Por: Diego Ruiz Thorrens/ El pasado 04 de septiembre, Diego Amaya Pérez, confeso homicida de Yolsabet Durán Guzmán, quedó en libertad pese a las pruebas presentadas en su contra por feminicidio agravado. Como manifestaron a distintos medios de comunicación los familiares de la víctima, el hombre quedó libre luego de que se ordenó la revisión del caso para que pudiese ser catalogado como feminicidio y luego de que la defensa alegara “haber cumplido un plazo razonable privado de la libertad, sin que se defina su situación; luego de la sala penal del tribunal Superior de Bucaramanga ordenara revisión del proceso justamente porque se condenó por homicidio y no se contaba con las pruebas suficientes como la autopsia de medicina legal, que demuestra señales de tortura y otros”.
Las voces de impotencia se hicieron sentir en redes sociales. Tanto familiares y amigos de Yolsabet y decenas de organizaciones que trabajan por el empoderamiento individual y colectivo de las mujeres en el departamento de Santander, rechazaron la decisión y reclamaron justicia (verdadera justicia) en el caso. Sin embargo, la injusticia siempre estuvo presente desde el inicio de la investigación del crimen, y durante todo su proceso. Como mencionó en 2017 la pareja sentimental de víctima: «Estamos totalmente indignados con la decisión de la juez porque no es justo que ese criminal que secuestró, violó y torturó a una mujer obtenga 20 años de cárcel con posibilidades de rebaja, por eso vamos a apelar la decisión y vamos a buscar que se haga justicia». Nuevamente, este sentimiento de indignación se sintió con contundencia. La justicia nuevamente le dio la espalda a Yolsabet, y con ella, a miles de víctimas de feminicidio en Colombia.
“Justicia. Eso es lo que nosotras exigimos: Que se haga, que exista, que sea real la justicia. En nuestro país, la impunidad por actos de violencia basada en género cometidos contra niñas, adolescentes y mujeres mayores es sencillamente abrumador. Esto aplica también para los feminicidios. Por ejemplo: en 2020, según el observatorio de feminicidio más de 210 mujeres y niñas fueron asesinadas en Colombia por su condición de género. En tiempo de pandemia, debido a las restricciones de movilidad y confinamiento, los crímenes aumentaron de forma considerable, y actualmente la tendencia va en ascenso. El 93% de esos feminicidios permanece en la impunidad. A ello, súmale que existe un preocupante subregistro en la información, y en muchos casos, cuando una mujer es asesinada, el delito no queda catalogado como feminicidio sino como ‘homicidio’, lo que permite que el agresor pueda acceder a una reducción de la pena», me comentaba vía Zoom la abogada defensora de los derechos humanos y derechos de la mujer, activista con una experiencia de más de 20 años en temas de género y sociedad adscrita a la corporación Conpazes del departamento de Santander, profesional quien ha tenido la oportunidad de trabajar para distintas organizaciones feministas asesorando legalmente a familiares de mujeres que han sido asesinadas por feminicidio.
El asesinato de Yolsabet.
“Enterrado en una fosa tapada con cemento, en el patio de la casa de quien fuera su amigo, fue hallado el cadáver de Yolsabet Duran, una médica de 24 años, quien desapareció el martes 22 de noviembre de 2016 en horas de la noche en Barrancabermeja, Santander. El cadáver, que según las autoridades presenta múltiples hematomas en diferentes partes del cuerpo, fue ubicado por la Policía Nacional tras una diligencia de allanamiento realizada el miércoles en horas de la tarde, en una vivienda localizada en la calle 50 con 35 del barrio Miraflores, en Barrancabermeja”: Vanguardia, 4 de abril 2017.
El caso de Yolsabet demuestra que no existe protección hacia la mujer más allá de lo que dice la ley en el papel y que, desafortunadamente, las autoridades tampoco toman acciones concretas cuando se presenta una denuncia por violencia basada en género, o cuando la víctima manifiesta que su vida puede estar corriendo peligro, existiendo un posible y potencial escenario de feminicidio. Entonces, ante esta situación, ¿qué puede hacer una mujer para salvar su vida cuando es víctima de una amenaza?
Necesitamos avanzar en la adopción de mecanismos (como protocolos, guías y experiencias de articulación interinstitucional) para reducir la impunidad en los casos de violencias contra las mujeres y la prevención del feminicidio, que en muchos casos es promovido por la implementación de la Ley 1257 de 2008 y la Ley Rosa Elvira Cely. Promover las líneas de atención a mujer víctimas de violencia basadas en género es fundamental, dado que estas líneas cuentan con equipos conformados por profesionales de la salud (psicólogas, trabajadoras sociales), abogadas, entre otras.
La experiencia en ciudades como Bogotá nos demuestras la efectividad de la promoción y prevención del feminicidio desde la educación al interior de los colegios y universidades, incorporando en particular, la idea que el asesinato, el feminicidio, la violencia intrafamiliar y los delitos sexuales, son considerados delitos de alto impacto dentro de la política de seguridad, lo que constituye un avance en materia de comprensión de lo que significa el fenómeno y/o los fenómenos de las violencias contra las mujeres”, finaliza la abogada en género de la corporación Conpazes.
Los retos pendientes son bastantes. Especialmente, cuando la memoria de las mujeres asesinadas a manos de amigos, compañeros, parejas, exparejas u otros, nos recuerdan que el compromiso de alcanzar la justicia va atada a la preservación de la memoria, a la no repetición de este tipo de hechos, a la prevención del delito, y al cumplimiento, la ejecución real de penas cuando la víctima ya no está presente para defenderse de su agresor.
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*Estudiante de Maestría en Derechos Humanos y gestión de la transición del posconflicto de la escuela superior de administración pública- ESAP Santander
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