públicos que se rigen por el derecho privado, a pesar de estar financiadas y manejando el recurso de todos los ciudadanos.
Ahí esta la empresa del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, la que pese a tener más del 60% de recursos públicos del municipio de Bucaramanga se maneja como empresa privada y cierra las puertas a cualquier veeduría ciudadana. Su junta directiva se rige por intereses de clase empresarial que son opuestos a los intereses de las clases populares.
¿De qué nos extrañamos si con contadas excepciones los gobiernos cada vez funcionan más como empresas privadas? Solo hay que ver el manejo de reyezuelos o dictadores de instituciones como la presidencia, gobernaciones, alcaldías y demás entidades públicas que abiertamente violan las normas de la transparencia, eficacia y racionalidad.
El mismo proceso de privatización del servicio de salud y la liquidación del antiguo Seguro Social. ¿Qué tal el raponazo que le quiere hacer la banca privada de Luis Carlos Sarmiento Angulo a Colpensiones? ¡Qué más quisieran ellos!
¿Acaso olvidamos la quiebra provocada de los ferrocarriles nacionales para dar paso a los negocios privados de las carreteras, tractomulas y el transporte público prestado por privados? ¿Ya olvidaron la quiebra de Transejes como un autosabotaje infame que dejó en el atraso industrial a Santander?
Paro el 28 de abril
Las clases trabajadoras, desempleadas, medianos y pequeños empresarios, campesinas y pensionados se preparan para un paro nacional el próximo 28 de abril contra el yunque del alza de impuestos de la reforma tributaria de Duque-Carrasquilla.
Con pandemia y todo, se cree que la gente saldrá a la calle. Se espera una participación masiva de forma pacífica y también que las autoridades respeten el legítimo derecho a la protesta sin excesos de la fuerza pública.
El baldado de agua fría y las tijeras que cercenan los ahorros de la gente busca recaudar unos $25 billones de pesos, que serán arrebatados del pingüe ahorro de supervivencia y esfuerzo humano de las clases medias. Y solo se prevé destinarán $6.5 billones para programas sociales. Parece que el resto sería para tapar la compra de los aviones de guerra (¿para hacer trizas la paz mientras exonera de tributos la dotación de armas para hacer delirar de felicidad a los que ofrecen bala ‘ventiada’?
Otra gran porción de los impuestos seguramente los destinará para el clientelismo electoral de 2022 y para el insaciable hoyo negro de la corrupción que se roba $50 billones al año.
No dudemos que la mayoría de los tributos propuestos por el gobierno serán aprobados. Toda la “bandola” que soporta políticamente al gobierno les aprobarán el raponazo inmisericorde y descarado a las clases populares.
¿Será que le aprobarán sin recato para los estratos 4,5 y 6 el 19 por ciento de IVA al gas, electricidad y hasta el agua que tomamos de la llave los colombianos, mientras a sus amigos de las gaseosas llenas de azúcar tóxica los eximen? ¿Gravarán hasta las toallas sanitarias para las mujeres…?
Obligarán a pagar más impuestos y declarar renta a quienes devengan más de $2.5 millones y a partir de 2023 a quienes ganen $ 1.7 millones al mes.
Los impuestos temporales a los colombianos de ingresos altos parecen un paño de agua tibia para enredar, con una brumosa equidad, la infame cascada de impuestos en uno de los peores años que se hayamos vivido en el país.
Un pueblo abrumado por la pandemia y fallas graves por carencia de vacunación. El hambre acosa cada día a más familias, mientras azota el desempleo, la quiebra de empresarios pequeños y el difícil rebusque de los desamparados. Ni hablar del abandono de inversión en carreteras secundarias y terciarias y el abandono de la economía campesina.
Llega la luna llena a final de mes para iluminar todo el escándalo, la corrupción y el descontento de la gente, mientras el gobierno le ha puesto el pie en el cuello al pueblo colombiano y ya no lo deja ni respirar.
La respuesta podría ser un paro histórico y el levantamiento del espíritu comunero sin precedentes. Literalmente a la gente la echaron a la calle.
*Periodista
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