La situación de Venezuela vuelve a ser tema de debate en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El Alto Comisionado Völker Turk ha insistido este viernes en la necesidad de que las autoridades investiguen los asesinatos ocurridos durante la represión que ejercieron las autoridades chavistas contra los manifestantes que se echaron a la calle por el resultado electoral, que tanto en el interior del país como en el exterior se considera un fraude.
Völker Turk exige que se tomen “medidas urgentes” y se liberen “sin dilaciones” los cientos de personas que han sido detenidas de forma arbitraria.
Las quejas del organismo internacional llegan en un momento confuso, en el que el Gobierno de Maduro ha anunciado la liberación de más de 100 detenidos en lo que parece un intento por rebajar la tensión antes del 10 de enero, la fecha en la que asegura el presidente que va a posesionarse de nuevo, pese a que las evidencias muestran que el vencedor fue el candidato opositor, Edmundo González.
Al mismo tiempo, continúan las detenciones de políticos o activistas, muchos de ellos relacionados con María Corina Machado. El Alto Comisionado, en Ginebra, ha mencionado los casos de Rocío San Miguel, una reputada experta en el mundo militar detenida desde febrero, y Javier Taranzona, el director general de la ONG Fundaredes, considerado también un preso político.
La detención de ciudadanos extranjeros en los últimos meses también ha levantado alarmas diplomáticas. Durante la intervención de los países, la representación de Colombia —que a partir de 2025 por primera vez será parte del Consejo de Derechos Humanos— denunció que siete ciudadanos de ese país han sido detenidos de forma arbitraria en Venezuela durante 2024.
“Colombia ha solicitado garantías para la oposición política en Venezuela y el respeto del debido proceso para todas las personas privadas de la libertad tras el evento del 28 de julio y aboga por la liberación de cualquier persona detenida de manera arbitraria”, señaló el funcionario.
Fuentes de la fiscalía venezolana aseguran que los ciudadanos colombianos han sido detenidos por “drogas y terrorismo”. A estos se suman 16 españoles, la mayor parte también con nacionalidad venezolana, que se cuentan entre los más de 2.000 prisioneros políticos que se estima que tiene el Gobierno de Nicolás Maduro.
Los representantes de las organizaciones civiles de Venezuela alertaron sobre el empeoramiento de la situación con la aprobación y promulgación de la Ley de Fiscalización sobre ONG y Ley Bolívar, que impone inhabilitaciones de hasta 60 años y castigos de hasta 30 años de prisión.
“El Consejo de Derechos Humanos no puede aceptar la normalización del autoritarismo y de las violaciones a los derechos humanos”, señalaron los representantes de la sociedad civil.
Los nuevos señalamientos sobre Venezuela han sido nuevamente mal recibidos por el Gobierno. La Cancillería emitió un comunicado en el que acusa al Alto Comisionado de Derechos Humanos de subordinarse a los intereses del “imperio estadounidense” y a su uso como “herramienta de agresión política” contra el Gobierno chavista.
Calificó la actuación de este organismo de “errática y selectiva” y defendió las nuevas legislaciones cuestionadas bajo el argumento de que están dirigidas a proteger el país “de agresiones externas”.
La Fiscalía venezolana, dirigida contra Tarek William Saab, ha hecho público un comunicado en el que califica de “irresponsables” las palabras del Alto Comisionado.
“Es grave la ligereza con la que se trata la violencia y los actos terroristas desatados tras dar a conocer el Poder Electoral los resultados del 28 de julio. El Alto Comisionado pretende en un párrafo responsabilizar al gobierno venezolano de la violencia desatada e instrumentalizada por los llamados comanditos -formados por los activistas de la oposición- para desatar una guerra civil en el país”, se lee en el documento.
El austriaco Turk señaló que su oficina ha comenzado a reanudar sus operaciones en Venezuela, luego de haber sido expulsados por Maduro en febrero pasado y de la insistencia en su regreso desde la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y de la Misión de Determinación de Hecho de Naciones Unidas.
“Mi esperanza es que podamos restaurar nuestra presencia plena”, dijo el funcionario. Esta ha sido una de las últimas concesiones que ha hecho el chavismo en su estrategia de rebajar la presión internacional agudizada tras las denuncias de fraude electoral sobre las que Maduro busca sostenerse en el poder.
