Por: Juana Yolanda Bazan Achury/ Dentro del marco del acuerdo de paz, suscrito entre el Gobierno y las FARC –EP, en el año 2016, en el cual se impusieron obligaciones a las extintas Farc-EP de carácter restaurativo, el viernes 15 de marzo de 2024 se realizó en el municipio de Barbosa, Santander, el acto público de reconocimiento de responsabilidad y perdón a las víctimas de secuestro de carácter político del macro caso 01 que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Por el secuestro político del que fui objeto en año 1998 en el marco de la campaña política para acceder a una curul en la Cámara de Representantes por el Partido Liberal, me acredité como víctima ante la JEP y la Unidad Nacional de Víctimas.
Desde hace más de un año tuvimos el primer encuentro con nuestros captores, intercambiamos ideas e hicimos las preguntas del por qué, y el para qué; asistimos desconfiados, reticentes a la idea de mantenernos en el proceso; pero gracias a los equipos psicosociales y al equipo de defensa de la Comisión Colombiana de Juristas continuamos en el proceso que culminó el pasado viernes.
Desde lo personal para las víctimas de secuestro de carácter político la motivación no fue de resarcimiento económico o individual, por el contrario, nos animó siempre la posibilidad de contribuir al mejoramiento de las condiciones de las comunidades de la provincia de Vélez; nos enfocamos en aprovechar la oportunidad para que las instituciones de orden nacional y local se comprometieran dentro del marco del acuerdo, a una reparación colectiva con verdaderas soluciones sociales y estructurales para la provincia.
Dentro de los responsables firmantes del acuerdo se encontraba Pastor Alape, Rodrigo Londoño Echeverry, Jairo Cala (representante a la cámara por las Farc – EP) y otros responsables; también se hizo presente la senadora Sandra Ramírez por las Farc – EP. Sentimos sinceridad en sus palabras, en la medida en que reconocieron, en cada caso, que ninguna de las víctimas teníamos en aquel momento vínculo alguno con la organización guerrillera.
Además del perdón público era muy importante esta manifestación en la medida en que todos fuimos re-victimizados por adversarios y detractores, en algunos casos se afirmó que el secuestro obedeció a una estrategia previamente acordada con los miembros de las FRAC – EP, como en mi caso; las otras víctimas recibieron acusaciones relacionadas con simpatías y afinidades con los alzados en armas de aquella época, que se han mantenido hasta la fecha.
¿Se preguntarán los lectores, si tienen sentido estos actos de perdón por parte de los firmantes del acuerdo de paz?
Creo, en la necesidad de reconciliación entre los colombianos para lo cual se hace necesario que todos nos dispongamos en condiciones de entendernos para superar la polarización y comprender que quien piensa diferente no es nuestro enemigo; por el contrario, la diversidad enriquece el debate público, alimenta la construcción de sociedad y democracia.
En este proceso, dentro del marco institucional del Estado encontramos entidades que hicieron eco de la justicia transicional y el sistema de restablecimiento de derechos de las víctimas, sobre la posibilidad para que los involucrados presentáramos propuestas para trabajar y mejorar la región como las siguientes:
Que el Estado asuma su responsabilidad constitucional y compromiso con el cumplimiento de lo establecido en el acuerdo de paz.
Que a través de este compromiso se haga realidad la terminación de la Carretera intermunicipal del Carare – Opón.
Infraestructura de comunicaciones
- Intervenir las vías terciarias necesarias para el mejoramiento de la comunicación y la comercialización de productos agropecuarios.
- Impulsar la navegabilidad del río Magdalena.
- Reactivación de la vía férrea como impulso de la economía y transporte interno de la region.
- Construcción de un hospital de tercer nivel de complejidad para la provincia.
- Garantizar el acceso al agua potable como derecho fundamental.
- Titulación de tierras a los campesinos.
- Desarrollo de catastro multipropósito a través de brigadas en cada uno de los municipios.
- Revisión de títulos mineros para la protección ambiental y socialización de estos a la comunidad.
- Acciones de promoción del turismo en la Provincia de Vélez.
Que nos proporcionen la capacitación necesaria en los aspectos relacionados con los programas y políticas de orden nacional y departamental que van dirigidas a la población vulnerable y víctima del conflicto.
Consideramos a la Universidad Industrial de Santander como una aliada estratégica para el cumplimiento de los propósitos restaurativo que se afianzan el día de hoy. Para ello proponemos que el gobierno nacional y departamental fortalezcan esta institución educativa para que sus carrerassionales se desarrollen en su totalidad en esta sede regional y se amplié la oferta de programas académicos.
Nuestro compromiso, seguir avanzando en la construcción de escenarios de reconciliación, exigir al gobierno nacional el cumplimiento de las peticiones arriba relacionadas, como resarcimiento colectivo por los hechos que afectaron de manera grave a toda la provincia de Vélez y el Magdalena Medio. La paz se construye con soluciones y voluntad política.
…
*Exrepresentante a la Cámara por Santander.
(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor)
