Después de haber sometido a votación en redes sociales el tema de mi próximo artículo, quienes votaron eligieron la inseguridad en el departamento.
Por: Walther Mayger Duarte Gómez/ Recuerdo que en mi época de Universitario y de Delegado Estudiantil para Derechos Humanos Realizamos junto a algunos compañeros igual de inquietos, un pequeño e informal estudio de la importancia geoestratégica del Departamento para la criminalidad, esto nos llevó a observar en primera medida, que la trascendencia de Santander no era minúscula y por el contrario, era bastante trascendental.
Inicialmente es de tener en cuenta, que nuestros Departamento colindaba con zonas golpeadas por grupos al margen de la ley y donde se da el cultivo y producción de estupefacientes en gran proporción, pues, estamos cerca del Sur de Bolívar, sur del Cesar, parte del Magdalena medio y la Región del Catatumbo.
Pero la proximidad geográfica no es solo en cuanto a la producción, también la es en cuanto al tráfico, ya que, Santander colinda con la zona de frontera, por donde se da el paso de estupefacientes y también está cercano con departamentos que hacen parte del interior del país, de tal manera, que estamos ubicados en el paso para la exportación, pero también estamos en el paso para la distribución hacía el interior del país.
No solo es de tener en cuenta esto, también es pertinente revisar que en el departamento se ha dado un crecimiento importante en el consumo de sustancia alucinógenas, pues, no es para nada extraño, ya ver consumidores en municipios pequeños de Santander, lo que da a entender que, así como, hay consumidores, también debe haber expendedores, obviamente a una escala menor, pero que dada la naturaleza del negocio buscara crecer en cuanto a compradores.
Ahora, lo curioso de esto, es que tal denuncia la realizamos hace cerca de 15 años en la Mesa Departamental de Derechos Humanos, pues, para nosotros Defensores de Derechos Humanos de la Universidad Industrial de Santander, en esa época tal situación era un detónate contra la estabilidad del Departamento y una de las principales causas de la presencia de grupos paramilitares e insurgencia en el departamento, así como, de la violación de Derechos Humanos en zonas neurálgicas de Santander, pero más curioso resulta, que hace un año y medio aproximadamente (posiblemente mas) la entonces Defensora Regional del Pueblo hiciera la misma advertencia, es decir, llevábamos más de 15 años conociendo de la situación y todo seguía igual.
Bueno, analizando mejor las cosas, no, no todo seguía igual, los grupos paramilitares ahora se llaman bacrim, hay uno nuevo ingrediente y es la alta migración extranjera que trajo consigo la llegada de nuevas modalidades de criminalidad – así como, sucedió en otros países cuando se dio la alta migración de colombianos que llevaban consigo nuevas modalidades de crímenes- pues, es algo normal en estas migraciones masivas; también hay que agregarle que los altos niveles de corrupción administrativa han permitido en algunos casos exista contubernio entre administraciones, fuerza pública y bandadas criminales, es más, hace un tiempo alguien se atrevió a plantear que ya hay dineros de los carteles mexicanos circulando en las principales ciudades del departamento.
Pero la criminalidad no es una noticia solo de Santander, a nivel nacional esta ha crecido también y en algunas zonas las presencias de carteles mexicanos de las drogas también han contribuido a esto, es decir que el tráfico de estupefacientes interno en Colombia es un hecho notorio que ha irrigado en las zonas urbanas y que, por lo tanto, han incrementado las criminalidades urbanas.
Ante esta situación la solución no es llamar de manera desesperada al Ejercito Nacional, convirtiendo las ciudades en campos de batallas militarizándolas y poniendo en riesgo a la población civil, al traer combatientes del conflicto a los sectores urbanos, pues, se puede incrementar aún más, las olas de violencia, hay que entender la labor de la fuerzas armadas es la de proteger nuestra soberanía, lo que hay que hacer es quitarse la camiseta de campaña cuyo argumento es “mano dura y el ejército es la única solución”, lo que hay que hacer es generar una política nacional de seguridad urbana y rural de lucha contra el crimen organizado
Esta política, debe tener en cuenta un estudio de inteligencia territorial que permita saber que bandas y de qué tipo operan en los Departamentos y los territorios, por lo tanto, la articulación entre los gobiernos locales, territoriales y nacional debe ser al más alto nivel; de igual manera debe existir una articulación entre las fuerzas militares – Aquellos encargados de la soberanía – y la Policía, que en ultimas, es quien por mandato constitucional es la institución encargada de velar por la seguridad de los civiles.
En pocas palabras esta Política Nacional, regional y local, para acabar y reducir la criminalidad debe contener estrategias que permitan:
Conocer al enemigo a profundidad, esa es una de las principales labores a la hora de combatir el crimen y esto, no es algo que yo me invente, es algo que me dijo uno de esos muchos talentos que la corrupción y las roscas hicieron que partiera de Santander, me lo dijo una abogada Cum laude de la UIS, que estuvo en el Ejército colombiano, que posteriormente salió de allí, para terminar siendo capitán de la armada norteamericana y que trabajó en inteligencia urbana (lo que acá hace la Policía por su naturaleza constitucional en Colombia) en Afganistán, Irak y Kuwait, y que hoy en día trabaja para una agencia norteamericana de la cual me reservo el nombre.
Debe existir un trabajo articulado entre lo que hacen las fuerzas militares en las selvas y montañas colombianas y lo que hace la Policía Nacional en los municipios, no se trata de decir que uno ejerce más o menos autoridad, toda la fuerza pública en un solo conjunto debe ejercerla en la medida de sus facultades; por lo tanto, es necesario que el Gobierno Nacional trace la política nacional de seguridad urbana y rural, pues, esto es un problema nacional y no local, toda vez, que las bandas están trascendiendo hacia pequeños municipios, pues, ya pasaron las ciudades intermedias.
Es imperiosa una lucha frontal contra la corrupción, de tal manera, que permita acabar con la presencia y compra de funcionarios al servicio de las bandas criminales, insurgencias y carteles.
Finalmente, es de vital importancia, tener una política social que sea transversal en materia de jóvenes, laboral, deportiva, cultural, migrante, de atención a adicciones y de resocialización para arrebatarle nuestros jóvenes a los criminales (Carteles de drogas, bandas criminales, pandillas y corrupción), pues, de nada sirve luchar contra la criminalidad sino podemos generar una estabilidad social que evité el fortalecimiento de su accionar delictivo, pues, ellos se nutren de la necesidad del muchacho de barrio que no tiene trabajo, que ve troncados sus sueños deportivos, culturales; del joven del sector rural que la corrupción le arrebato las vías y sus posibilidades de estudiar o sacar sus productos a la ciudad, de la o el Joven que es violentada o violentado en su hogar, del ciudadano que cayó en una adicción y nadie lo ayudó.
¡SI!, hay que acabar con los criminales en Santander, y debemos entender que uno solo no lo hace, sino lo hacemos todos, pues, no es el indio, es la estrategia, el modelo y la tribu.
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*Abogado egresado de la UIS, especialista en Derecho Público, magister en Derecho, doctorando en Derecho.
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