Por: Gloria Lucía Álvarez Pinzón/ Una enorme polémica se está viviendo en Santander por estos días, debido a un proyecto de resolución que comenzó a circular hace unas semanas, con el que la saliente ministra de Ambiente, antes de dejar el cargo, pretende declarar como reserva ambiental más de 76.000 hectáreas, en seis municipios que ya son famosos porque han estado en la mira de la funcionaria desde su llegada al ministerio, como son, Vetas, California, Suratá, Matanza, Charta y Tona.
El disgusto de los santandereanos es mayor, porque consideran que hay un especial ensañamiento del Presidente de la República y de la ministra en contra de esta población, desde que se expidió el cuestionado Decreto 044 de 2024.
El tema inició hace 15 años, cuando el presidente Santos sacó su plan de desarrollo 2010-2014 prohibiendo la minería, la agricultura y la ganadería en los páramos, y para hacer cumplir su mandato, ordenó delimitarlos.
Dicha orden, a medida que pasan los años, se evidencia más absurda, porque no se ha podido cumplir en Santurbán, Pisba, Almorzadero y Sumapaz, que fueron las regiones que motivaron la decisión y porque, donde sí se delimitó, la población ha comenzado a entender la nocividad de la medida y ha empezado a reaccionar contra ella, como en El Cocuy y otras zonas del país; lo que ha obligado a echar para atrás la prohibición a la agricultura y la ganadería, para dividirlas entre actividades de bajo o alto impacto, y prohibirlas solamente en estas últimas; ¡otro absurdo igual!
Y es que, si le ponemos sentido común al tema, carece de toda lógica que la política gubernamental frente a los páramos, sea dibujar sobre ellos una línea imaginaria, a escala 1:25.000, hasta conformar un gran polígono que, en buena medida, no logra coincidir con la realidad del territorio, para prohibir en su interior actividades como la minería, que el gobierno puede controlar directamente y sin tanto desgaste, ya que depende de un contrato de concesión estatal.
Con la excusa de la prohibición, se ha cometido toda clase de atropellos contra la población y se han malversado miles de millones de pesos del presupuesto nacional, en convenios, estudios, reuniones, tiquetes, alquiler de vehículos, comida, alojamiento y viáticos para un tropel de funcionarios que desde Bogotá se desplazan a los municipios para hablar de delimitación. Qué importante sería que el Ministerio de Ambiente le informara al país la suma que se ha gastado hasta el momento en esa tarea de la delimitación.
El malestar de la gente es permanente y obedece a que, después de 15 años de estar viendo cómo el ministerio derrocha recursos públicos y hace reuniones para concertar la delimitación del páramo que no conducen a ningún lado, en las 38.152 hectáreas que se calcula debe abarcar la delimitación en Santander no se permite legalmente hacer absolutamente nada, se niegan los créditos agropecuarios, no se ha invertido un solo peso de recursos nacionales, así sea en compensación y, en los dos últimos años, se ha disparado exponencialmente la minería ilegal.
La gente al ver las noticias pensará que la reciente controversia que se ha armado, es un capítulo más de la confrontación por la delimitación de Santurbán y que los pobladores del páramo son necios y se resisten a ella, pero no es así.
Lo que está ocurriendo es distinto, aunque los protagonistas sean los mismos; y es que, a la jefe saliente de la cartera de ambiente, ahora se le ocurrió que la delimitación ya no importa; que el derecho a la participación y la concertación comunitaria tampoco; y que lo que ahora le parece prioritario, es dejar declaradas 76.000 hectáreas más como reserva ambiental, es decir el doble del área que se delimitará como páramo.
La finalidad de esta nueva reserva, que tiene tan afanada a la ministra, es impedir que las empresas mineras que operan en Vetas, California y Suratá, puedan seguir trabajando y dejar los seis municipios de la provincia, 100% bajo el control de la autoridad ambiental.
Por eso la molestia en Santander es hoy mucho más grande y ha conllevado a que se unan a una sola voz, el Gobernador, los seis alcaldes de la provincia y una porción ampliamente mayoritaria de la población, para manifestar su rechazo rotundo a esta iniciativa y pedirle a la ministra que reconsidere y se abstenga de tomar esa decisión.
Las razones de este clamor regional son varias y de diferente tenor; si lo que quieren es acabar con la minería de oro que allí existe, no se entiende por qué quieren declarar como reserva 76.000 hectáreas; porque los títulos mineros, que el propio Gobierno ha entregado a particulares, abarcan tan solo 5.774 hectáreas y los que no han entregado, pueden negarlos unilateralmente.
Si los títulos mineros vigentes están concentrados en los tres municipios mineros, ¿por qué incluyen como reserva a Matanza, Charta y Tona, que tienen vocación agropecuaria? ¡otro sin sentido!
La gente no se explica, tampoco, por qué quieren utilizar una potestad gubernamental que solamente aplica con fines de conservación ambiental, para tomar decisiones que se orientan a justificar la terminación o la caducidad de los contratos estatales suscritos con los mineros, o presionar su renuncia.
Si la declaratoria de reserva se sustenta en los efectos negativos que puede tener la minería sobre el agua de Bucaramanga, ¿por qué se excluyen de la medida todas las áreas que no están tituladas en los tres municipios mineros, para hacer nueva formalización minera? ¡Vaya paradoja! Quieren reservar argumentando que la minería es nociva ambientalmente, pero en las áreas libres quieren hacer nueva titulación minera.
Esta contradicción, imposible de explicar, deja evidencia que lo que se quiere hacer pasar como “ordenamiento minero ambiental”, no es más que una estrategia ingenua y burda, orientada a lograr que el control de los yacimientos mineros de oro cambie de manos y pase a poder, seguramente, de algunos “amigos” de los tomadores de decisiones.
Tiene lógica entonces la molestia del gobernador, de los alcaldes y de las autoridades regionales y locales en general, porque una decisión que quiere cambiar el ordenamiento del territorio, no puede tomarse sin el concurso y la aquiescencia de ellos.
También cobra sentido el disgusto de las comunidades, que han salido a manifestar su malestar y el total desacuerdo con esta medida, que consideran ilegal, excesiva y arbitraria.
Desde el propio Ministerio han querido acallar esas voces a través de contratistas y falsos ambientalistas que, angustiosamente y con engaños, recogen firmas y hacen encuestas para intentar mostrar que la decisión tiene algún respaldo ciudadano.
La participación ciudadana en materia ambiental carece de sentido cuando se fabrica desde el órgano que va a tomar la decisión; tal acción no puede, de ninguna manera, opacar las manifestaciones que devienen de quienes auténtica y ciertamente van a verse afectados con la decisión.
Ojalá la ministra se vaya sin firmar esa resolución, porque suena mal, que, habiendo renunciado para hacer campaña política, se apresure a tomar una decisión que carece de legitimidad.
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*Abogada, docente e investigadora en Derecho Ambiental.
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