Este miércoles un ataque aéreo de la junta militar de Myanmar dejó cerca de 100 muertos en una aldea del centro del país. Según ha reconocido el mismo Gobierno, el ataque se llevó a cabo para desmantelar una reunión clandestina de las Fuerzas Armadas de Defensa del Pueblo (PDF), milicia de la oposición que exige el regreso de la democracia. El bombardeo se saldó con la muerte de decenas de civiles, entre ellos niños.
Nubes de un humo espeso y el esqueleto de un edificio. Son los restos que quedaron en Kanbalu, en el centro de Myanmar, tras un ataque de la junta militar este miércoles. El ataque aéreo del Gobierno contra un acto supuestamente organizado por la oposición, concretamente por la milicia Fuerzas Armadas de Defensa del Pueblo (PDF), dejó cerca de 100 muertos, según medios independientes. Algo que muestra que, desde el golpe militar de febrero de 2021, el país sigue sumido en una fuerte crisis social y en pleno conflicto interno.
Según informaron medios de comunicación locales -como la BBC birmana o el portal de noticias Irrawaddy-, el número de víctimas mortales supera los 100, entre los que habría civiles y también niños.
A través de una comparecencia en el canal de televisión de la junta, su portavoz, Zaw Min Tun, confirmó que el Gobierno había llevado a cabo el ataque y estaba dirigido contra una ceremonia celebrada por el Gobierno de Unidad Nacional (GUN) -un Ejecutivo paralelo no reconocido por los militares- para su milicia Fuerzas Armadas de Defensa del Pueblo.
«Durante esa ceremonia de apertura, llevamos a cabo el ataque. Murieron miembros de las PDF. Se oponen al Gobierno del país, al pueblo del país. Según nuestra información sobre el terreno, alcanzamos el lugar donde almacenaban sus armas, que explotó y causó la muerte de varias personas», sostuvo Min Tun.
Sobre los civiles, aseguró que murieron por “ayudar a los terroristas”.
“Este acto atroz del Ejército terrorista es un ejemplo más de su uso indiscriminado de fuerza extrema contra civiles inocentes, lo que constituye un crimen de guerra», declaró el Gobierno de Unidad Nacional al respecto.
No es la primera vez que la junta militar actúa de esta forma, ya que uno de sus objetivos para terminar con la oposición es desmantelar todas las reuniones clandestinas, pero sí que es uno de los ataques de este tipo más mortíferos hasta el momento.
«Vi los cuerpos de varios niños que habían volado por los aires a unos 30 metros del edificio (…) Los aviones de la junta sobrevolaron el pueblo y dispararon a todo el mundo desde todos los ángulos, apuntando a lugares donde pudieran estar escondidos los civiles», contó un testigo de los hechos que no quiso ser identificado al medio de comunicación Radio Free Asia (RFA).
Para un oficial de la milicia opositora Fuerza de Defensa del Pueblo, presente durante el ataque, el mensaje que ha querido mandar la junta militar es claro: “harán cualquier cosa para disuadir al pueblo de establecer un Gobierno democrático”.
Preocupación de la comunidad internacional
Lejos de Myanmar, la noticia ha causado malestar entre la comunidad internacional, que ha seguido de cerca el conflicto interno desde el golpe de Estado en 2021. Tras lo sucedido, Naciones Unidas y algunos países, como Estados Unidos, han condenado enérgicamente el ataque y se han comprometido a hacer que los militares asuman responsabilidades.
El secretario general de la oficina de DD. HH. de la ONU, Volker Turk, dijo estar «horrorizado» por los mortíferos ataques aéreos. “Entre las víctimas, había niños que estaban bailando”, apuntó.
António Guterres, el secretario general de la ONU también condenó los hechos y exigió responsabilidades.
“Reitero mi llamamiento a los militares para que pongan fin a la campaña de violencia contra la población de Myanmar en todo el país», apuntó el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, en nombre de Guterres durante una rueda de prensa.
Los detractores del Gobierno militar abogan por prohibir o limitar la venta de combustible para aviones a Myanmar, y mermar así la ventaja aérea del Ejército frente a los insurgentes. Muchos países occidentales han impuesto embargos de armas contra el Ejecutivo militar, otros como Estados Unidos o Reino Unido han lanzado nuevas sanciones contra personas y empresas implicadas en el suministro de combustible de aviones a Myanmar.
«Los incesantes ataques aéreos en Myanmar ponen de relieve la urgente necesidad de suspender la importación de combustible de aviación. Amnistía reitera su llamamiento a todos los Estados y empresas para que detengan los envíos que puedan acabar en manos de la Fuerza Aérea de Myanmar», subrayó Amnistía Internacional, organización de defensa de los DD. HH., este miércoles.
Son muchos los que piden la intervención del Consejo de Seguridad de la ONU con más sanciones e incluso la apertura de una investigación en la Corte Penal Internacional (CPI) para perseguir responsabilidades. El objetivo de estas demandas es intentar evitar que los autores intelectuales de estos asesinatos en masa de civiles no queden impunes.
Caos en Myanmar, una crisis social que no cesa
Con métodos como ataques aéreos, se calcula que más de 3.000 civiles han muerto a manos de las fuerzas de seguridad desde que la junta arrebató el poder a Aung San Suu Kyi en febrero de 2021.
Después de que las manifestaciones pacíficas contra la junta fueran reprimidas con violencia y asesinatos por parte del Ejército y la Policía, muchos opositores se alzaron en armas para intentar restaurar la democracia en el país, por lo que ahora muchas zonas están envueltas en conflictos.
El Ejército ha llevado a cabo importantes ofensivas en el campo, ha arrasado aldeas enteras e incluso escuelas. La región de Sagaing, donde se efectuó este último ataque, es el corazón histórico de Myanmar y una de las zonas donde la resistencia al Gobierno es más fuerte.
«Estos violentos ataques subrayan aún más el desprecio del régimen por la vida humana y su responsabilidad en la grave crisis política y humanitaria de Myanmar», declaró Vedant Patel, portavoz adjunto principal del Departamento de Estado.
Varios analistas de Naciones Unidas, junto a organizaciones no gubernamentales, han reunido pruebas suficientes sobre los abusos contra los DD. HH. a gran escala por parte del Ejército, como la quema de pueblos enteros y el desplazamiento de más de un millón de personas.
Si se confirma, el número de víctimas mortales del ataque aéreo del martes podría ser el más alto en los más de dos años de conflicto civil desde febrero de 2021. Y se produce sólo un día después de que un caza gubernamental bombardeara un instituto en el municipio de Falam -en el oeste del país- que se cobró la vida de al menos nueve civiles e hirió a otros cuatro, según los residentes.