Por: Reinaldo Pérez Flórez/ La Dirección de Tránsito de Bucaramanga (DTB) es una entidad descentralizada de orden municipal, su objeto social indica que una de sus líneas estratégicas es “contribuir con una movilidad segura y legal”, según su misión la entidad buscaba en el 2020 ser uno de los organismos líderes a nivel nacional en la promoción de la seguridad vial “contando con un talento humano altamente calificado e idóneo”.
Es indudable que el personal con el que cuenta la DTB tiene la idoneidad para cumplir estas líneas estratégicas de su objeto social, lo que debemos tener en cuenta es si una de las dependencias más importantes que tiene la alcaldía de Bucaramanga, ha tenido la planeación adecuada para que esta sea líder a nivel nacional en la promoción de su seguridad vial.
La Ciudad Bonita ha tenido diferentes políticas en cuanto a la movilidad vial, madurezcas propuestas como la de “hacerse el pingo” con la “piratería”, y propuestas serias como la de “vamos a recuperar la movilidad de la ciudad”, pero, ¿cuál ha sido la planeación estratégica para el crecimiento de la DTB? Lo que han crecido es el número de vehículos de la ciudad, la DTB sigue recogiendo dinero todos los días hábiles del año haciéndola rentable para la administración municipal.
La Ley 2027 del 2020 con sus descuentos y alivios económicos le dio oxígeno a esta entidad, el descuento por el 50% de la deuda por comparendo y condonar el 100% de los intereses le dieron flujo de caja a esta dependencia, ahora formulamos otra pregunta, si la DTB ha tenido ese flujo de caja, ¿por qué seguimos teniendo únicamente 165 agentes de tránsito? Según funcionarios de esta entidad, en el área metropolitana pueden estar circulando alrededor de 700 mil vehículos diariamente, 165 agentes jamás serán suficientes para sacar adelante la movilidad en nuestra Ciudad Bonita.
Quienes tienen vehículo y han tenido que lidiar con un accidente, si las partes involucradas no pueden conciliar el valor de los daños de los vehículos, un agente de tránsito demora alrededor de hora y media en hacer croquis, imponer comparendos y hacer todos los trámites administrativos acorde a sus funciones como alférez, si alguien pierde la vida en el accidente, el trámite para el funcionario y las partes involucradas dura todo el día, ellos deben cubrir tres turnos, en teoría cada turno estarían trabajando de 20 a 30 agentes, muchas veces en un operativo vemos que el trabajo conjunto los están haciendo alrededor de diez agentes de tránsito, los otros 10 o 15 están repartidos por toda la ciudad, esto se da en condiciones normales, a todas luces el personal es insuficiente para garantizar la movilidad en nuestra ciudad.
Hablamos de las condiciones normales en las que funciona la entidad, ahora vamos hablar de las condiciones reales en la que funciona la DTB; gracias a la pandemia alrededor de 60 agentes de tránsito se encuentran en sus casa, 100 alférez son los que les están poniendo el pecho a la movilidad de la ciudad, es justificable que estén 60 agentes confinados, prima la protección a la vida en especial si estos agentes que están confinados tienen un concepto medico diagnosticando una enfermedad de base, haciéndolos vulnerables por un posible contagio de Covid-19, para ellos seria falta, ahora cuenten ustedes que los empleados públicos también se incapacitan y tienen derecho a vacaciones. Ya vamos a entrar en el primer año de pandemia y la DTB debió prever esta situación, si en el 2020 tuvieron flujo de caja gracias a la Ley 2027, ¿por qué no se contrató más personal? La planeación de esta entidad deja mucho que desear.
El salario de estos funcionarios a los que la entidad está obligada a proteger su vida e integridad, sale del bolsillo del contribuyente, son dineros públicos donde cada agente se está ganado entre 2 y 3 millones de pesos, si van 10 meses de confinamiento donde en el peor de los casos estos agentes estarían devengando 120 millones de pesos mensuales, $1.200 millones en 10 meses de confinamiento, dirían algunos colegas, “posible daño fiscal”.
El artículo 122 de la constitución política dice que “No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveerlos de carácter remunerados se requieren que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente”.
La movilidad de nuestra ciudad está enmarcada dentro de la necesidad del servicio, ahora sumémosle que la vida jurídica del convenio hecho con la Policía Nacional, su vida jurídica se terminó el mes diciembre del año anterior, apoyo vital para combatir el transporte informal, ¿qué paso con ese convenio? Al parecer “se están haciendo los pingos”.
Nota: Este es el primer informe que haremos de este importante tema, debemos tener conocimiento de lo que está sucediendo con la movilidad de nuestro municipio, no sea que como la mayoría de entidades en nuestro país, la hagan inviable para poderla privatizar y acabar.
*Abogado, Especialista en Derecho Constitucional y Especialista en Derecho Administrativo.
Correo: reyinaldpf77@gmail.com
Twitter: @reyinaldf77
