Aunque lento, se comenzaron a desenredar los procesos disciplinarios contra los protagonistas principales del escándalo generado por la firma de un corretaje para que Vitalogic RSU se quedara con un multimillonario contrato con el sofisma de implementar nuevas tecnologías en El Carrasco.
Ahora el turno es para el entonces representante legal de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (Emab), José Manuel Barrera Arias, que, a criterio de la Procuraduría, habría sido parte de la orquesta del “va por que va”, liderado por el entonces alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez.
Para el ente de control, Barreras Arias incurrió en violación de la Constitución y la ley, al adelantar el proceso precontractual de invitación privada de varias ofertas, que inició con la suscripción de informe de oportunidad y conveniencia de fecha 12 de julio de 2016, por lo que le dictó pliego de cargos al desconocer el principio de imparcialidad propio de la función pública y el Manuel de funciones de la empresa a su cargo.
El gerente de la Emab, para la época de los hechos, contrató con el consultor Jorge Hernán Alarcón Ayala, ‘la calavera’ y que pue apodado así por el propio Rodolfo Hernández al referirse como la persona que debía dar concepto favorable en la implementación del proceso de nuevas tecnologías para el aprovechamiento de los residuos sólidos, un procedimiento que en su época no tenía base legal en Colombia.
Contrato a dedo para favorecer intereses
La tarea de Alarcón Ayala, al ser contratado a dedo por José Manuel Barrera, era la de realizar la elaboración evaluación técnica, ambiental, financiera y jurídica para implementar una nueva tecnología en El Carrasco que opera Emab y así escoger una solución concreta, debidamente soportada, que resulte del estudio del caso para solucionar definitivamente el problema de la disposición final de residuos sólidos.
A criterio de la Procuraduría Provincial de Bucaramanga, las pruebas presentadas por el testigo clave, Luis Andelfo Trujillo Rodríguez (quien hizo parte de la estructura criminal ‘notarizada’ a través de un contrato de corretaje) deja en claro que el Contrato de Consultoría No. 096 de 28 de julio de 2016 con Alarcón Ayala, por un valor de $344.950.000, omitió el proceso de selección objetiva.
“Es decir, porque su escogencia no se hizo al ofrecimiento más favorable a la Empresa de Aseo de Bucaramanga – EMAB S.A. E.S.P., es decir, no conforme a la finalidad de la contratación, sino en consideración a un interés económico particular, previamente acordado por Luis Carlos Hernández Oliveros, hijo del alcalde de la época, Rodolfo Hernández Suárez”, expone el ministerio público.
Barrera sabía y participó: Procuraduría
La decisión de la Procuraduría de involucrar formalmente al gerente de la Emab hace parte de la investigación que se inició por la queja del 6 de diciembre de 2017, presentada por Trujillo Rodríguez, quien puso en conocimiento de ese ente de control, las presuntas irregularidades en que pudo incurrir el entonces alcalde Hernández Suárez, junto con la intervención de familiares, concretamente su hijo Luis Carlos Hernández Oliveros y de otros funcionarios de la Administración Municipal.
“Al parecer hubo la realización de conductas que rayan con el código disciplinario y otras normatividades para lograr desangrar el municipio de Bucaramanga”, explica la Procuraduría al esbozar que tiene en su poder un compendio de documentos y testimonios que comprueban que José Manuel Barrera no solo conoció el entramado, sino que participó activamente, al contratar con ‘la calavera’ la consultoría que le daría vida al acto de corrupción más grande de todos los tiempos en Bucaramanga: las nuevas tecnologías.