El presidente Gustavo Petro Urrego y la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, firmaron este viernes once de abril el decreto por medio del cual se crean las Casas de Acogimiento, una estrategia de reinserción integral para personas que hayan recobrado la libertad, la cual hace parte de la política pública de cárceles productivas, amparada mediante la Ley 2446 de 2025.
“Lo que se trata de hacer aquí es que esto se convierta no en un centro de castigo, sino en un centro de educación, en un centro de producción y que siga siendo después de que se acaba la llamada condena. Es lo que nos interesa, es humanizar la cárcel”, dijo el mandatario durante su visita a la Colonia Penal de Oriente de Mínima Seguridad, ubicada en el municipio de Acacías (Meta).
El decreto –explicó el jefe de Estado- pretende que la persona que pasó por una cárcel se convierta en un líder de la sociedad y no en un marginado.
“Este decreto, que comenzará débilmente, como todo, se puede ir fortaleciendo en la medida en que se practique la tarea de que una persona que pasa por un centro de reclusión se convierta en un actor y líder de su propia sociedad después, no en un rechazado, no en un marginado o marginada o discriminada porque esa actividad de la sociedad solo va a construir más crimen, más inseguridad, más muerte”, afirmó.
En el mismo sentido, el presidente agregó que el decreto procura “que la persona, hombre o mujer que pase por aquí, al salir de aquí, se convierta en un constructor de sociedad, no atrás, no como peón, sino de frente”.
En ese contexto, según el decreto, la estrategia de las Casas de Acogimiento está orientada “a personas que hayan recobrado la libertad y a población condenada en prisión domiciliaria y a personas que cumplen medidas alternativas no privativas de la libertad, previa autorización de la autoridad judicial”.
Por Casas de Acogimiento –explica el decreto– se entienden como los lugares desde los cuales se van a ofertar los servicios de atención a la población “posegresada”. La política será establecida teniendo en cuenta los enfoques de género, diferencial y derechos humanos.
Al respecto, el Ministerio de Justicia indicó que el objetivo principal de la norma es generar espacios productivos en las cárceles para que las personas privadas de la libertad participen en actividades laborales relacionadas con la elaboración de productos comerciales, alimentos, artesanías, bienes agrícolas y actividades culturales o audiovisuales.
La medida contribuye a que no solo ocupen su tiempo y se formen pensando en el día en que se reintegren a la sociedad, sino también, a que descubran talentos que pueden estar ocultos.
La Colonia Penal de Oriente de Acacías -inaugurada en 1.930 y cuya extensión es de 4.200 hectáreas- puede recibir a 1.058 privados de la libertad. Hoy en sus instalaciones pagan su deuda con la sociedad 733 personas (684 hombres y 47 mujeres). De ellas, 352 trabajan, 359 estudian y 24 enseñan.
- Con información del Ministerio de Justicia
