Por: Gloria Lucía Álvarez Pinzón/ Esta semana regresando a mi casa después de asistir a la ceremonia de gala que hace este medio de comunicación con otros aliados para premiar a los más influyentes, en la que resulté elegida como la columnista más leída de la revista en el presente año, fui víctima de una retención ilegal y un intento de soborno, por parte de dos personas que se identificaron como miembros de la Policía Nacional.
Los personajes que se camuflaban en el peaje, salieron de la nada cuando pagábamos, nos atajaron e hicieron que el vehículo se detuviera más adelante; cuando paramos la marcha, sin identificarse, solicitaron los documentos del vehículo y la licencia de conducción de mi esposo y nos dijeron que tendrían que llevarse la camioneta porque estábamos infringiendo las normas de tránsito.
Bastante desconcertados y temerosos de que pudieran ser delincuentes disfrazados de policías, entregamos los documentos, nos quedamos al interior del vehículo, subimos los vidrios y pusimos el seguro.
Minutos más tarde, nos dimos cuenta de que al parecer si eran policías, porque intentaron, de todas las formas posibles, intimidarnos y obligarnos a ofrecerles dinero a cambio de evitar que se llevaran el vehículo con grúa.
Lo llamativo de este caso, que se está volviendo el diario vivir de quienes transitamos por las vías urbanas, por las carreteras y por cualquier parte del territorio nacional, fueron tres cosas; primero la hora, pues eran las 12 de la noche; segundo, que no había como tal un retén de la policía sino solo dos efectivos que estaban ahí agazapados, conversando en el peaje y esperando a que pasara cualquier motorizado desprevenido para detenerlo; y finalmente, que nosotros teníamos todos nuestros documentos en regla.
Uno de ellos se acercó y comenzó a decirnos que teníamos la revisión técnico mecánica vencida porque, según una norma reciente y mencionó la ley del plan de desarrollo de este Gobierno, el plazo de revisión había cambiado; que entendía que no conociéramos la norma por lo nueva, pero que la ley es la ley y hay que cumplirla.
Nos indagó hasta la saciedad; el porqué del origen de la placa; para dónde íbamos y de dónde veníamos; que si vivíamos cerca y en dónde; mi lugar de nacimiento y el de mi esposo, que relación existía entre nosotros dos; esas fueron, entre otras muchas, las preguntas que nos hizo, mientras iba y venía, y reiteraba que se llevarían el vehículo a los patios.
Cuando le indagué por la norma en concreto que nos iba a aplicar, me enseñó su celular y comenzó a leer una retahíla.
Le solicité entonces que me dejara ver lo que me estaba leyendo y muy orondo me pasó su teléfono celular último modelo. Fue ahí donde pude darme cuenta que lo que leía era una supuesta circular del Ministerio de Transporte, con sellos y logos de “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, dirigida a conductores de vehículos y a las autoridades.
Cuando evidencié la situación, le dije que eso no era una ley sino una circular; que me mostrara la ley porque las circulares no son normas y comencé a tomarle fotos al documento; el celular del policía se bloqueó en la segunda foto y de inmediato, molesto y subiendo la voz, me increpó para que le devolviera el celular, a lo que accedí de inmediato.
No alcancé a fotocopiar todo el documento, pero creo que esa irreverencia mía fue lo que nos salvó de haber vivido una experiencia todavía más desagradable, porque de inmediato el policía le pidió a mi esposo que lo acompañara, lo hizo bajar del carro, le indagó insistentemente quien era yo y al enterarse de que era abogada, le dijo que hablaría con su jefe a ver que se podía hacer.
La retención duró más de una hora y finalmente, el supuesto policía se nos acercó y dirigiéndose a mí repitió varias veces “le voy a colaborar”, “se la voy a perdonar”, “pero mañana tiene que madrugar a sacar la tecnomecánica”. Su insistencia en tales frases para nosotros era un mensaje que entendíamos como “retribúyame con algo”.
Como “de aquello no hubo nada”, el supuesto policía nos vio partir notoriamente frustrado e iniciamos de nuevo la marcha con angustia y desconcierto, llegando a casa sobre las 2:00 de la madrugada, sin entender si en realidad hay una nueva ley y estamos incursos en una infracción y, de ser así, porqué sin pagar nos fue condonada la sanción.
Quiero hacer pública esta desagradable situación que no pasó del susto y que terminó con un final feliz para nosotros, porque creo que los colombianos nos estamos acostumbrando a vivir o ver cotidianamente este tipo de situaciones y eso nos está volviendo indiferentes frente al cáncer que estamos viviendo como sociedad.
Seguir lidiando e intentar evadir a una policía corrupta que se topa con nosotros en el camino o nos persigue en búsqueda del más mínimo error ciudadano, no puede seguir siendo parte del diario vivir.
Tenemos implantada en Colombia una política completamente errónea de seguridad, que se fundamenta en la persecución ciudadana y la obtención, como sea, de recursos públicos o de ganancias personales; que ha desdibujado la misión esencial de la policía, como el ente que debe velar por la seguridad de los nacionales y de todos aquellos que habitan o transitan por nuestro territorio.
Hoy sus efectivos, dotados o no de funciones de tránsito y motivados por esa visión equivocada de la autoridad, cumpliendo el mandato institucional o por su enorme ambición particular, se mueven por las calles como carteles o clanes; a veces solos o en pareja, otras en grupos, husmeando con sus celulares de dotación, la información de los vehículos que les pasan por el frente a ver a quién le pueden caer, en una especie de pesca milagrosa.
Basta ir al aeropuerto El Dorado para observar el espectáculo; docenas de policías, unos de verde y otros de azul, como abejas, registran en su celular placa por placa, hasta identificar a la víctima para caerle encima.
Los trancones o el fleteo constante poco importan; las reales infracciones de tránsito tampoco, pues para ello han instalado cámaras de velocidad que camuflan sigilosamente para imponer fotomultas por exceso de velocidad.
La situación se pone color de hormiga cuando llega la navidad; la presencia de efectivos se incrementa ostensiblemente y el objetivo de todos es igual, conseguir “los aguinaldos”.
Los colombianos tenemos que convencernos, de una vez por todas, que el soborno no paga; que nos resulta mejor conocer y cumplir la ley; y que, si queremos un futuro mejor, debemos propugnar porque retornen los valores básicos con los que se debe vivir en sociedad, el principal de ellos la honestidad.
De no ser así, seguiremos condenados a seguir soportando que cada día más ciudadanos que se dicen de bien, opten por defraudar, engañar y enriquecerse creyendo que vale la pena, y que se termine de acuñar la corrupción, hasta en nuestros lugares de habitación.
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*Abogada, docente e investigadora en Derecho Ambiental.
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