La transformación social y la posibilidad de acceder al desarrollo económico por las comunidades que han sido despojados de sus predios, al retornar a sus parcelas, toma significada la reparación.
Por: Juana Yolanda Bazán Achury/ Existen temas de la situación colombiana que son de gran interés para muchos, especialmente lo relacionado con los compromisos establecidos en el acuerdo de paz suscrito con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos en el año 2016, con las Farc EP, las obligaciones adquiridos fueron de enormes dimensiones para el Estado, pero el cumplimiento de las mismas, son la garantía de la Justicia, Reparación a la víctimas y de la no Repetición; el acuerdo de paz, quedó plasmado como una Política de Estado y no de gobierno, por lo que se deben hacer todos los esfuerzos por llevarlo a su cumplimiento.
Uno de los aspectos medulares para la garantía de la reparación a la víctima lo constituye la Reforma Rural Integral, en adelante RRI, en el documento firmado se dejó descrito en los siguientes términos: “La Reforma Rural Integral sienta las bases para la transformación estructural del campo, crea condiciones de bienestar para la población rural —hombres y mujeres— y de esa manera contribuye a la construcción de una paz estable y duradera.
El desarrollo rural integral es determinante para impulsar la integración de las regiones y el desarrollo social y económico equitativo del país. La RRI debe lograr la gran transformación de la realidad rural colombiana, que integre las regiones, erradique la pobreza, promueva la igualdad, asegure el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía y como consecuencia garantice la no repetición del conflicto y la erradicación de la violencia. Que una verdadera transformación estructural del campo requiere adoptar medidas para promover el uso adecuado de la tierra de acuerdo con su vocación y estimular la formalización, restitución y distribución equitativa de la misma, garantizando el acceso progresivo a la propiedad rural de quienes habitan el campo y en particular a las mujeres rurales y la población más vulnerable, regularizando y democratizando la propiedad y promoviendo la desconcentración de la tierra, en cumplimiento de su función social”[1].
Revisados algunos documentos de la Agencia Nacional de Tierras, y del Ministerio de Agricultura, encontramos en este proceso avances importantes, en desarrollando de la restitución en beneficio de los campesinos, los indígenas, los afro descendientes y otras comunidades, despojados de sus tierras como consecuencia del conflicto
Con anterioridad a la firma del acuerdo de paz, la Corte Constitucional en el año 2007, acogiéndose a los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia de Derechos Humanos, consagró en una de sus providencias que el Derecho a la Restitución de las tierras despojadas como consecuencia del conflicto, por los grupos al margen de la ley era un derecho Humano fundamental cuya restauración era obligación del Estado.
En consecuencia, el Congreso de la República aprobó la ley 1448 de 2011, por medio de la cual se estableció el marco jurídico para la Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado Interno y se dictan otras disposiciones; en los arts. 72 y siguientes se consagraron las acciones de restitución a los despojados.
Los informes de la Agencia de Restitución de Tierras, y de otras entidades públicas indican que, para el año 2022, se han iniciado trámites para 130.000 víctimas que han gestionado las solicitudes de restitución, se ha proferido por los Jueces de Restitución de Tierras 6.908 sentencias ordenando la restitución de 538.212 hectáreas y en algunos casos se ha dispuesto la compensación por que no ha sido posible la restitución.
Lo anterior representa 10.130 predios de ruta individual y 22 territorios para las comunidades indígenas, beneficiando a 78.300 personas; después de la firma del acuerdo de paz, se dictaron 4.642 sentencias, restituyendo 337 hectáreas, en favor de 51.096 personas.
Lo anterior, sumado a proyectos productivos que se vienen ejecutando con la ayuda del Gobierno, por parte de Colectivos de mujeres y otras comunidades.
La transformación social y la posibilidad de acceder al desarrollo económico por las comunidades que han sido despojados de sus predios, al retornar a sus parcelas, toma significada la reparación.
Resulta conmovedor ver a los desplazados que siempre estuvieron vinculados a su parcela, con nexos profundos con la tierra, la saben trabajar, contribuyen a la seguridad alimentaria del país; con carteles en los semáforos de las ciudades mendigando. (Nuestra población productora campesina se convirtió en una sociedad mendicante)
Trascurridos 11 años de la promulgación de la ley de víctimas y 6 años de la firma de acuerdo de paz con las FARC, se evidencia que algo se ha avanzado en la ruta de la reparación no como se quisiera, pero de una u otra forma son logros importantes para la consolidación de una paz duradera.
Con la aprobación del Acto Legislativo 035 de 2022 senado y 173 de 2022 Cámara, por medio de la cual se establece la Jurisdicción Agraria y Rural, avanzaremos significativamente en el logro de la restitución de tierra, con ella no se crea una nueva Corte, pero se fortalece la figura de la jurisdicción agraria y rural, con la cual se tendrán más jueces que se dedicaran exclusivamente a tramitar los procesos estancados en los temas de restitución.
La propiedad de la tierra y el acceso a ella en el sector rural, desde siempre ha estado presente en el conflicto interno colombiano, aún antes del surgimiento de la guerrilla. Es un instrumento de dominación por los detentadores y depredadores del poder, de desplazamiento y una herramienta de despojo y victimización.
La solución a esta problemática, plantea un escenario de recuperación de la confianza en la construcción de la paz.
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*Exrepresentante a la Cámara por Santander.
(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor).
[1] Texto del Acuerdo de Paz suscrito por el Gobierno Colombiano con la Farc. ( fuente Internet)
