Admiten Tutela contra Sentencia del Consejo de Estado

“Interpusimos Acción de Tutela en contra de la Sentencia que le impuso al país una moratoria minera, es decir, la imposibilidad de desarrollar cualquier proyecto minero, y que pretende acabar con el sector formal de la minería en Colombia (…)”, indicó la representante de Asomineros Vetas.

El pasado 21 de febrero, la Asociación de Mineros y Joyeros de Vetas (Asomineros), en cabeza de su representante Ivonne Consuelo González Jácome, instauró una Acción de Tutela en contra de la Sentencia del 04 de agosto de 2022, expedida por el Consejo de Estado, siendo Consejero Ponente Roberto Augusto Serrato Valdés, por el inconformismo de lo resuelto en el fallo de la Acción Popular que buscaba revolucionar y cambiar el 100 % de la política minera a nivel nacional y puso en peligro la Política de Formalización Minera.

Dentro del proceso solo se vinculó como intervinientes a instituciones públicas tales como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio del Interior y Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-, desconociendo el derecho a la participación ciudadana de los directamente afectados sobre las decisiones que se iban a tomar, es decir, no vinculó a grandes, medianos y pequeños mineros (quienes están en proceso de formalización o buscan formalizarse), y agremiaciones mineras más importantes del país, vulnerando además sus derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y debido proceso.

“Interpusimos Acción de Tutela en contra de la Sentencia que le impuso al país una moratoria minera, es decir, la imposibilidad de desarrollar cualquier proyecto minero, y que pretende acabar con el sector formal de la minería en Colombia. (…) Igualmente, al desconocerse el debido proceso no se realizó la adecuada conformación de las partes intervinientes para que existiera verdadera contradicción”, indicó la representante de Asomineros Vetas.

Hace 10 años se realizó la radicación de una Acción Popular en contra del Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Minería en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual pretendía suspender indefinidamente la presentación de solicitudes de concesión minera y otorgamiento de títulos mineros, ni tener en cuenta las propuestas realizadas hasta tener certeza en la delimitación de las áreas disponibles para el otorgamiento de los mencionados títulos.

Según González: “Este proceso ha pasado por primera y segunda instancia a lo largo del último decenio sin tener ninguna trascendencia; no ha contado con la participación deliberativa de todos los actores afectados”.

Paradójicamente y teniendo en cuenta lo mencionado, tres días antes de la posesión de Gustavo Petro como presidente de la República, se dio a conocer el texto de la mencionada Sentencia del 2022, hecho que concede validez a lo solicitado en las pretensiones por parte de los demandantes, la cual toma el nuevo gobierno como parte de su política para proponer reformas futuras.

De manera coincidente, la demanda fue presentada por el senador Iván Cepeda Castro y otros miembros de la política de izquierda, así como las organizaciones Centro de Estudios para la Justicia Social – Tierra Digna, Asociación Centro Nacional Salud, Ambiente y Trabajo – CENSAT Agua Viva, Pensamiento y Acción Social – PAS, Corporación Servicios Profesionales Comunitarios – SEMBRAR y Federación Agrominera del Sur de Bolívar – Fedeagromisbol, quienes no tienen ninguna vinculación con la minería ni presentan afectación personal con la misma. Por tal motivo, solo vincularon al proceso, conforme a lo solicitado, instituciones públicas y no contratistas mineros, quienes recibirían los perjuicios de una reforma.

Por ello, en la Sentencia del 2022 con la pretensión de proteger el medio ambiente, se ordena “actualizar la Política Minera Nacional para que la misma contemple acciones que permitan contrarrestar los problemas relacionados con el insuficiente ordenamiento territorial minero-ambiental, desarticulación institucional, y debilidades del modelo de control y fiscalización de los títulos mineros”, aunado a “formular proyectos de ley y de reglamento siendo el caso de la evaluación de los títulos mineros, figuras jurídicas de conservación de la biodiversidad, trámite de sustracción de los ecosistemas protegidos, regulación de los pasivos ambientales, y exigibilidad del licenciamiento ambiental desde la fase de exploración”.

De igual manera, piden “modificar el Código de Minas, la manera de contratar, dejar de lado las áreas protegidas y detener el catastro minero, entre otros, pues el fallo se convirtió en la materialización de la moratoria minera, de la cual hablaba Manuel Rodríguez Becerra, exministro del Medio Ambiente hace 10 años”, aseveró González.

Se espera que, una vez enterados del contenido de la solicitud de amparo constitucional, el Gobierno Nacional, en cabeza del Presidente, Minambiente y Minminas salgan en defensa de lo resuelto en la Sentencia del pasado 04 de agosto.

En consecuencia, Asomineros Vetas (Santander) invita a las demás agremiaciones, contratistas, mineros ancestrales y profesionales de la minería a participar activamente en el proceso, apropiándose en la defensa de los temas mineros pues esto también los afecta.

Destacados

-El fallo de la Acción Popular buscaba revolucionar y cambiar el 100 % de la política minera a nivel nacional; puso en peligro la Política de Formalización Minera.

-Según la tutela el Consejo de Estado desconoció la participación del sector minero y vulneró sus derechos constitucionales.

-La Acción Popular lleva un decenio en trámites y no ha sido aplicado su fallo.

-Paradójicamente, tres días antes de la posesión del presidente de la República, se dio a conocer la Sentencia del 04 de agosto de 2022, la cual toma el nuevo gobierno como parte de su política para proponer reformas futuras.

-De manera coincidente, la demanda fue presentada por el Senador Iván Cepeda Castro y otros miembros de la política de izquierda, quienes no tienen ninguna vinculación con la minería ni presentan afectación personal con la misma.

-La Asociación de Mineros y Joyeros de Vetas (Santander) invitó a las demás agremiaciones, contratistas, mineros ancestrales y profesionales de la minería a participar activamente en el proceso.