El escándalo de corrupción por la compra de los 40 carrotanques para el suministro de agua potable en el municipio de Uribia y sus alrededores, en el Departamento de La Guajira, llevó a que la Contraloría General abriera un proceso de responsabilidad fiscal.
Luego de una indagación preliminar, el ente de control estableció situaciones y conductas con posibles incidencias fiscales, disciplinarias y eventualmente hasta penales.
Por estos hechos deberán responder el exdirector general de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Olmedo López; los exsubdirectores general, Víctor Meza, y de Atención de Desastres, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez (alcalde de Santander de Torres – Santander 2016-2019), así como los representantes legales de las tres empresas que presentaron cotización para esta Orden de Proveeduría.
Sobrecostos
La Contraloría encontró un presunto sobrecosto de más de $7.760 millones, a partir de un análisis del costo unitario de cada carrotanque nuevo puesto en La Guajira y realizado a partir de cotizaciones obtenidas por un equipo de la Delegada de Infraestructura, el cual determinó que el valor total, sin incluir IVA, de los 40 carrotanques debió ser de aproximadamente $31.567 millones y no los $39.327 millones pagados a la firma Impoamericana Roger SAS, antes de IVA.
Proceso viciado
La indagación que realizó la Contraloría arrojó que la Ungrd realizó la selección de los tres oferentes, Luket SAS; Impoamericana Roger SAS, y Brand SAS, en un tiempo récord.
“El mismo 12 de octubre de 2023, la Ungrd envió por correo electrónico la invitación a los tres cotizantes escogidos. Aunque el plazo vencía a las 6:00 p. m. de dicho día, las propuestas fueron remitidas a la Ungrd entre las 13:13 horas (Alexander Pastas-Impoamericana Roger SAS), 13:21 horas (Luket SAS) y 13:24 horas (Brand SAS)”.
Por otro lado, pudo establecerse que las tres empresas cotizantes tienen vínculos entre sí, tales como que hay una relación conyugal entre la propietaria de una ellas (Brand SAS) y el representante legal de otra de ellas (Luket SAS), Sandra Liliana Brand Pantoja y Luis Eduardo López Rosero, respectivamente.
Así mismo, en el año 2023, la empresa Luket SAS pagó los aportes al Sistema de Seguridad Social del señor Roger Alexander Pastas Fuertes, quien, para la fecha de la cotización y firma de la Orden de Proveeduría, fungía como representante legal de la empresa Impoamericana Roger SAS, que fue la adjudicataria de dicho contrato.
“Lo anterior significa que las tres empresas cotizantes tenían vínculos formales y que, entonces, no hubo escogencia aleatoria de ellas ni tampoco la debida competencia entre ellas”.
Sin planeación
Para la Contraloría, el proceso de contratación no contó con una planeación para garantizar la debida operatividad y sostenibilidad de suministro de agua potable mediante carrotanques para las condiciones particulares de Uribia y sus zonas rurales, toda vez que el aprovisionamiento de agua no está asegurado; tampoco está bien definida la contratación, pago y supervisión de los operarios que participan en este programa, ni tampoco están establecidas con precisión las comunidades beneficiarias del mismo ni la mejor ruta para llegar a ellas.
Por otro lado, enfatizó la Contraloría, la Ungrd no ha presentado la certificación de la debida desinfección de los tanques en acero inoxidable, habida cuenta de que fueron adquiridos para distribuir agua potable.
Por el presunto sobrecosto de $7.760 millones en la adquisición de los 40 carrotanques para distribuir agua potable en La Guajira, la CGR abre proceso de responsabilidad fiscal a exdirectivos de la @UNGRD y otros, y decreta embargos en su contra.https://t.co/DjiBEi0HmI
— Contraloría General (@CGR_Colombia) March 12, 2024
APN Noticias
