Por: Gloria Lucía Álvarez Pinzón/ Hace cerca de un mes los diputados de la Asamblea de Santander le enviaron un oficio al Presidente Gustavo Petro pidiéndole la construcción de un CONPES para garantizar inversiones que mejoren la seguridad del área metropolitana, Barrancabermeja y las provincias del departamento; hoy se están quejando de que su solicitud no ha tenido eco ni respuesta alguna.
Indiferente frente a la seguridad, el mandatario en reciente alocución televisiva, ensimismado en su discurso fatalista y presumiendo de clarividente, persiste en hacernos creer que la única prioridad que tiene Santander es impedir el aprovechamiento de las reservas de oro que allá existen.
En esta ocasión afirmó que “El efecto inmediato hoy por hoy puede ser la pérdida del agua para la ciudad de Bogotá. Pueden seguir otras ciudades si locamente los políticos de Santander siguen insistiendo en sacar el oro de Santurbán”. Advirtió también que, “se pondrá en riesgo el sustento de regiones agrícolas que generan alimentos. “Van a dejar regiones ricas, agrarias, sin sustento. Las tierras fértiles empezaremos a perderlas por falta de agua y entonces empezaremos a tener problemas de nutrición mucho más serios que los que tenemos hoy”.
Pero, ¿qué incidencia puede tener en Bogotá o en la nutrición el aprovechamiento del yacimiento de oro que hay en Santander? Evidentemente no hay correlación y ello pudo ser un lapsus producido por un exceso de “café de leche”; pero el mensaje para el departamento si es claro; la inseguridad que hoy se vive, no está en la agenda nacional. Para Santander, lo que hay es una obsesiva inquietud por sembrar en la ciudadanía la falsa creencia de que si se aprovecha el oro se van a acabar el agua y las tierras productivas, mientras soterradamente se toman medidas para conseguir el control del yacimiento, entregado décadas atrás a mineros locales, compañías nacionales y extranjeras, para su aprovechamiento.
Para nadie es un secreto que la minería es una actividad que genera impactos sobre el medio ambiente, que requiere acompañarse de inversiones que eviten, mitiguen o compensen tales efectos; pero poco o nada está haciendo el Gobierno frente a esa realidad; porque mientras se exacerba la animadversión de la ciudadanía frente a la industria minera y se impiden o detienen las explotaciones formales que se realizan de manera controlada, cumpliendo la ley y pagando impuestos y regalías, se permite que la minería ilegal se apodere del páramo, sin que eso logre inmutar a ningún funcionario; todo lo contrario, la política está orientada a promover la ilegalidad para después tenderle la mano a los ilegales con procesos de formalización y toda clase de prebendas.
El discurso resulta, desde todo punto de vista, contradictorio e incoherente; porque para este Gobierno la minería es mala y va a acabar con el planeta si la hacen unos, pero resulta admisible y buena si la hacen otros, especialmente si se trata de personas u organizaciones cercanas a sus afectos, aquellos que deben ser tratados “bajo la política del amor”.
Para los ilegales hoy en día hay toda clase de consideraciones, negociaciones, ofrecimientos de áreas y de modalidades de titulación.
Para los mineros formales no hay nada. De hecho, ahora se están queriendo implementar medidas tendientes a obligar a los titulares mineros legales a devolver las áreas de interés que el Estado válidamente les ha otorgado, apelando a instrumentos de resolución de conflictos como la mediación o bajo amenazas de caducidad de los contratos.
La desfachatez con la que están manejando el tema en Santander no tiene nombre; mientras que, por un lado, emiten comunicados a la opinión pública manifestando que han delimitado más de 75 mil hectáreas para suspender provisionalmente el desarrollo de la minería de oro y “proteger el páramo de Santurbán”, por el otro, las autoridades sustraen áreas de esa reserva y se auto facultan para seguirlo haciendo, con el fin de entregar a dedo nuevos títulos mineros.
Con estas decisiones se quieren llevar por delante incluso a los pequeños mineros tradicionales que existen en la región, cuyos derechos fueron reconocidos por la propia Corte Constitucional en la Sentencia T-361 de 2017 y que deben ser objeto de tratamiento diferencial, generando consecuencias devastadoras para miles de familias que dependen de la actividad.
Queda en evidencia, cada vez más, que esa proclama ambientalista no es real; que lo que está en juego es el control del negocio; que el agua y los ecosistemas son tan solo elementos decorativos que sirven de medio para adornar la retórica, es decir un eslogan de campaña; por cuanto se están tomando decisiones en su nombre que no generan ningún tipo de beneficio porque no se acompañan de acciones o inversiones concretas para su conservación, garantizar la calidad del agua, mejorar los sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento de los municipios de la zona, sustituir y mejorar las formas de vida de la comunidad.
Mientras que lo ambiental se mantiene en el discurso, la minería es una realidad de los territorios, que genera recursos, empleo, que mueve la economía (lícita o ilícita), que despierta pasiones y se constituye en las regiones en principal fuente de riqueza y de poder.
Siendo un importante activo y una fuente significativa de ingresos, la ciudadanía no debe aceptar que el Gobierno demonice la actividad para conducirla por la senda de la ilegalidad; mucho menos cuando a leguas se nota que lo está detrás de todo el discurso conservacionista es una guerra sin cuartel por lograr el control del negocio del oro, que debemos recordar ha sido y es el metal más preciado por la humanidad, a lo largo de la historia, desde la antigüedad, porque su brillo, durabilidad y rareza, han hecho que sea considerado un bien sagrado, medio de comercio, depósito de valor y el instrumento económico más seguro del mercado a nivel mundial.
La minería como cualquier otra actividad económica que se realice en el país debe seguir siendo libre, pero regulada por el Estado de manera responsable, para beneficio general, buscando racionalizar la economía, mejorar la calidad de vida y el equilibrio entre la conservación del medio ambiente y el desarrollo económico, porque estamos en un país grande, extenso y rico en recursos naturales renovables, con capacidad para ofrecer espacio y oportunidades para todos.
Colombia no puede seguir desgastándose en la disyuntiva “agua u oro”, un discurso terrorífico basado en el miedo, que nos conduce a la polarización y el odio, para beneficio de quienes lo difunden.
Recordemos al poeta y filósofo romano Tito Lucrecio Caro en su obra «De rerum natura (años 99 a 55 a.C.), cuando dijo “El miedo es un aguijón invisible que nos nubla la mente, nos roba el sueño, nos aparta del mundo y nos hace egoístas y crueles.”
Tengamos presente que un verdadero líder no es aquél que basa su discurso en el pánico, que paraliza, incapacita e inhabilita, sino aquél que es capaz de influir en los demás a través de la razón, la motivación, el respeto y la confianza.
…
*Abogada, docente e investigadora en Derecho Ambiental.
Correo: glorialu.alvarez@gmail.com
LinkedIn: Gloria Lucía Álvarez Pinzón
X antes Twitter: @GloriaA58898260
Facebook (fanpage): Gloria Lucía Álvarez
Instagram: glorialuciaalvarezpinzon
TikTok: @glorialu923
