Por: Holger Díaz Hernández/ “Lo esencial casi siempre es invisible a los ojos”: Antoine Sainz-Exuperi.
Mientras atravesamos por el peor momento de la pandemia de Covid-19 y el país se debate en medio de una crisis económica de grandes dimensiones, a la que se suma una ola de inseguridad y violencia que no se veía desde hace muchos años, el gobierno intenta hacer aprobar otra reforma tributaria “estructural” con la cual espera recaudar 25 billones de pesos que se van a invertir en apoyar los programas sociales para los más pobres, así como en sanear el déficit fiscal del país.
Las voces de rechazo no se han hecho esperar desde todos los ámbitos y en forma mayoritaria.
Una encuesta realizada en 28 países por la firma Edelman, una de las consultoras más grandes del mundo, posiciona a Colombia como el cuarto país donde la gente más desconfía de su gobierno y donde el 72% de los lideres gubernamentales son sospechosos de mentir y desinformar.
En un año preelectoral las reformas estructurales tienen pocas posibilidades de ser exitosas, pero se va a privilegiar la tributaria por encima de las grandes reformas sociales que si tendrían un impacto social positivo en los más desfavorecidos, como son la de salud tan esperada y sin futuro en este gobierno, la de empleabilidad o la de la seguridad social.
Prima el cortoplacismo, la necesidad de tapar los huecos de una economía que tambalea no solo por las coyunturas de la pandemia y de la crisis financiera mundial secundaria a la misma, sino por la corrupción o la priorización de las inversiones del gobierno, como los 14 billones de pesos para renovar la flotilla de aviones de combate necesarios para defendernos en una posible guerra con Venezuela; estos recursos representan casi el 50% de los que espera recoger con la reforma. Nada más traído de los cabellos.
El proyecto implica cambios de fondo en el esquema tributario vigente, que afecta principalmente a la clase media ya que incluye un impuesto a la renta a los salarios por encima de los 2,5 millones de pesos (esto es menos de tres salarios mínimos).
Grava las pensiones de ingreso medio (desde los 4,8 millones), incrementa las cargas a la clase trabajadora e impone IVA a los servicios públicos, entre otras cosas; abrase visto tamaño despropósito.
Previa a toda reforma tributaria se establece una comisión de expertos que realizan las recomendaciones necesarias de acuerdo a las necesidades del país en el mediano y largo plazo, pero que casi nunca sus conclusiones son tenidas en cuenta.
Los ingresos por impuestos en Colombia son primordialmente producto del impuesto a la renta, el IVA y el 4×1000 (8 billones de pesos) sumados al llamado impuesto al patrimonio que siempre tendrá la discusión de hacerlo temporal o permanente.
La deuda pública en el 2020 creció en 12.8 puntos porcentuales llegando al 61,4 del PIB, el crecimiento del gasto público a raíz de la pandemia se financió en gran parte con deuda nueva que tarde o temprano habrá que pagar.
Pero no es solo en el bolsillo de los colombianos ya exprimido por la crisis; han desaparecido miles de pequeñas y medianas empresas y se han perdido los empleos de cientos de miles de hogares, donde el gobierno debe buscar los recursos necesarios para paliar las dificultades.
Se requiere no solamente crear nuevos impuestos si no también reducir el gasto público de manera contundente y nada de esto se observa en la reforma, racionalizar los denominados “beneficios tributarios” del impuesto a la renta que benefician a un número reducido de contribuyentes; estos se calculan en más de 13 billones de pesos. Eliminar las exclusiones y exenciones a los más ricos y combatir la elusión deberían ser una política de estado.
Por lo tanto, se deben tomar decisiones de una vez por todas para que no siempre sean los mismos los que paguen las consecuencias de las políticas fiscales erróneas asumidas por el gobierno de turno.
El proyecto de ley que acaba de ser radicado en el congreso con algunas modificaciones al anunciado hace unas semanas, que incluía entre otros IVA para algunos productos de la canasta familiar, como un sofisma de distracción, inicia su derrotero por las comisiones económicas para luego pasar a las plenarias, en un trayecto tortuoso dada la cercanía de las elecciones legislativas de marzo de 2021 y los grandes intereses tanto de los partidos políticos urgidos de recursos para financiar sus campañas como también de los congresistas a nivel individual que darán una pelea en varios frentes, una frente al pueblo que los eligió y que espera de ellos reciprocidad en defensa del interés general, otra en el manejo de su imagen de cara a una posible reelección y otra ante el gobierno y los grupos de presión que utilizarán todas las estrategias para lograr los votos que beneficien sus posiciones económicas.
“Amanecerá y veremos dijo el ciego; y no amaneció”: Dicho popular.
*Médico cirujano y Magister en Administración.