El nuevo ministro del Interior del Gobierno de Gustavo Petro, Juan Fernando Cristo, ha dedicado la primera semana de su nombramiento a aclarar para qué se usaría —y para qué no— la eventual asamblea nacional constituyente que ha propuesto con insistencia el presidente de Colombia.
Cristo descarta en todos los tonos que se vaya a buscar la reelección o la ampliación del mandato: “Es absolutamente imposible”, ha dicho en entrevistas. Asegura que él fue uno de los que se opuso a que Álvaro Uribe cambiara un artículo de la Constitución para quedarse en el poder y recuerda que su trabajo, cuando fue ministro del Interior del Gobierno de Juan Manuel Santos, fue clave para volver a prohibir la reelección.
Pero también insiste con que hay cosas imposibles de cambiar en el legislativo, y nadie mejor que él, exsenador, para saberlo. Para esos cambios no hay otra vía en esos puntos que una asamblea constituyente, dice.
Para el ministro, el gran propósito de la futura Constituyente consiste en lograr implementar tres grandes reformas que han fracasado una y otra vez en el Congreso de la República: al sistema político, a la estructura de la justicia, y al ordenamiento territorial.
Aunque una constituyente no se abre para cambiar solo tres puntos: entraría a revisión todo el texto. Petro, por ejemplo, añadiría otros seis, como lo ha dicho en X. Entre ellos: la garantía inmediata al derecho universal a la educación, la salud y las pensiones, el desarrollo económico y social de los territorios excluidos, la reforma agraria y la adaptación a la crisis climática.
El Presidente y el ministro Cristo tendrán que definir bien los alcances. Pero por ahora Cristo asegura que esta opción no sería impuesta por el Gobierno, sino el resultado de un gran acuerdo nacional con todos los sectores, incluida la oposición política y los gremios empresariales.
Esto no implicaría necesariamente la redacción de una nueva carta magna, sino la modificación y el ajuste de algunos artículos, quizás a través de un fast-track, como lo promovió el presidente en Naciones Unidas. Cristo buscará, además, una nueva coalición legislativa que le permita consolidar las mayorías en el Congreso.
La historia política del país ha demostrado que ni esas eventuales mayorías permitirían aprobar las tres reformas institucionales a las que se aferra Cristo para alentar la Constituyente de Petro.
“Hay reformas a la Constitución del 91 que se han intentado desde hace tiempo y han fracasado en el Congreso, pero mejorarían el funcionamiento del Estado, sin tocar los derechos de los colombianos”, dice Cristo.
Un ejemplo claro de esta negativa del Congreso para aprobar estos cambios estructurales es lo que pasó a finales del 2022, con la reforma política, presentada por el Gobierno y liderada por el entonces presidente del Senado, Roy Barreras. En ese momento Petro tenía una poderosa coalición legislativa, con mayorías absolutas, que le aprobaron la reforma tributaria y el plan de desarrollo, pero que se negó a votar la reforma política.
Esta afectaba directamente los intereses de los senadores más poderosos del país, que ya saben ganar elecciones con el sistema actual y no tienen motivaciones para cambiar las reglas de juego. La reforma buscaba establecer “listas únicas, cerradas, bloqueadas y con alternancia entre hombre y mujer”, para las elecciones al Congreso, a los concejos y a las asambleas.
Esa idea consistía en eliminar el “voto preferente”, en el que el elector puede votar por candidatos individuales, que ha sido criticado por diversos expertos porque debilita la cohesión de los partidos y mantiene los cacicazgos.
La iniciativa de reforma política no tuvo el respaldo de los partidos tradicionales, al punto de que Roy Barreras rompió ante las cámaras el proyecto de ley porque “había perdido su esencia”.
Esta reforma, que se ha presentado varias veces de forma fallida, también está consignada en el punto dos del acuerdo de paz.
“En el Congreso llevamos más de 15 años tratando de hacer una reforma política y no ha sido posible avanzar”, dijo Cristo. Si esta reforma al sistema político no se logró en el momento en que Roy Barreras y Petro tenían los votos del partido Conservador, el partido de la U y el partido Liberal, no se logrará pronto, o nunca, por la vía legislativa.
Ocurre algo similar con la reforma al ordenamiento territorial. Cristo ha insistido en la necesidad de pasar de un estado centralista a uno federal para mejorar las condiciones de vida y el desarrollo de las regiones distintas a la capital.
“Llevamos 33 años, desde que se firmó la Constitución del 91, esperando la autonomía territorial, pero hoy el país está más centralizado que en ese momento”, ha dicho en entrevistas.
Según el nuevo ministro hoy los departamentos y municipios reciben solo el 18% de los ingresos corrientes del Estado y la nación se queda con el 82%. “Ningún país se puede desarrollar así”, dice.
Cristo propone el acuerdo nacional que ayude a fortalecer la autonomía de los departamentos y municipios y repensar el país desde las regiones. Su argumento es que hoy en día los gobernantes regionales son “limosneros del Gobierno central”.
Eso, para él, genera el conflicto en los territorios y la ausencia del Estado. “Hoy vemos a gobernadores y alcaldes paseándose por las oficinas del Gobierno central, viendo a ver qué proyecticos les financian, cómo logran que los atienda un ministro, o un funcionario de segunda categoría. Eso es indigno para las regiones y ha atrofiado las posibilidades de desarrollo del país”, dijo Cristo.
Esa reforma tampoco ha avanzado en el Congreso porque hoy en día los senadores y representantes a la cámara son figuras claves para la repartición de recursos para sus regiones desde el estado central, lo que comúnmente se llama “mermelada”. Si el país destinara desde el nuevo ordenamiento el dinero suficiente para un departamento, o un municipio, que permitieran construir escuelas, hospitales y carreteras, los congresistas perderían su poder como intermediarios.
“Países como Estados Unidos, Italia y España cuentan con un sistema de autonomías. En Colombia tiene que volver a darse el debate de fondo sobre la autonomía territorial”, concluyó el ministro en su cuenta de X.
El último de los cambios institucionales que Cristo propone incluir en la constituyente es la reforma estructural a la justicia. Aunque el Gobierno no ha dado muchos detalles sobre el contenido de ese proyecto, sí ha establecido diferencias entre las cosas que se podrían cambiar vía reforma en el Congreso, y las que necesitarían una constituyente. Para darle trámite a las primeras, el ministerio de Justicia presentará un proyecto de ley que se ha preparado con una comisión de expertos y que incluye, sobre todo, alternativas para destrabar la justicia y llegar a más territorios.
Por ahora, Cristo empezará a buscar diálogos con distintos sectores de la política nacional para intentar sumar fuerzas diversas que participen en el acuerdo nacional y en la posterior Constituyente.
Inició con una reunión con representantes del partido Comunes, conformado por exguerrilleros de las extintas Farc, quienes acordaron una hoja de ruta que permita “relanzar el Acuerdo de Paz para garantizar su implementación integral”, según dijo Rodrigo Londoño al terminar el encuentro.
En las próximas semanas habrá encuentros con los presidentes de los partidos tradicionales con el objetivo de recomponer la coalición legislativa, e incluso, buscará un acercamiento con el expresidente Álvaro Uribe, jefe de la oposición.
Pero si abren la puerta a la constituyente, es probable que no solo se debatan las tres reformas imposibles de Juan Fernando Cristo: toda la carta política estaría sobre la mesa.
