Etiopía, el segundo país más poblado de África, pone a prueba su democracia. Dos veces aplazadas por la pandemia de coronavirus, las elecciones legislativas y regionales previstas para agosto de 2020, se celebran por fin este lunes 21 de junio.
Se trata de la promesa de campaña de Abiy Ahmed, el primer ministro de 44 años que llegó al poder en 2018 con una propuesta de renovación democrática tras décadas de autoritarismo. En sus palabras, la jornada de este lunes es «el primer intento de la nación de celebrar elecciones libres y justas» en su historia.
Su Partido de la Prosperidad (PP), una fusión de esquinas políticas de la anterior coalición gobernante, se postula a ganar la mayoría de los escaños de la Cámara de Representantes, lo que aseguraría que Ahmed extienda su poder por otros cinco años.
Y es que Abiy Ahmed llegó en 2018, como resultado de tres años de protestas callejeras que abocaron la renuncia del entonces premier, Hailemariam Desalegn. Desde su nombramiento, Ahmed implementó sendas reformas políticas y económicas, para liberalizar a un país sometido por severos controles. Sin embargo, dichas reformas expusieron las tensas divisiones étnicas en un país con más de 100 millones de habitantes.
Entre los partidos que no aceptaron hacer parte del gobierno propuesto por Abiy Ahmed se cuenta al Frente Popular de Liberación del Tigray (FPLT), cuya rebelión desembocó en una guerra civil que detonó en noviembre de 2020.
La guerra del Tigray
Quienes se opusieron radicalmente a las reformas de Ahmed fueron los líderes políticos del Tigray, la región del norte de Etiopía. Tras meses de rebeldía contra el Gobierno federal, en noviembre de 2020 fueron atacados por tropas gubernamentales que se desplazaron desde Addis Abeba, por presuntamente haber atacado una base militar.
Las operaciones militares fueron justificadas por Abiy Ahmed como una necesidad para «restablecer el Estado de derecho y el orden constitucional y proteger los derechos de los etíopes a vivir en paz en cualquier parte del país». Sin embargo, desde el Frente Popular de Liberación del Tigray acusaron a Ahmed de haber inventado el ataque a la base militar para legitimar una «invasión» en sus territorios.
La guerra en las inmediaciones de Mekele, la capital de Tigray, ha traído consigo masacres, violaciones, miles de muertos y cerca de dos millones de desplazados. Una guerra que puso en la mira internacional a Abiy Ahmed, quien paradógicamente ganó el premio Nobel de la Paz en 2019, por sus esfuerzos para que Etiopía firmara la paz con el vecino Eritrea, tras veinte años de conflicto.
Este mismo lunes, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, dijo que estaba «profundamente perturbada» por los informes de violaciones continuas en la región de Tigray, y que había «informes creíbles» de que los soldados eritreos seguían allí, a pesar de la promesa de marcharse.
Por su parte, la ONU asegura que alrededor de 350.000 personas de esta región sufren una profunda hambruna.
El boicot de varios partidos políticos
De los 547 diputados que hoy elige Etiopía, al menos 63 quedarán desiertos temporalmente, según lo informó la Junta Nacional Electoral de Etiopía (NEBE). El organismo denunció que dichas sillas del parlamento no podrán ser ocupadas aún, dado que varias regiones del país presentan irregularidades, dificultades con las papeletas o problemas de seguridad.
De manera que hasta el próximo septiembre se reanudarán los comicios en las regiones de Harari y Somalí y en decenas de distritos de las regiones de Benishangul-Gumuz, Oromía, Amhara y la Región de las Naciones y Nacionalidades de los Pueblos del Sur.
Pero lo cierto es que han sido numerosos los partidos étnicos opositores que han sentado un boicot a las elecciones que promueve Abiy Ahmed. Según éstos, la idea de una ciudadanía etíope que se vende desde Addis Abeba va en contravía con el pluralismo de etnias del país del Cuerno de África. Además han alegado manipulación y obstrucción en sus campañas.
Entre los partidos que se resisten a las elecciones se destacan dos grandes afiliaciones de la región de Oromía, la más poblada de Etiopía. Tanto el Congreso Federalista Oromo (OFC), como el Frente de Liberación Oromo (OLF), acusan al Gobierno de Ahmed de haber puesto en prisión a varios de sus líderes y candidatos.
«Si el Gobierno actual necesita sanar a Etiopía como nación, lo que debería hacer es iniciar un diálogo nacional inclusivo» sentenció el presidente del OFC, Merera Gudina, quien además vaticinó que las elecciones generales no resolverán el caos político que vive el país.
Un escenario político y social que preocupa a la comunidad internacional. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea han expresado su malestar por lo que ocurre en Etiopía, un país que funge como peso pesado en la región del Cuerno de África, y cuya inestabilidad repercute en sus países vecinos.