El norte de Etiopía vive una emergencia humanitaria. ¿La causa? El conflicto armado que inició a inicios de noviembre de 2020 cuando el Gobierno del cuestionado Abiy Ahmed, premio Nobel de Paz, lanzó una ofensiva contra el TPLF acusándolo de atacar bases militares federales.
Este viernes 22 de octubre, el Ejecutivo de Ahmed informó de nuevos ataques militares en la capital del Tigray, Mekele, en una cuarta jornada de embestidas. El objetivo de esta nueva ronda de ofensivas fue un centro de entrenamiento del TPLF, según informó la portavoz del Gobierno, Billene Seyoun.
El pasado lunes, la fuerza aérea etíope realizó dos ataques en Mekele, en los que según Naciones Unidas murieron tres niños y varios más resultaron heridos. Dos días después, en otra ofensiva a los depósitos de armamento de los rebeldes en esta ciudad y en Agbe, a unos 80 kilómetros, el Ejército hirió al menos a ocho civiles, entre las cuales una mujer embarazada.
Los civiles, las víctimas de la lucha por el territorio
Así, el número de muertos, heridos y desplazados que se cobra el conflicto va creciendo. Y ya son largas las listas de civiles fallecidos -que se cuentan por miles- y heridos, en medio de una cruenta guerra que va dejando a su paso destrucción y donde los más afortunados, en muy crudos términos, pueden huir.
Desde noviembre, la ONU calcula que al menos dos millones de personas se han visto desplazadas por la guerra en ese territorio.
Las regiones más afectadas son Tigray y Amhara, donde poblaciones enteras han sido atacadas con proyectiles, o donde los grupos armados han irrumpido y han realizado asesinatos en masa o han practicado violencia sexual sistemática.
A los rebeldes del TPLF se les acusa de arrasar con aldeas enteras y al Gobierno de Ahmed de haber traído a fuerzas de la vecina Eritrea, históricos enemigos de la población del Tigray, quienes también habrían perpetrado violaciones sistémicas contra la población civil.
Actualmente, el desplazamiento y la destrucción de pueblos, hospitales y viviendas ha dejado a su merced a millones de ciudadanos que dependen de la ayuda humanitaria. La ONU estima que, de los 5,2 millones de habitantes del Tigray, el 90% necesita ayuda de estos organismos para sobrevivir.
La situación ha desencadenado en una hambruna que según la ONU cientos de miles de ciudadanos están padeciendo y que podría acabar con la vida de 100.000 niños. Una emergencia a la cual ni siquiera organismos internacionales como la agencia para los refugiados Acnur puede dar respuesta debido a que las autoridades etíopes han restringido la entrada de estas organizaciones al terreno.
Y la situación preocupa aún más después de que el Gobierno etíope decidiera el pasado 30 de septiembre expulsar de su territorio a siete responsables de agencias de la ONU de su territorio declarándolas “personas non gratas” tras acusarlas de inmiscuirse en los asuntos internos del país.
¿Cómo inició el conflicto en el Tigray?
Lo que ocurre hoy en día en esta región norteña de Etiopía y fronteriza con Eritrea se remonta a décadas. Pero recientemente se explica tras la llegada al poder de Abiy Ahmed en 2018. El dirigente se catapultó tras años de masivas manifestaciones antigubernamentales contra la coalición en el poder, dirigida por el TPLF.
Ahmed prometió entonces acabar con la gobernanza autoritaria que había pesado durante décadas en el país.
Etiopía, segunda nación con mayor población en África, con unos 115 millones de personas, ha estado dividida, como la mayoría de sus países vecinos, en etnias de distinto tipo.
En 1970, los tigrayanos, la tercera etnia del país con cerca de un 6% de la población, armaron una milicia que se fue fortaleciendo con los años y que se convirtió en el TPLF.
En 1991, tras décadas de haber sido marginados del poder, ya se habían convertido en la fuerza rebelde más influyente de la nación y entonces lograron llegar al poder derrocando al Gobierno. Desde entonces, el TPLF se convirtió en la fuerza política más poderosa del país.
La formación dominó Etiopía en las últimas décadas con un gobierno que estabilizó la economía del país, pero que fue conocido por su mano dura y el uso de la tortura como medio de represión.
Con la llegada de Ahmed, proveniente de la etnia Oromo, el nuevo primer ministro inició una purga contra los dirigentes del Tigray a nivel nacional y especialmente en las altas esferas del poder, acusando a funcionarios de corrupción, algo que crispó los nervios de los líderes del TPLF.
En 2020 y en plena pandemia, estos dirigentes se replegaron nuevamente en el Tigray, su bastión originario, y anunciaron que llevarían a cabo elecciones -pospuestas por la emergencia sanitaria- en contra de las directrices del Gobierno, en un intento por recobrar su legitimidad política.
En los primeros días de noviembre de 2020, los rebeldes de Tigray atacaron una base militar asegurando que debían abastecerse para lo que consideraban una ofensiva militar inminente por parte del Gobierno. Y así fue. Horas más tarde, alegando justamente el ataque a estas bases militares, Adis Abeba desplegó sus fuerzas contra el TPLF.
El primer ministro aseguró entonces que la ofensiva sería rápida y se hizo con el control de la región en poco tiempo. Sin embargo, el conflicto acababa de empezar. Los rebeldes se fortalecieron en los meses siguientes y a finales de junio tomaron nuevamente el control de Mekele. Desde entonces, la lucha ha sido encarnizada y los civiles han quedado en medio como las principales víctimas.
Actualmente Estados Unidos y la comunidad internacional no solo alertan de la grave situación que vive la población de las zonas afectadas, también resulta preocupante que este conflicto se pueda convertir en un catalizador de más guerras en el Cuerno de África, una región ya inestable.
Si bien Ahmed, de madre cristiana y padre musulmán, prometió unir a las etnias en su país y había recibido incluso en 2019 el Premio Nobel por haber acabado con la guerra entre Etiopía y Eritrea, a tres años y medio del inicio de su mandato esa promesa ha quedado enterrada en medio de una sangrienta guerra cuyo fin no se sabe cuándo llegará.