Por: Érika Bayona López/ Hoy, el país celebra un avance histórico en la protección de sus niñas y niños con la aprobación de una ley «Son niñas, no esposas», que prohíbe el matrimonio infantil hasta los 18 años. Este paso no es solo un logro legislativo, sino también una reafirmación de nuestro compromiso como sociedad de priorizar el bienestar y el desarrollo pleno de la niñez.
En un país donde más del 20% de las niñas han sido obligadas a casarse o convivir con un adulto antes de los 18 años, esta ley llega como un rayo de esperanza y una garantía para proteger la integridad moral, física y sexual de quienes son hoy por hoy el futuro de nuestra sociedad. Tras 17 años de intentos fallidos, el congreso finalmente prohibió el matrimonio infantil y las uniones maritales de hecho para menores, saldando una deuda histórica.
El matrimonio infantil no solo interrumpe los sueños, la educación y el crecimiento personal, sino que perpetua ciclos de pobreza, violencia y desigualdad.
Los indicadores son alarmantes. Según la última Encuesta de Demografía y Salud, ocho de cada diez menores de edad que conviven en pareja son niñas, la mayoría de zonas rurales. Además, datos del ICBF revelan que el 55 % de estas niñas se dedican al trabajo no remunerado en sus hogares y están por fuera del sistema educativo.
Esta decisión presenta más que la eliminación de una práctica injusta; es un mensaje claro: los derechos de las niñas no son negociables. Esta ley les permitirá vivir una infancia libre de presiones y responsabilidades que no les corresponden, dándoles la oportunidad de estudiar, jugar y construir un futuro desde su libertad, no desde la obligación.
Este cambio y proceso sociocultural que va más allá de una norma legal, también incluye estrategias de prevención, como campañas pedagógicas para promover proyectos de vida digna y autónoma en la niñez y adolescencia. El instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de Salud se encargarán de prevenir los matrimonios infantiles, implementar el contenido de la ley y socializarla, especialmente con las comunidades indígenas.
Este avance transformará la realidad de muchas niñas en Colombia, especialmente en zonas rurales, donde más se presentan las uniones con menores de edad, y donde las mujeres lideresas ya están promoviendo el cambio de estas prácticas.
Con esta decisión, Colombia se une al grupo de 12 países de la región que ya han prohibido los matrimonios infantiles, fortaleciendo su marco legal para proteger efect8ivamente los derechos e la niñe. También dignifica y garantiza que los niños y niñas tengan un crecimiento y desarrollo normal, sin imposiciones precoces como lo es la figura del matrimonio, cuyas consecuencias y efectos paradójicamente suelen ser permanente según el culto católico y las enseñanzas religiosas.
Sin embargo, este es solo el comienzo. Aunque la ley es un gran paso, nuestra tarea como sociedad no termina aquí. Ahora, debemos fortalecer programas educativos, combatir las normas culturas que perpetúan estas prácticas y garantizar que todas las niñas crezcan en un entorno que la valore y las proteja.
El reto es hacerlo viable. Este paso debe contribuir a erradicar, además problemáticas asociadas al matrimonio infantil, como al embarazo adolescente, la violencia intrafamiliar y la violencia sexual en menores. Es urgente actuar, porque está claro: son niñas, no esposas.
Colombia, en definitiva, necesita más políticas públicas enfocadas en proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad, aquellos sin medios económicos ni representación en las altas instancias. Los casos de abuso sexual y homicidio infantil resaltan una crisis que requiere atención inmediata, pues vulneran el compromiso social con el futuro del país.
Hoy, Colombia escribe una nueva página en su historia: una donde la niñez no es negociable, los derechos son prioridad, y nuestras niñas pueden soñar con un futuro más brillante. Porque cada niña merece vivir, aprender y crecer sin que nadie limite su potencial.
Sigamos construyendo un país donde ningún sueño se vea truncado por prejuicios o injusticias, y donde los derechos de los niños y niñas y sean defendidos con rigor y determinación. Esta situación en contra de la niñez es considerada como un ¨Problema global sustantivo y grave¨, ya que pone en riesgo el futuro de nuestra sociedad. Por ello, aplaudimos esta decisión y esperamos que se promuevan más iniciativas que, desde las garantías institucionales, fortalezcan la protección y la dignificación de la infancia.
Este avance no solo salda una deuda historia, sino que marca el camino hacia una sociedad más justa, equitativa y comprometida con la dignificación de la niñez en todo el territorio colombiano.
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*Business Data Analyst – IT & Logistics / MBA & Máster en Project Management. Auditor interno BASC. Administradora de Negocios Internacionales y Especialista en Mercadeo Internacional de la Universidad Pontificia Bolivariana.
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