“No podemos pensar en un desarrollo sostenible real, mientras se acaba con los recursos del subsuelo, amenazando el ambiente y la vida, como en Santurbán y en el Chucurí, en vez de explotar racionalmente el agro colombiano, máxime considerando que dependemos cada vez más de la comida extranjera”.
Por: Orlando Beltrán Quesada/ Colombia ha sido en esencia un país donde la clase política tradicional ha manejado desde siempre a su antojo la voluntad popular, al vaivén de las prebendas para ciertos líderes de barrio o dirigentes comunales, las falsas promesas, el engaño y la mentira, con el trasfondo de la compra de votos a los electores primarios mediante el asado veredal, el plato de lechona, el tamal o las tejas, el ladrillo y el bulto de cemento, amén de la mermelada y el C.V.Y. de la contratación pública. Todo ese tinglado corrupto y antidemocrático que constituye el aceite para mantener vigentes las denominadas maquinarias políticas.
Cuando en el horizonte de la esperanza aparece un líder que no comparte esa forma de corromper la democracia; que habla y procede con la verdad; que no se deja sobornar ni cae en esos vicios clientelistas; que tiene propuestas serias y demostradas de mejora para la condición de inequidad e injusticia en que vive la mayoría; que demuestra con hechos su compromiso con las ideas de avanzada y progreso, empieza a ser considerado como un enemigo común por toda esa caterva de vividores, verdaderos delincuentes electorales, compradores de la buena fe popular.
Entonces buscan difamarlo, derrotarlo, hundirlo, cerrarle el camino, o, de ser preciso, matarlo para sacarlo del medio para siempre. Son conocidos los casos remotos y recientes en la historia de Colombia de tantos que han caído como mártires de sus ideas, y que ya conforman una larga lista.
Ahora, encarnando el progresismo, apuntando a las transformaciones de fondo con justicia social, esperanza y verdadera paz, un líder y pensador de izquierda llega a timonear ese barco sin rumbo que es Colombia en la actualidad: Gustavo Petro Urrego, quien a lo largo de su trayectoria como luchador social desde las equivocadas y entregadas armas en el M-19 y también desde su portentoso desempeño como parlamentario, cuestionó siempre el absurdo modelo extractivista, inmediatista, que ha regido hasta ahora en Colombia, el de una economía que basa sus fortalezas en vivir de los recursos naturales no renovables, agotables, y que finalmente lleva al desastre ambiental y al incremento de la violencia y de la pobreza, cada vez más notorias en nuestro país. Pan hoy, poco, por cierto, y hambre para mañana; mucha hambre.
Fácil es mirar lo que ha sucedido con los carbones del Cerrejón y sus nefastos impactos negativos sobre el medio natural – agua en particular-, la inocultable miseria y deterioro total de la salud de los pobladores por la contaminación atmosférica, mientras las empresas BHP Billiton, Xstrata y Anglo American, derivan de ello su gran enriquecimiento. Igual sucede en el caso de Yanacocha, la más grande extractora de oro a cielo abierto del mundo en Perú. Miseria, desolación y muerte, mientras la multinacional estadounidense Newmont se lleva casi la totalidad de las ganancias económicas.
En estos momentos, esa grave amenaza de la minería de carbón para el agua, la naturaleza y los territorios productivos de cacao la tenemos en Santander, en tierras chucureñas. La Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, en cabeza de Alexevith Acosta, otorgó licencia ambiental, a la empresa Colcco S.A. para la “Gran primera fase” de 150 hectáreas, de un total de 1.949 hectáreas que abarca el proyecto para la explotación carbonífera que pretenden desarrollar, y por lo cual las comunidades de los municipios de El Carmen y San Vicente, afectados por esta absurda decisión, se encuentran en justo paro hace varios días en la vía Lizama-San Alberto.
Todos los santandereanos debemos repudiar las amenazas que han hecho las denominadas “Autodefensas Gaitanistas” (nombre que Gloria Gaitán, la hija del celebérrimo líder, rechaza rotundamente, ya que jamás correspondería al perfil pacífico y democrático del asesinado mártir de las ideas liberales) a varios líderes y lideresas que se oponen a ese criminal proyecto carbonífero en tierras chucureñas, con impactos negativos también sobre el Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes, uno de nuestros tesoros en biodiversidad colombiana.
La protesta social es un derecho pleno de las comunidades, y ante la posibilidad de que la CAS no revise la absurda decisión plasmada en la resolución 574/2022 y la reverse, es el único camino para demostrar su inmenso inconformismo y poder exigir a la autoridad ambiental que cumpla con su misión de proteger los recursos naturales en vez de propiciar su contaminación y destrucción.
Muchos ambientalistas de Santander y de Colombia acompañamos y respaldamos al 100% esta posición de la comunidad chucureña. Se hace muy necesario que el presidente Gustavo Petro y sus ministros de Ambiente, Susana Muhamad, y de Minas, Irene Vélez, hagan valer el Acuerdo de Escazú signado por Colombia, en cuanto a propiciar un entorno seguro a las personas que defienden los derechos humanos en asuntos ambientales, para poder actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad. (Artículo 9).
No podemos pensar en un desarrollo sostenible real, mientras se acaba con los recursos del subsuelo, amenazando el ambiente y la vida, como en Santurbán y en el Chucurí, en vez de explotar racionalmente el agro colombiano, máxime considerando que dependemos cada vez más de la comida extranjera. El maíz, por ejemplo, se importa en más de un 85% de Estados Unidos, y todo es transgénico, con un riesgo aún desconocido para la salud humana y animal.
El trigo, la cebada y el arroz, granos muy importantes para la nutrición de los colombianos son también importados en grandes cantidades al igual que los infaltables fríjoles, o frutas como peras, manzanas, uvas o duraznos. Resulta en verdad motivo de vergüenza patria que, en Colombia, poseedor de climas y suelos privilegiados en el mundo, con un potencial para cultivar de 39,2 millones de hectáreas, es decir el 34% de sus 114 millones, apenas se hayan sembrado 5,3 millones de hectáreas en 2021. Un pueblo cuya comida depende de los extranjeros, es un pueblo sometido, con una economía subyugada, sin posibilidades de superar su pobreza.
El reto del presente gobierno es grande. Es el comienzo del cambio, tan esperado, tan soñado por tantos electores, y a la vez tan cacareado por los traficantes de la política, los engañadores de siempre, los que han manchado las banderas liberales, conservadoras y de otros partidos, antiguos y nuevos, -salvando las excepciones- desdibujando sus principios y convirtiéndolas en banderas de la codicia sin fondo y la corrupción.
Petro encarna la esperanza de ese cambio anhelado. Tecnificar el campo, así como darles oportunidades a los campesinos de labrar su propia tierra, con garantías para su trabajo y para tener luego precios justos, es clave para poder producir alimentos propios y en abundancia, como ha sido el sueño de muchos pensadores liberales, ciertos y acertados.
Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, lo expone muy bien, afirmando que se debe “lograr una producción rentable de alimentos, mantener la seguridad alimentaria y acceso económico a los consumidores, lo cual significa luchar contra la inflación y lo tercero combatir el retroceso del campo”.
Petro NO va a expropiar, sino a democratizar los suelos potencialmente productivos, para que haya comida y los verdaderos campesinos tengan tierra propia. Que los latifundios ociosos (fincas de más de 500 hectáreas improductivas, dijo durante su campaña), paguen el 12 por mil como impuesto predial, que los vendan a alguien que los ponga a producir, o que los vendan al estado colombiano, que los entregará a campesinos pobres. ¿Esto es Castro-Chavismo o comunismo? Para nada. Esto es una nueva reforma agraria, más que necesaria hoy, idea puramente liberal ya intentada por López Pumarejo en 1936 y por Carlos Lleras Restrepo en 1968.
El tema del desarrollo sostenible del agro y la comida, la nutrición, es amplio y le daremos desde esta columna la importancia que merece…
Vendaje: ¿Cómo es posible que los ladrones nocturnos se hayan llevado el busto de bronce del General Benjamín Herrera, que se encontraba en el pequeño parque de su nombre frente al parque Turbay de Bucaramanga? Esta obra artística, de autoría del maestro José María Angulo, fue colocada inicialmente en 1939 en la vieja avenida 36, donde actualmente se encuentra el edificio Colseguros, Luego, en 1965 fue trasladada al parque mencionado, carrera 27 entre calle 51 y carrera 26A. En la noche del 2 de enero pasado, o madrugada del 3, fue robada de su sitio, para lo cual fue necesaria cierta cantidad de tiempo y ruido, ya que utilizaron porras y tal vez seguetas, como fácilmente se puede corroborar viendo como quedó el pedestal luego de la faena de desprendimiento del pesado busto.
Dado que esta escultura es un bien patrimonial del municipio y se encuentra referenciado bajo custodia del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, IMCT, con el código APB-00016 y fue avaluado en 2006 por la suma de cuatro millones de pesos, ¿podemos pensar los bumangueses que la alcaldía ya interpuso la correspondiente denuncia penal por este crimen contra nuestro patrimonio cultural, determinando su valor económico en valor presente y considerándola invaluable como obra artística? Así debe ser y si el gobierno de Juan Carlos Cárdenas no lo ha hecho, es su obligación legal y moral hacerlo. Para nada sería descabellado que también la alcaldía ofreciera una recompensa económica para quien delatase no solo a los ladrones, sino a quienes compraron, de buena o mala fe esta escultura, a la que bien pudieron haber cortado en trozos para disfrazarla, pero cualquiera que se precie de observador podría concluir de pronto que los trozos corresponden a una escultura de cierto tamaño. Así como los criminales se salieron con la suya esta vez, muy seguramente lo van a intentar con otras de las muy valiosas estatuas que dan razón de nuestro pasado histórico y cuyo robo y destrucción debería dolernos a todos.
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*Administrador de Empresas UNAB, Especialista en Derecho del Medio Ambiente U. Externado, Fundador de ADAN en 1988.
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