Por: Yuli Metaute Londoño/ Amnistía Internacional indicó que Colombia es el país sudamericano más letal para los defensores de derechos humanos.
Este movimiento global integrado por más de 10 millones de personas en más de 150 países y territorios, que actúan para poner fin a los abusos contra los derechos humanos, señaló en un informe reciente a Colombia como el país más letal para los defensores de derechos humanos, con17 lideres acribillados en lo que va corrido del año 2022. Más de uno cada dos días.
Un caso desolador, desgarrador, que me recordó la guerra insensata que vivimos desde los 50 en Colombia; fue el video que se conoció hace unas semanas atrás, donde una campesina, la esposa de un líder social afiliado a la Junta de Acción Comunal de Corocito en Tame (Arauca), en medio de lágrimas y al lado de sus hijos menores de edad, pedía que le respetaran la vida a su esposo, todo esto fue en vano, pues Hermán Naranjo Quintero fue hallado muerto horas después. ¡Cómo dueles Colombia!
Otro líder asesinado el 1 de febrero en la vereda Guitungal fue Julio César Bravo, presidente del Concejo de Córdoba (Nariño) y líder del resguardo indígena de Males, fue ultimado con arma de fuego, la imagen de Bravo con su sombrero tradicional fue publicada en la página de la ONG Indepaz, organización que actualiza los datos aterradores sobre asesinatos a los lideres, ahí estaba su foto con un lamentable número 15.
Para colmo, en Colombia los esquemas de protección fueron diseñados con la idea de otorgar medidas materiales, es decir chalecos, autos blindados. Esas medidas funcionan quizá en un contexto urbano y eso que, sin garantías, ¿pero le sirven a un campesino o indígena de zonas rurales?
El caso de Luz Marina Arteaga, defensora de derechos humanos de comunidades campesinas del Meta, asesinada el 17 de enero después de cinco días de estar desaparecida, es ejemplo de ese riesgo; la lideresa tenía medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) desde abril de 2019. Sin embargo, las medidas otorgadas, mayormente de carácter material, no mitigaban el riesgo que enfrentaba y en 2020 había comunicado a la UNP que esas medidas no eran culturalmente adecuadas a la región que ella vivía.
Inaudito que cada día en Colombia, más de un líder social es asesinado y a eso se le suma la indiferencia generalizada, eso se volvió folklore, se volvió parte del paisaje, ese silencio cómplice también lapida a las víctimas y a los familiares de las víctimas, el día que los colombianos se unan, dejen el egoísmo porque simplemente ven lejano que eso les ocurra y a sus seres amados, el día que alcen su voz de protesta en cuanto a estos vejámenes, la vaina será diferente.
La responsabilidad sigue estando en los entes que deben garantizar la vida de los defensores de los derechos humanos, deben mejorar las medidas de protección para los que viven en las zonas rurales, la responsabilidad también recae en la sociedad que sigue indiferente ante esta atrocidad de asesinatos en seguidilla.
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*Comunicadora Social y Periodista, locutora, presentadora de TV. Adscrita a la Asociación Colombiana de Periodistas de Bogotá. Actualmente labora para RCN Radio, conduciendo noticiero, programa deportivo y transmisiones del Fútbol Profesional Colombiano. Directora de Cotorra Digital.
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