Por: Paola Guarín/ A propósito de la propuesta ventilada recientemente por la Vicepresidenta de la Republica Martha Lucia Ramírez, en la instalación de la mesa de trabajo para evitar delitos sexuales, donde señaló la pertinencia de implementar la prestación del servicio militar obligatorio, para así frenar o minimizar los casos y denuncias de abusos sexual, tengo algunas observaciones.
Realizar recomendaciones para evitar el abuso en contra de las mujeres y fortalecer los mecanismos de incorporación de los miembros de la fuerza pública, es una respuesta que considero prudente revaluar ante la solución para contener los abusos sexuales y físicos de la cuales han sido víctimas hombres, mujeres y niños sin distinguir etnia, sexo, religión o estrato socioeconómico.
La sexualidad humana, más que un tabú, es una expresión biológica, la cual ha sido objeto de estudio a lo largo de diferentes períodos históricos y a través de diversos enfoques como el biológico, social, cultural, psicológico, legal etc. Las conclusiones que datan los estudios más importantes sobre esta materia, coinciden en que la conducta sexual es tan variada como la cultura, los rasgos de personalidad y otros factores que definen la conducta del ser humano.
Para entender este “modus operandi” deben tenerse en cuenta una serie de factores, que no siempre se enfocan en la “normalidad” y la “anormalidad”, sino a las conductas patológicas, mismas que se caracterizan por afectar el desarrollo social del individuo.
Los delitos de índole sexual deben abordarse desde un enfoque integrador, incluyendo el trasfondo social y la psicología de quienes delinquen. Para minimizar ello, la educación y los sistemas de salud deben ir de la mano, para lograr resultados en el tratamiento de pedagogías sexuales y salud mental, no solo de militares o miembros de la fuerza pública, también del colectivo ciudadano.
Ahora bien, resulta una burla o sabotaje, pretender que, con la prestación del servicio obligatorio a mujeres, como cortina de humo para nublar las falencias e irregularidades que surgen al interior de la fuerza pública, donde se reviven temas sensibles y bochornosos como los nuevos falsos positivos, las chuzadas versión 2.0. y la “ñeñe” política.
El discurso de equidad de género con mitigación de agresiones sexuales al interior de la fuerza pública, es tan frívolo y victimizaste, dejando ver el poco enfoque ético y falta de coherencia de los fines reales de nuestro Estado social de Derecho.
Como aporte constructivo, es necesario escuchar a los expertos y las víctimas, pues los delitos de índole sexual deben abordarse desde un enfoque integrador, incluyendo el trasfondo social y la psicología de quienes delinquen, los enfoques desde el punto de vista psicológico que pueden explicar estas conductas, ya que de esta forma se pudieran generar estrategias efectivas para la prevención. Así mismo considero que además se debe proponer la obligatoriedad de establecer revisiones periódicas a todos los funcionarios o miembros de la fuerza pública, para así conocer su salud mental y conocer las teorías explicativas desde la psicología, la actitud y aptitud que son fundamentales para el desarrollo de estos cargos sin distinción de su grado de importancia o relevancia.
Me temo que la principal prioridad del ejecutivo es mostrar resultados efectivos e instantáneos sin generar contundentes soluciones, quedando claro que esto sería pañitos de agua tibia para problemas agudos sociales con estos, que no solo aquejan la fuerza pública, sino también familias, entornos laborales y relaciones sociales.
En nombre de las víctimas, no es el deseo que estas se multipliquen, por ello, es prudente que desde las diferentes políticas públicas se reevalúen las acciones de prevención y atención en las circunstancias del abuso sexual. Aplaudo las intenciones que minimizar este tedioso flagelo social, desde un enfoque efectivo y garante de los fines del Estado.
*Abogada.
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