¿Qué pueden hacer en el Gobierno para salir del callejón en el que se metieron al intentar contener la crisis carcelaria generada por la pandemia?
Por: Érika Bayona López/ La crisis carcelaria fue declarada en 1998 y nuevamente en 2015 por los altos niveles de hacinamiento y la violación reiterada de los derechos fundamentales. Pero el problema no es sólo la insuficiencia de las cárceles, sino el exceso de uso por parte del Estado y la poca inversión en la ampliación de estas, dejando de lado lo más importante, su finalidad de resocialización.
El hacinamiento hoy en día sobrepasa el 285% en estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata en la ciudad. Este porcentaje supera el 200% y asimismo vulnera los derechos de las personas privadas de la libertad centros de reclusión transitoria. Ahora bien, hilando más a fondo el asunto, coexiste una vulneración del derecho humanitario, dadas las condiciones paupérrimas donde se condicionan estaciones de policía, sin contar con las garantías mínimas que debe contar cualquier ser humano sujeto a medidas preventivas como estas.
Esta grave problemática nos invade desde hace mucho tiempo, nos hemos visto cortos tomando decisiones al respecto y la administración ha hecho caso omiso a las advertencias y como consecuencia hemos evidenciado situaciones de vulneración a los derechos, fugas y alegaciones por supuesto trato crueles, degradantes e inhumanos al interior de estos centros. Debemos hacer uso de los recursos para resolver esta crisis penitenciaria y carcelaria, así como también enfocar a corto y mediano plazo acciones de mejoramiento y transición. Tenemos acceso al Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonset) y el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon). El distrito tiene acceso a esto para la construcción de nuevos establecimientos carcelarios y así mismo tiene abierta la posibilidad de contratar con empresas de seguridad acreditadas el servicio de custodia y vigilancia.
Las violaciones a los derechos humanos privados de la libertad PPL persisten y la administración sigue haciendo caso omiso a las advertencias de esta Procuraduría Delgada, como también de las distintas veedurías, buscando proteger los derechos humanos tanto de presos como de funcionarios expuestos a esta problemática. Sin embargo, pese a la existencia como hecho notorio de esta problemática, pareciese como si el grado de exposición fuera un hecho normalizado de tal situación.
La Procuraduría, en el caso de la ciudad capital, le reprochó a Claudia López y a su administración, ya que el Ministerio Público requirió a la mandataria distrital la administración y vigilancia de cárceles para personas detenida preventivamente. En este sentido, el Misterio Público requirió a la mandataria distrital asumir directamente, como o determina la ley, la administración y correcta vigilancia de estos centros penitenciarios. Para el ente de control os compromisos adquiridos por la administración de López para atender esta crisis no han generad el impacto esperado y han sido insuficientes para solucionar de fondo esta grave problemática.
¿Qué pueden hacer en el Gobierno para salir del callejón en el que se metieron al intentar contener la crisis carcelaria generada por la pandemia?
Primero dar reversa, reconocer el error y volver a declarar la emergencia social y económica, con este amparo legal medírsele a tramitar un nuevo decreto de excarcelación. Deshacer y hacer también es hacer, dice el refrán. Tienen muy poco tiempo para dar el “reversazo”, no se pueden volver a tomar un mes para hacer consultas y pedir conceptos.
Segundo, no pueden seguir girando a la derecha. Hay que superar el falso dilema de seguridad versus salud pública, donde se sacrifica la salud en nombre de la seguridad. Aquí la voz y las acciones del ministro de Salud son tan importantes y necesarias como las del Fiscal y la ministra de Justicia. En el nuevo decreto se le deben dar facultades extraordinarias (y por tanto temporales) a las cabezas del sector salud para intervenir algunos centros penitenciarios y pabellones.
Tercero, en el Palacio de Nariño tienen que apagar el GPS ideológico y dejarse guiar por quienes mejor conocen el tráfico (la rama judicial). Hay tres rutas posibles, una que no han usado es la autopista de las decisiones administrativas, esta opción consiste en facultar al Inpec para tomar decisiones de traslados a casa por cárcel, sin que intervenga un juez. Tiene la ventaja de ser la más rápida y la de mayor escala, pero también la de mayor riesgo de corrupción.
Esta ruta, aunque es explicita y legal, se debe considerar en casos extremadamente puntuales y de emergencia, muy bien definidas por condiciones objetivas y con suficiente supervisión. Por ejemplo, para el manejo de detenidos de la tercera edad.
Las cárceles de Colombia viven su propia pandemia, el sistema penitenciario esta es crisis y esto es una realidad. Sin embargo, más allá de ello, es evidente una reforma sistemática en la prevención del delito, así como también fortalecer las ofertas de empleo en lo público como en lo privado, ya que para nadie es un secreto que es más fácil, por así decirlo, dedicarse a la delincuencia que conseguir empleabilidad en este país, donde lamentablemente existe una devaluación de la moneda colombiana y por ende inflación histórica en la canasta familiar.
No hay duda de que nuestro modelo penitenciario está en crisis, y no precisamente por la cinematográfica fuga de Aida Merlano. La indignación que ha generado esta nueva historia macondiana ya cobró la cabeza de varios funcionarios e incluso ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de liquidar el Inpec.
Por supuesto que hay que combatir sin tregua la corrupción del sistema carcelario. Sin embargo, los retos son más grandes y mucho más complejos. De esto dan cuenta las denuncias de la Defensoría del Pueblo y los diferentes pronunciamientos que ha proferido la Corte Constitucional desde 1998. Para entender la dimensión del problema es necesario traducirlo en algunas cifras.
En Colombia existen 137 centros penitenciarios del orden nacional. Su capacidad es para unos 78.000 internos; sin embargo, se tienen alrededor de 120.000 presos, es decir que hay un hacinamiento del 54 por ciento, cifra muy superior a cualquier estándar internacional. Para cuidar a dicha población, el Inpec cuenta con aproximadamente 13.000 funcionarios, de los cuales sólo unos 11.000 cumplen funciones de vigilancia en tres turnos. Ante la incapacidad de controlar lo que sucede dentro de los penales, la desproporción entre reclusos y guardias genera las condiciones necesarias para que se disparen los niveles de corrupción y de criminalidad. Baste recordar que en las cárceles se mueve un negocio de drogas equivalente a lo que se consume en departamentos enteros como Bolívar; o que en cada redada se encuentran armas, celulares e incluso cuerpos descuartizados. No sobra mencionar que una de cada dos extorsiones del país se genera desde los centros de reclusión.
A lo anterior se suman otras dificultades, como, por ejemplo, la falta de infraestructura sanitaria digna. Decenas de reclusos mueren al año por falta de atención médica. Por otro lado, las cifras de dependencia a las drogas superan 10 veces el promedio nacional; y la tasa de reincidencia, aun con subregistros, es del 20 por ciento. Adicionalmente, casi una tercera parte de la población carcelaria es sindicada, es decir que no ha sido condenada aún por la justicia, lo cual le cuesta al Estado, en demandas acumuladas por detenciones ilegales, unos 20 billones de pesos, es decir, más de 3 reformas tributarias. Y estos son solo algunos de los innumerables retos que deben ser atendidos.
Tenemos una política pública que está vigente hoy en día. Valdría la pena que al mismo tiempo que se estudia la posibilidad de darle un revolcón institucional al modelo penitenciario, se desempolve el Conpes 3828 y se les exija a las diferentes entidades el cumplimiento de las acciones a las que se comprometieron, así como también evaluar la funcionalidad y eficiencia al interior de la administración de estos centros de resocialización. Como quiera que sea, lo que se busca es forjar capacidad humana en etapa posdelito.
Es indignante, por demás, que haya tenido que caernos encima una pandemia mundial para darnos cuenta de que nuestro sistema carcelario tiene este nivel de inhumanidad tan agravado. E igual de indignante es que el gobierno nacional no entienda que las soluciones vienen dándolas los estudiosos del tema hace años, sin ser oídos, como hablándole a un interlocutor sordo.
¿Y el gobierno? Bueno, no es de sabios señalar, pero no es de tontos olvidar. Sea cual sea la razón, el gobierno debe dejar de planear y actuar de manera contundente, el gobierno debe respetar los derechos y tomar medidas con acciones que reflejen el cumplimiento de sus promesas de campaña y que busquen minimizar en lo posible, la inseguridad jurídica, social y económica.
¡Claro está que para las verdades el tiempo y no por eso digo que lengua es el azote del cuerpo!
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*Acount Auditor-QA / MBA y Máster en Project Management. Auditor interno BASC. Administradora de Negocios Internacionales y Especialista en Mercadeo Internacional de la Universidad Pontificia Bolivariana.
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