Por: Javier Quintero Rodríguez/ No se sabe cuántas comunidades puede haber, pero los datos oficiales manejan unos rangos que despejan casi todas las dudas. Han reunido 1.500, pero parecía que eran 3.000. El hábil ministro encuentra en cuestión de horas otras 12.000 pero el presidente no se queda atrás y habla de 20.000 con tendencia a 100.000. Por ahí anda la cosa.
En cualquier caso, parece estar claro que pocas o muchas, las comunidades están listas para crear sus empresas de tecnología. “Solo les falta dinero”, asegura el jefe de Estado. Veamos cómo funciona: Las juntas de acción comunal de cada barrio popular o vereda tendrán que crear una empresa prestadora de servicio de internet para su comunidad que tendrá prohibido generar utilidades, porque debe ser sin ánimo de lucro. Un exabrupto sería lucrarse con las dinámicas de la economía popular, que son representaciones del anhelado socialismo. Eso sí, estas empresas comunitarias trabajarán aprovechando las redes instaladas por las IPS (Internet Service Provider), organizaciones capitalistas que ofrecen el servicio actualmente. La empresa comunitaria ampliará esta red en la “última milla” hasta su comunidad. Como las IPS sí generan lucro, es apenas justo que el mismo se reduzca, ojalá hasta que se queden sin ánimo y regalen parte de su inversión multimillonaria en la red de fibra óptica, para que otros puedan usarla.
A pesar de que la idea es que vivamos en una pequeña Stalingrado, donde hay un poquito de todo para todos, lo que se crea es una empresa que vive en una economía de mercado y por lo tanto requiere de un capital inicial, contar con la caja suficiente para poder hacer las inversiones correspondientes a la instalación del cableado de fibra óptica, entre otras (CAPEX), además de una reserva para mantenimientos, servicio al cliente, aseguramiento de niveles de calidad mínimos y otros gastos operativos ineludibles (OPEX). Para una correcta operación deberán tener un centro operativo-administrativo, seguramente la sala de alguna casa del barrio, para no aumentar el Overhead. Necesitarán un administrador general, un director de operaciones con experiencia, un auxiliar contable, un tesorero y un operario, como mínimo. Enhorabuena, ninguna de estas posiciones laborales podrá ser flexible o por contrato de servicios, pues la reforma laboral de este gobierno protector del trabajador, sobre todo del sindicalista, así lo designa. Los empleos estarán protegidos. Aunque se trata de comunidades de nivel socioeconómico medio-bajo y bajo, será posible que algunos de estos puestos no requieran de pago porque la cohesión de la comunidad lleva a las personas a donar su tiempo en pro de la conectividad, en vez de buscar el sustento para sus familias.
En todo caso, dice el gobierno, el Banco Agrario les entregará, créditos blandos “de economía popular”, asumimos que sin preguntar demasiado. También es posible que hagan una Vaki entre los habitantes del barrio para poder operar.
Como en el barrio o vereda no se tiene conocimiento técnico que les permita administrar y operar una empresa de este estilo, se elegirán democráticamente algunos desempleados destacados y con tiempo suficiente para que vayan al Ministerio de la TICs a capacitarse. Las capacitaciones son verdaderamente sencillas y solo se requiere saber leer y escribir. El MinTic estima impartir ágilmente las asignaturas de finanzas, contabilidad, impuestos, recaudo, compras, punto de equilibrio, reportes, crecimiento empresarial, estructuración de proyectos, diseño de red, mantenimiento preventivo y correctivo, monitoreo de red, apuntamiento de antenas, mejoras de la red, expansión y mejoramiento de red, trabajo en alturas, ofimática, generalidades y uso responsable de internet, economía digital y ciberseguridad.
Ahora bien, como las empresas comunitarias deben recaudar lo suficiente para pagar el crédito y mantenerse, deben cobrar una tarifa que cubra todos estos costos y deje un remanente para reinversión. Pero como los volúmenes de materiales a comprar como tubería, cableado y dispositivos electrónicos son bajos, la posición para negociar con un mayorista es desventajosa y hacer una importación directa sería casi imposible, las economías de escala quedarán fuera del alcance. Un costo más alto obliga inevitablemente a cobrar un precio superior al de la gran empresa, cosa que poco gusta a nuestro presidente, quien considera que se cobra un precio muy alto por el internet y por lo tanto ha ordenado que las comunidades de conectividad ofrezcan el servicio a un precio más bajo que los del mercado actual: “un cobro social y equitativo”. Para lograr esto, no es claro cómo podría la empresa comunitaria bajar sus costos, pero no importaría porque seguramente será factible operar a pérdida de forma perpetua. Se podría subsistir a través de Vakis más seguidas, tal vez quincenales, o la solución puede estar en la creación del comité de conectividad del barrio, otra idea original del presidente y una linda representación de la economía popular que, en este caso, ni más ni menos, abre las “ventanas del universo” que, como sabemos, está en pleno pico de contagios con el virus de la vida.
Si por alguna sorpresiva razón esta idea fracasa, no se habrá perdido demasiado. Las comunidades se habrán entretenido con el montaje y desmontaje de una empresa y estas distracciones y pausas activas no dejan de ser importantes para la salud pública. Nadie les quitará lo bailado. Además, los inscritos darán un salto de la primaria a la maestría con las capacitaciones del Ministerio y quedarán entrenados de forma gratuita para trabajar en Claro, Movistar, Epm o Une. El dinero invertido en la iniciativa no se acercará ni a una quincena de lo que cuesta el helicóptero de la vicepresidenta, entonces todos tranquilos. Y en todo caso el Banco Agrario habría colocado créditos masivamente, no importa que se conviertan en cartera perdida.
Buena suerte les deseamos a las comunidades de conectividad, la necesitan toda.
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*Economista, MBA.
Twitter: @javierquinteror
