Este lunes, la Fiscalía madrugó a vincular a Emilio Tapia por el escándalo del contrato del MinisterioTIC con Centros Poblados. Dicho contrato busca la conectividad de 7.000 puntos en zonas apartadas del país y ahora se convierte en el primer capturado por las presuntas irregularidades en ese contrato. Tapia fue condenado en su momento por el carrusel de la contratación en Bogotá.
Agentes del CTI de la Fiscalía General capturaron este lunes en Barranquilla al empresario Emilio Tapia Aldana en el marco de la investigación que se adelanta por las irregularidades en el contrato del Ministerio de las TIC con la Unión Temporal Centros Poblados.
Tapia, recordado por ser uno de los principales protagonistas en el escándalo del ‘carrusel de la contratación de Bogotá’, fue vinculado con la investigación del contrato que buscaba ampliar la conectividad del Internet en las regiones más alejadas después que su nombre apareciera vinculado con las empresas que se ganaron el billonario contrato y que recibieron 70 mil millones de pesos como anticipo.
El contratista oriundo de Sahagún (Córdoba) adquirió hace unos años una representación de la empresa ICM Ingenieros que hizo parte de la Unión Temporal Centros Poblados. La semana pasada, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dio ordenes directas para embargar todos los bienes de las empresas que hicieron parte de esta Unión Temporal que se ganó, pese a no cumplir todos los requisitos, el contrato.
La empresa ICM Ingenieros SAS, quien fue creada por Luis Guillermo Meza Barragán y el exgobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz -también condenado por el carrusel de la ‘contratación en Bogotá’- ya había estado en la mira de la Fiscalía General por el pago de sobornos para recibir millonarios contratos de obras civiles e infraestructura vial en la capital.
El empresario se encontraba en detención domiciliaria cumpliendo otra condena por el delito de lavado de activos relacionado con actividades ilegales dentro del ‘carrusel de contratación’ en la capital de la República.
Otras tres capturas
Así mismo, los investigadores avanzan en la captura de otros tres implicados más en este contrato que le costó el puesto a la ministra TIC, Karen Abudinen, quien se vio obligada a renunciar. Sus nombres aún no han sido confirmados.
De acuerdo con la denuncia del MinTIC la unión temporal Centros Poblados entregó documentación falsa que llevó a un error en el proceso de adjudicación y a un delito que ahora es materia de investigación por cuenta de la Fiscalía General de la Nación.
El representante legal de ese grupo de empresas aseguró que ellos hicieron la solicitud de una garantía bancaria a través de un corredor de seguros y la misma fue entregada a la firma interventora del multimillonario contrato para su revisión.
Justamente entre esa unión temporal se encontraba un consorcio de quién se dice en la sombra era manejado por el contratista y condenado en el Carrusel de Contratos de Bogotá, Emilio Tapia, que ahora resultó también investigado en el proceso que adelanta la unidad anticorrupción de la fiscalía por las presuntas irregularidades en el contrato de conectividad.
La investigación de la Fiscalía es por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad en documento privado, delitos que serán puestos a consideración de un juez en una audiencia de imputación de cargos que se espera realizar una vez legalicen las capturas.
Una denuncia que está en poder de los fiscales anticorrupción fue radicada por quienes, según Centros Poblados, sirvieron de intermediarios en la obtención de las garantías bancarias presentadas en el proceso de adjudicación y sobre las que pesan dudas de legalidad.
Se trata de la empresa Rave, una corredera de seguros con experiencia de 45 años en el mercado y que ahora denunció como su nombre fue involucrado en las presuntas irregularidades en el contrato para la conectividad de 7.000 puntos en las zonas más apartadas en el país, el mismo contrato que terminó en la caducidad y una dura sanción para los contratistas.
“En virtud de la experiencia comercial antes referida y con la confianza generada durante los años transcurridos, el señor Jorge Molina Mayorga me manifestó que poseía un lote en la ciudad de Santa Marta de un alto valor comercial pignorado a través de una banca de inversión al banco Itaú – Corbanca Colombia y por tal motivo era que tenía la facilidad de conseguir los cupos de crédito y garantías bancarias”, se lee en la denuncia que está en poder de la Fiscalía.
Se espera que en las próximas horas se conozcan los nombres de los otros capturados en este primer operativo de la Fiscalía en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades en el multimillonario contrato de conectividad que dejó por fuera del ministerio a Karen Abudinen.