Más de 40 organizaciones sociales, asociaciones de campesinos, mineros, productores agropecuarios, turismo, víctimas, organismos de acción comunal, junto a líderes comunitarios de la provincia de Soto Norte, anunciaron su decisión de declararse en “desobediencia civil” en toda la provincia de Soto Norte, como respuesta al anuncio del Ministerio de Ambiente de establecer una Zona de Reserva Temporal por fuera del límite del Páramo de Santurbán, que afectará la economía de 35 mil personas.
La comunidad alerta que la prohibición de la minería en municipios como California, Vetas y Suratá provocará el desplazamiento forzado de decenas de miles de personas, exacerbando las problemáticas sociales en el Área Metropolitana de Bucaramanga. Además, denuncian que el Ministerio no ha presentado soluciones frente a esta situación, dejando a la región en un estado de incertidumbre.
«La imposición de zonas de reserva sin diálogo ni concertación desde Bogotá solo profundiza la crisis social y económica de nuestra región. Las decisiones que nos afectan deben ser tomadas aquí, con las comunidades de Soto Norte. Es hora de un verdadero compromiso del Gobierno con las personas que vivimos y trabajamos en este territorio», dijo Holmes Valbuena, presidente de la Fundación Firmes Santurbán y exalcalde de California.
Como parte esta “desobediencia civil”, las asociaciones anunciaron una serie de acciones como marchas, protestas, plantones, tutelatones, demandas, recolección de firmas y peticiones públicas. Además, indicaron que, haciendo uso de sus derechos, declararán como personas no gratas en sus municipios a los activistas ambientalistas y políticos que han impulsado la estigmatización de la pequeña minería legal, y que han promovido una zona de reserva antitécnica e inconsulta, cuyos únicos fines son netamente políticos y electorales.
Además, denuncian que las decisiones se han tomado desde Bogotá, sin incluir a los habitantes de Soto Norte en los debates ni considerar sus aportes para un ordenamiento territorial inclusivo. Esta exclusión ha generado un profundo malestar, ya que las políticas propuestas afectan directamente las actividades productivas y el modo de vida de la región, perpetuando un sentimiento de abandono por parte del Gobierno Nacional.
Acciones inmediatas que exigen
Ante este panorama, en diferentes comunicaciones ya radicadas ante las autoridades locales, regionales y nacionales, entre esas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las comunidades propusieron 3 acciones inmediatas:
- La instalación de una mesa técnica con las comunidades de Soto Norte, como lo propuso el delegado de la Procuraduría General de la Nación en junio de 2024, y que fue avalada por la ministra de Ambiente.
- Cumplir con el Acuerdo de Escazú, promoviendo un ordenamiento territorial que incluya a las comunidades locales.
- Realizar una mesa pública de concertación en la provincia de Soto Norte a inicios de 2025, con la participación de múltiples actores gubernamentales, locales y sociales, para buscar soluciones consensuadas a la problemática.
Violación directa a sus derechos
El rechazo también se fundamenta en la falta de participación ciudadana en el diseño de estas políticas, un aspecto que las comunidades consideran una violación directa a sus derechos. Según los líderes locales, el Ministerio de Ambiente ha ignorado lo establecido en el Acuerdo de Escazú, que exige procesos participativos y transparentes para decisiones ambientales que impactan a las comunidades.
Las comunidades de Soto Norte hicieron un llamado urgente al Ministerio de Ambiente para revisar de manera integral la medida de la zona de reserva temporal, incluyendo a las comunidades afectadas en un proceso de concertación y diálogo transparente y participativo. Destacaron que el impacto de esta decisión no solo afecta la economía minera, sino también sectores fundamentales como la agricultura, la ganadería, el turismo y la construcción, que son el sustento de miles de familias en la región.
