Por: Diego Ruiz Thorrens/ En muchos hogares de la ciudad, municipios aledaños o de los pueblos que conforman el departamento de Santander, el ruido de la pólvora, la música y de la algarabía se sienten retumbar, en crescendo, a medida que se acercan el 24 o el 31 de diciembre. Es más, en algunas calles y avenidas, el ruido puede alcanzar niveles insoportables, imponiendo una barrera de sonido, donde los vecinos, amigos y conocidos se reúnen para disfrutar del momentáneo éxtasis, del calor de la unión, del trago, la comida, etc. Se cierran las tiendas de barrio y los pequeños negocios. Es el momento para disfrutar.
Obviamente, es la época de vacaciones escolar. También, lo es para muchos funcionarios de instituciones públicas que apartaron este momento del año para compartir con sus seres queridos. Y es aquí donde, para cientos de niñas, adolescentes y mujeres, diciembre e inicio de enero se convierten en la peor de las temporadas para compartir en familia o en pareja. El miedo es justificado, y se debe a dos razones preocupantes: por un lado, es una de las épocas del año donde aumentan los casos de violencias basadas en género, entre ellas, la violencia familiar; y, por otro, la mayoría de las instituciones que deberían ser garantes de la protección de los derechos de las mujeres y personas LGBTIQ salen de vacaciones. La violencia e impunidad muestran sus más salvajes rostros.
Diciembre es la época de la navidad y fin de año y donde las agresiones, la violencia sexual, la violencia infantil, la violencia intrafamiliar y los intentos de feminicidio son camuflados, silenciados, por el ruido de la pólvora. Precisamente, esta y muchas otras denuncias fueron reafirmadas por muchas organizaciones sociales, feministas y LGBTIQ el pasado 13 de diciembre en el lanzamiento del informe “Entre la desigualdad y el prejuicio: informe sobre la situación de derechos humanos que enfrentan las mujeres y personas OSIGD-LGBTI en Santander”, realizada por la Defensoría del Pueblo Seccional Santander.
Las denuncias y cifras manifiestas en dicho informe reafirman que las violencias basadas por razones de género, la orientación sexual y la identidad de género son cíclicas, y cuentan, desafortunadamente, con la validación social e incluso la complicidad familiar. Tambien, se derivan de la negación y/o de la mala atención (dícese, mala aplicación de los protocolos y enfoques diferenciales y de género) por parte de algunos funcionarios públicos (Fiscalía, Policía, Comisarías de Familia) tan pronto entran en contacto con la víctima.
A pesar de los esfuerzos (dícese, estrategias) por parte de algunos sectores e/o instituciones públicas para reducir el criminal aumento de las distintas violencias contra las mujeres en época decembrina, estas caen en la vacuidad convirtiéndose únicamente en un saludo a la bandera y en una forma de “justificar” acciones, metas de planes de desarrollo (municipales o departamentales) y, por supuesto, un sueldo.
Las llamadas estrategias/ operaciones/ acciones “púrpuras”, por más bien – intencionadas que son proyectadas, quedan únicamente en su “buena intensión” y son insuficientes dadas sus múltiples falencias (en formación de los profesionales que atienden los casos, en el desconocimiento de las leyes y la normatividad que protegen a las mujeres y población LGBTIQ, por solo mencionar algunas). La mujer que es víctima de alguna clase violencia por parte de su pareja, familia o agresor, es impulsada a denunciar “después de las fiestas”, exponiéndola a mayores niveles de agresión que incluso ponen en riesgo sus vidas.
Tan solo el pasado 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la alcaldía de Bucaramanga, se mencionó que a la fecha había 1.334 denuncias relacionadas con este tipo de violencia, de las cuales 521 correspondían a violencia sexual. Los feminicidios aumentaron de tres casos en 2023 a cinco en 2024.
Se requieren de mayores acciones, reales, para que esta situación cambie, incluyendo potenciar los mensajes de prevención de las violencias basadas en género y en razón de la diversidad sexual en esta época del año, dirigidas a funcionarios públicos y a la sociedad en general.
También, es sumamente urgente que esté garantizada la continuidad en la atención a las víctimas de una de las más horribles violencias que pueden sufrir las niñas, adolescentes y mujeres en Santander.
Abracemos el 2025 como un año libre de violencias contra mujeres y personas de los sectores LGBTIQ.
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*Magister en Derechos Humanos y Gestión del Posconflicto de la Escuela Superior de Adminsitración Pública – ESAP – Seccional Santander.
X: @DiegoR_Thorrens