“La Agencia Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- por encima de la gente, por encima del agua, por encima de la vida, por encima de las comunidades, por encima de los territorios, por encima de instituciones como la Asamblea Departamental, dio aprobaciones a una licencia que desafortunadamente nos va a hacer daño”, manifestó ante la duma el diputado Camilo Alfonso Torres Prada, sentando su voz de rechazo.
El pronunciamiento se da luego de que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- expidiera el 25 de marzo la Resolución Nº 00648, la cual da luz verde a Ecopetrol para iniciar el Proyecto Piloto de Facturación Integral – PPII en yacimientos no convencionales con fracturamiento hidráulico, en el municipio de Puerto Wilches, Santander.
Para el diputado Giovanni Leal Ruiz, “el Gobierno Nacional ha pasado por encima de los deseos de la comunidad”, ya que, según lo expresó: “la comunidad del mismo municipio había estado en contra de esta actividad que va en contravía del agua y de la vida de los santandereanos”. Esto, tras escuchar a la comunidad del municipio de Puerto Wilches en la sesión descentralizada del 20 de abril del año pasado, donde también la duma ratificó, por mayoría, su posición rotunda de No al fracking en Santander.
“Desde Santander seguimos rechazando este tipo de prácticas no convencionales porque está demostrado que en 100 años de explotación petrolera en Santander con (prácticas) convencionales, no han podido garantizarnos la seguridad del medio ambiente”, dijo el diputado Óscar Mauricio Sanmiguel Rodríguez y agregó que: “hoy el pasivo ambiental y social que hay en esta región es incalculable y esta decisión que está tomando el gobierno de (el Presidente de la República) Iván Duque, va a afectar la vida y la seguridad alimentaria de toda esta región”.
“Esto es acabar con nuestra agua, acabar con nuestra tierra” enfatizó Torres Prada e hizo un llamado a la bancada congresional alternativa santandereana y a todas las fuerzas tradicionales a unirse para ’echar para atrás’ esta licencia, la cual catalogó como un ‘esperpento’ y ‘acto criminal’ contra la humanidad. En este mismo sentido, el diputado Sanmiguel sumó su voz e invitó a la ciudadanía a que se movilice en contra de esta decisión.