Por: Lina Rocío Barbosa Dueñas/ El pasado 24 de noviembre de 2016, en el teatro Colón, tras la firma del expresidente Juan Manuel Santos y alias ‘Timochenko’ el acuerdo de ‘paz’ se desconoció completamente la voluntad del pueblo colombiano, quien votó No a dichos acuerdos el 2 de octubre de ese mismo año.
6.431.376 votos, el 50,21% de la votación fue desconocida por un supuesto bien mayor, la paz, que todos queremos, pero no como sucedió, dando excesivas garantías a un grupo insurgente que dejó a su paso miles de víctimas por un antojo, el nobel.
Nobel que fue otorgado para cumplir el capricho de un exmandatario que siempre se ha creído de la monarquía, pese a su origen criollo pero de cuna de oro. Santos hizo lobby internacional en favor de una “paz” que nunca llegó al país y que deja en cuestionamiento al Comité Noruego.
El Comité Noruego y garante de las negociaciones en Cuba entre el Gobierno Nacional y las Farc ayudaron a ejercer presión y vender la “paz” a la comunidad internacional, convirtiendo a Santos en un supuesto salvador.
A pesar de que la campaña del No fue vilmente atacada de mentirosa, los resultados se han visto, la historia cuenta y habla por sí sola: atentados, disidencias sangrientas y narcotraficantes en alianza con grupos criminales, intentando tomar territorios y fortalecerse militarmente a través de atentas contra el medios ambiente, la infraestructura y las vidas de los colombianos, sin contar excomandantes guerrilleros desaparecidos de la Jurisdicción Especial de Paz.
Desde enero de 2017, hasta agosto del presente año, diferentes estructuras armadas ilegales que nacieron tras el Acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, y que en su mayoría son llamados grupos disidentes de la extinta guerrilla, cometieron en el país 150 acciones armadas, que dejaron 120 personas muertas entre civiles, integrantes de la Fuerza Pública y combatientes.
La cifra sale de un estudio realizado por el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Cerac y podría ser mayor si se le suman los hechos ocurridos en septiembre, y que comprueba, según lo dice el mismo estudio, que en los últimos meses se registra un crecimiento de las acciones violentas de esas organizaciones armadas ilegales.
Según el estudio, las disidencias de las Farc en el país estarían funcionando en zonas que fueron abandonadas y las cuales están retomando, habrían alrededor de 22 grupos que contarían con un total de 1.600 integrantes.
Uno de los casos que encendió las alarmas fue el asesinato de los tres geólogos en Antioquia. Este crimen mostró que el problema de las disidencias no es exclusivo del sur del país, grupos residuales han aparecido en diferentes zonas del territorio.
Otro que no solo fue alarma nacional sino internacional fue el asesinato y secuestro en el sur del país en la frontera con Ecuador de los periodistas y su conductor del diario El Comercio, además de una pareja de ecuatorianos. Todo ello responsabilidad de alias ‘Guacho,’ quien sigue delinquiendo.
La presencia de estos grupos se está sufriendo en al menos nueve departamentos del país – Norte de Santander, Antioquia, Cauca, Nariño, Arauca, Meta, Guaviare, Putumayo y Caquetá- y el Gobierno Nacional poco ha podido hacer para contrarrestar sus acciones.
Por tal motivo, tras saber que la anhelada paz nunca llegaría por el mal ejemplo, y al contrario generaría nuevas violencias por la impunidad que se ha dado, en campaña, el actual Gobierno, defensor y promotor del No en el plebiscito hizo promesas de hacer modificaciones al acuerdo, no como algunos decían, hacerlos trizas.
De ahí que el pueblo colombiano confió y eligió al presidente, Iván Duque, ratificando su voluntad democrática de hacer modificaciones a los acuerdos mal negociados entre quienes debían tener la voluntad y los criminales de la ilegalidad.
Uno de los puntos clave a modificar: La JEP, que luego de dos años, no ha fallado contra criminales de lesa humanidad, por el contrario ahora son partido político con garantías, tienen financiación estatal, seguridad y múltiples beneficios, sin contar que esta justicia se ha visto envuelta en escándalos de corrupción y funcionarios que habrían ocultado salida de cabecillas de las Farc de zonas de concentración. Así lo confirmó el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, quien denunció que varios de los funcionarios del tribunal encargados de investigar y sancionar a responsables de crímenes en el conflicto armado estarían cometiendo fraudes para encubrir incumplimientos del acuerdo de paz por parte de excomandantes de las desmovilizadas Farc.
El Gobierno Nacional y la bancada del Congreso ha buscado consenso en la negociación de modificaciones de la Jurisdicción Especial, hay fotos históricas de Pablo Catatumbo, Carlos Antonio Lozada, Gustavo Petro, los Verdes y el Centro Democrático.
No obstante, los funcionarios y negociadores salieron a sacar pecho del acuerdo, las cuales fueron contradichas con las declaraciones de ‘Timochenko’.
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