Por: Diego Ruiz Thorrens/ (Nos advirtieron que harían trizas los Acuerdos de Paz. De todas las promesas que realizó en campaña el partido político del actual gobierno nacional, ésta ha sido quizá la única que han cumplido a cabalidad).
La pandemia causada por el virus de SRAS-CoV-2 trajo consigo las conocidas medidas de cuarentena, aislamiento y distanciamiento social… y también escenarios de violencia y muerte que están impactando muchísimos sectores vulnerables. A pesar que aún existen divisiones (más bien, personas específicas de nuestra farándula política) que buscan justificar lo injustificable, nadie en la actualidad cuestionará el descomunal aumento de la violencia en todo el territorio nacional.
Las masacres ocurridas en últimos días (hasta el día Lunes 24 de agosto, seis personas fueron asesinadas en Tumaco y 3 más en Venecia – Antioquia, siendo esta la cuarta masacre en menos de 48 horas en Colombia, sumando 44 el número de masacres en lo corrido del año) nos recuerdan las peores épocas de la violencia (masacres ocurridas entre las décadas de los años 80 y 90, y aquellas ocurridas entre los años 2000 al 2010), en la que fueron asesinados, masacrados y desaparecidos decenas de cientos de civiles. Esto es abrumador. No olvidemos que aun seguimos sin conocer la verdad y los responsables de aquellos oscuros sucesos de nuestra historia.
Los ciclos de la violencia recaen en sectores específicos. Ser negro, indígena o campesino, significa sobrellevar el estigma y la discriminación social de un país políticamente centralista. La desidia institucional se manifiesta en una abrumadora corrupción regional que, a su vez, se traduce en la escasez de recursos, imposibilitando el acceso a la salud y la educación de calidad, al trabajo. A la justicia. A la vida digna.
En muchas regiones de Colombia, na-ser mujer puede traducirse en sufrir vulneraciones de toda índole. No importa si el escenario es urbano o rural, la violencia mutará y buscará la forma de alcanzarlas: por razones de género, por violencia intrafamiliar, acoso en las calles, feminicidios… La violencia tampoco pareciera discriminar la edad: si es una recién nacida, una menor de edad, una adolescente o una mujer adulta mayor. El peligro y la amenaza no discriminan ningún ciclo vital.
Lo mismo podría decirse si eres LGBT en Colombia. Si vives en algún municipio, vereda, caserío o asentamiento lejano de las principales ciudades y/o metrópolis y decides vivir libremente. Hacerte visible puede traducirse en marginación, transgresión y en sufrir todo tipo de vejámenes, (siempre) justificado y validado bajo la premisa de lo “políticamente correcto”, promocionada por algunos sectores sociales, por actores armados y, (obviamente) políticos. A partir del “relevo” gubernamental (dígase, actual gobierno), ahora también institucional.
La validación de la violencia contra jóvenes pertenecientes a poblaciones sexualmente diversas es preocupante. No olvidemos el suceso en el que un menor de tan solo 17 años del municipio de Sincelejo perdió su brazo al intentar defenderse de actos homofóbicos y machistas. O el caso de Patricia, una joven mujer trans migrante, asesinada por un disparo en la costa caribe, aumentando al 5 el número de mujeres asesinadas hasta la fecha. Y así, los números de víctimas van en aumento.
Detrás de estos fenómenos emergen a su vez violencias ocultas que golpean con brutalidad a segmentos poblacionales aún más vulnerables, poniendo en riesgo la vida de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas adultas mayores. El departamento de Santander no escapa de esta funesta realidad.
Necesitamos acciones que brinden protección y garanticen la vida y los derechos de todos los menores, de los jóvenes, las mujeres y las comunidades más vulnerables del territorio colombiano, a toda costa, cueste lo que cueste, sin caer en nefastas revictimizaciones como lo vienen promoviendo, a bases de mentiras, desinformación y eufemismos, algunos sectores políticos y empresariales alineados al gobierno de turno.
Ante el crecimiento de las masacres en nuestro país, debemos exigirle al gobierno de turno la construcción de puentes que estén orientados al dialogo con los actores armados que aún existen, garantizando y cumpliendo a su vez con los Acuerdos de Paz
“Los colombianos tenemos que hacer un gran esfuerzo porque parece que no nos doliera la muerte y los asesinatos de nuestros conciudadanos”, expresó Carlos Negret, Defensor del Pueblo, refiriéndose a la masacre de Samaniego. Es totalmente cierto: pareciera que no nos dolieran.
Colombia es un país en llamas, dónde tristemente tenemos un gobierno ausente que prefiere restarle impacto a las muertes de nuestros jóvenes, que asumir la postura acorde a su mandato, siendo empática con las familias de las víctimas.
Nunca olvidemos que ha sido este gobierno, en cabeza del presidente Iván Duque, quién relacionó el asesinato de los jóvenes masacrados en Samaniego con un acto de “ajustes de cuentas”, cuando la realidad de aquellos jóvenes era ser estudiantes, deportistas, muchos soñando con ser jugadores de futbol profesional y otros deportes.
Nunca olvidemos que un año antes a la masacre en Samaniego, uno de aquellos jóvenes asesinados pedía al Gobierno Nacional y al Presidente Duque que no lo asesinaran, como habían sido asesinados decenas de jóvenes antes, porque se quería graduar.
Solo me queda anhelar, que de la misma forma que esta pandemia tarde o temprano llegará a su fin, así sucederá con esta violencia que nos carcome las venas. Y con este gobierno.
Sé que saldremos de esta, y seguiremos adelante, ojalá, nunca permitiéndonos olvidar lo ocurrido.
*Estudiante de Maestría en DDHH y gestión de la transición del posconflicto de la escuela superior de administración pública – ESAP. Seccional Santander
Twitter: @Diego10T
