El 19 de noviembre de 2021, Adriana María Amaya Marín, entonces ejecutiva de la empresa Farmacéutica del Oriente, fue imputada junto a dos policías, por un proceso por secuestro extorsivo. El archivo de la Fiscalía expone que el caso estuvo relacionado con el supuesto secuestro de su propia empleada del servicio doméstico, tras la desaparición de 300 millones de pesos en efectivo de su casa.
El pasado 7 de enero de 2025, volvió a ser protagonista de lo que muchos medios calificaron como ‘autorrobo’, luego que se realizara en una entidad bancaria un retiro de 408 millones de pesos, los cuales fueron llevados a las oficinas de la empresa de publicidad Grafikar SAS, de propiedad de Liliana Mateus Ortiz, su compañera sentimental.
Amaya Marín, siempre ha estado en el ojo del huracán. Se le conoció en el mundo político por haber sido una de las más importantes aliadas del exsenador Luis Alberto Gil Castillo, condenado por parapolítica.
Gracias a sus conexiones políticas, fue gerente de la Empresa de Aseo de Santander con sede en Los Santos, un municipio gobernado por los hermanos Mendoza Arenas, a quienes se les ha investigado y condenado por corrupción.
Pese a tener una vida con un pasado oscuro, ella sigue siendo la dueña y señora de la contratación en la Gobernación de Santander, a través de las empresas Grafikar, investigada por sobrecostos, tras revelaciones de Corrillos y Makropharma, investigada por un contrato de compraventa en insumos de bioseguridad, por valor de $2.781 millones; escándalos que se dieron durante la administración del entonces gobernador Mauricio Aguilar.
La ‘supercontratista’ de la Gobernación
Nadie entiende cómo, con el historial de Adriana María Amaya Marín, ella siga tan campante firmando contratos millonarios con todas las administraciones seccionales, desde los Aguilar, pasando por la de Dídier Tavera y ahora con la del General (R) Juvenal Díaz Mateus.
“Adriana Amaya es la gran contratista de la gobernación de Santander, pese a estar envuelta en escándalos, no solo de contrataciones indebidas y sin cumplimiento de requisitos, falsedades, suplantaciones, hasta secuestro”, reveló a Corrillos una fuente del Palacio Amarillo, quien lamentó como los gobernadores de turno autorizan la suscripción de contratos y adiciones a los mismos.
De hecho, según una persona cercana a Grafikar y al negocio de las imprentas, precisó que, “Adriana es tan solo una de las piezas de un gran entramado de contratación en la Gobernación de Santander. Ella es testaferro de políticos, quienes a través de esas empresas. Los gobernadores pagan con contratos los votos que les ponen en campaña”, dijo.
¿Gobernadores implicados?
Adriana María Amaya Marín es la única contratista que ha tenido contratos para sus empresas con casi todos los gobernadores de Santander.
Richard Aguilar (actualmente investigado en la Fiscalía por presuntos delitos de corrupción), le entregó el contrato de los impresos a la entonces socia y amiga de Luis Alberto Gil. Desde ese entonces, el poder del exsenador condenado por ‘parapolítica’ ha logrado que año tras año y gobernador tras gobernador, le sigan entregando ese jugoso contrato de impresos y otros más.
Didier Tavera, Mauricio Aguilar y Diaz Mateus siguen entregando contratación a Amaya Marín, en cumplimiento de supuestos acuerdos políticos con Gil.
“Ni las facturas falsas, ni las empresas sin planta física, ni los requisitos amañados, ni tampoco los pliegos tipo sastre, como tampoco la investigación que hoy se lleva en Fiscalía contra Adriana Amaya por secuestro simple, ni los exorbitantes valores que se cobran por los suministros entregados por las empresas Grafikar y Makropharma, han sido motivos suficientes para que el actual gobernador de Santander dudara en entregarles nuevamente en el primer año de su mandato el contrato de los impresos por más de $3 mil millones de pesos”, reveló una fuente de la Gobernación de Santander.
Reveló además que, “este 2025 será Adriana Amaya nuevamente la ganadora del proceso de impresos pues el senador Gil fue pieza fundamental en la elección del General (Díaz Mateus)”.
En ese mismo sentido, otra de las fuentes consultadas por Corrillos, dejó en claro que, “será un hecho la entrega de este contrato a la poderosa contratista, pues la relación del condenado parapolítico con el gobernador de Santander es fuerte y de hace varios años”.
Representantes de otras casas de impresión del departamento han expresado su desconfianza con el gobierno departamental, ante la “nula transparencia” para la entrega del contrato de impresos, que durante las últimas administraciones tiene dueño y se entrega a dedo como pago a favores políticos.
