La Procuraduría General de la Nación madrugó este lunes a anunciar una indagación preliminar en contra de la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, y la senadora Angélica Lozano, su pareja.
El proceso está a cargo de la Sala de Instrucción Disciplinaria, y tiene que ver con supuestas irregularidades que se cometieron con el Metro de Bogotá, por el supuesto pago de coimas que habría hecho la empresa contratista encargada de esa construcción en la capital de Colombia.
«La Sala de Instrucción Disciplinaria sostuvo que, de acuerdo a lo informado por medios de comunicación, posiblemente las servidoras fueron mencionadas en conversaciones entre funcionarios del Ministerio de Transporte y un ciudadano chino, en las que se reveló que se destinarían $6 mil millones para financiación de campañas», explicó el ente de control.
Ahora que se abrió la indagación, la tarea del Ministerio Pública será recoger pruebas para saber si Claudia López y Angélica Lozano estuvieron detrás de conductas que ameriten sanciones disciplinarias.
Lo que han dicho las dos funcionarias ante estos señalamientos es que el Metro de Bogotá no se detendrá, y que ellas no han cometido actuaciones irregulares.
Cabe recordar que la semana pasada, en la Procuraduría se hizo otro anuncio relacionado al Metro de Bogotá. Ese tiene que ver con la alerta que emitió por un contrato que se firmó para evaluar el diseño subterráneo de la Primera Línea de la obra.
En esa ocasión, la Procuraduría cree que el riesgo está en la gestión de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la cual celebró un contrato de prestación de servicios con la Sociedad Colombiana de Ingenieros.
«Los requerimientos hechos por el ente de control a la entidad evidenciaron, al parecer, una presunta vulneración al principio de autonomía de las entidades territoriales y al principio de autonomía de la voluntad de las partes en los contratos estatales, pues la ANI no tiene potestad para evaluar proyectos en los que no funge ni como contratista ni como contratante», explicó la entidad.
Esa decisión fue cuestionada por el presidente de la República, Gustavo Petro, quien viajará a China a finales de este mes para reunirse con el presidente de ese país, Xi Jinping, con quien aseguró que hablará del Metro de Bogotá.
Hace ocho días, la Fiscalía General de la Nación compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia con el fin de que se establezca si hubo corrupción en la contratación del Metro, precisamente por el mismo caso por el que este 2 de octubre la Procuraduría abrió su indagación.
En lo penal, el ente acusador llamó la atención después de que la revista Semana publicara un artículo en el que se habló de posible corrupción y cuestionables conversaciones entre José Joaquín Silva, un supuesto extrabajador del Ministerio de Transporte y un ciudadano chino llamado William o Dong.
De acuerdo al artículo, en las charlas los dos hombres hablan de supuestas entregas de plata por más de 10.000 millones de pesos, de los cuales 6.000 millones habrían ido dirigidos “a los verdes” para financiar campañas políticas al Legislativo, a cambio de ser favorecidos en contratos de la megaobra de los bogotanos.
En esa línea, la primera compulsa de copias de la Fiscalía fue hacia la Sala de Instrucción de la Corte, la cual se encarga de investigar a aforados; y la segunda orden fue dirigida a la delegada de la Fiscalía ante la Corte, dependencia en la que se buscará establecer si funcionarios de la Alcaldía de Bogotá incurrieron en delitos.
