En peligro se encuentran las personas, las fuentes hídricas y la agricultura de la Provincia Yariguí en Santander.
Por: David Guerrero/ Desde el 9 de enero iniciaron los bloqueos viales en San Vicente de Chucurí, Carmen de Chucurí y Barrancabermeja, las comunidades campesinas exigen que la Corporación Autónoma de Santander (CAS), que dirige Alexcevith Acosta, anule la licencia ambiental que le dio a la multinacional Colcco, representada por Jorge Manuel Castellanos, para la explotación minera de carbón en 1.949 hectáreas, que desaparecerían dos veredas y afectarían de manera directa el Río Cascajales, principal fuente de vida para la población y la gran biodiversidad del territorio.
¿Será ésta la primera lucha ambiental que gane una comunidad bajo el nuevo gobierno progresista, en medio de la amenaza por grupos armados de siempre?
El día 14 y 15 de enero se conocieron panfletos de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, en donde amenazan a 20 lideresas y líderes de la región, se les ordenaba salir del territorio o serían objetivo militar, sigue siendo en Colombia un gran riesgo querer defender la naturaleza. Ante este hecho han llegado más voces de apoyo a la causa por el agua y la vida. Son tantas las protestas y luchas socioambientales que se viven en nuestro país, que no tienen más que crecer y luchar por triunfar, a pesar de lo hostil y peligroso que pueda tornarse, pues es la vida misma la que está en peligro, no se tiene más que la vida para ponerse de frente.
Voces del territorio
Don Pedro, agricultor, expresa en medio de la protesta: “Yo estoy decidido a no vender mi finca, porque nos acaban las aguas, nos contaminan los aires, nos contaminan nuestros cultivos, el Carmen de Chucurí es una zona que da aguacate, cacao, pastos. A eso es que yo me enfoco, ¡no a la minería! ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a la juventud que viene? nosotros ya estamos doblando la esquina, pero nosotros tenemos que pensar en la niñez, eso es lo que más me hace salir a esta protesta”.
Odeida Suarez, activista antiminera y antifracking, enfatiza: “Hay todo tipo de vicios tanto en el título minero como en la licencia ambiental, no tuvieron en cuenta a las comunidades, adicional a eso no registraron todas las fuentes hídricas que hay, ni la producción agrícola, ni la demografía, el estudio sociocultural, socioeconómico es totalmente erróneo, entonces estamos aquí esperando respuesta del gobierno nacional, un gobierno que ha manifestado en la COP 27 que va a descarbonizar, una ministra de minas que dijo trabajar por una transición energética, pues estamos aquí esperando esas respuestas del gobierno amigo de las comunidades que dice ser, entonces vamos con ésta protesta hasta donde las comunidades decidan, todos a una voz ¡Colco No Va!”.
Se cumplen 10 días de protestas, de resistencia, éstas manifestaciones han tenido eco en medios de comunicación locales y nacionales, han contado con el apoyo de organizaciones sociales, campesinas y ambientales de todo el departamento, colectivos como el Comité Santurbán, Comité Cerros Orientales, Corporaciòn Compromiso, Acción Florida, sindicatos, congresistas, diputados y hasta el pronunciamiento de la ministra de ambiente Susana Muhamad: “Desde @MinAmbienteCo respetamos su legítimo derecho a cuidar el agua, la vida y el territorio”. El apoyo colectivo va en aumento.
El director de la CAS, se vio obligado a asistir al lugar de la movilización el 10 de enero, porque la comunidad ya había intentado reunirse con él en San Gil, sede de la CAS y en la asamblea departamental, pero no había querido “dar la cara”, manifiestan los líderes de la comunidad y organizaciones defensoras de los ecosistemas. Alexcevith, con su discurso ese día sólo intentó confundir a las comunidades, según el comunicado de “Resistencia a la minería”, “aseguraba que los cuerpos de agua son escorrentía, desconociendo y contradiciendo lo que la población ha demostrado con evidencias. Exigimos que se retracte de dichas declaraciones y que asuma la responsabilidad normativa para la cual fue creada la CAS, negando la licencia ambiental para explotación minera, ahora y en el futuro”, termina el comunicado.
¿Será que en Santander se repetirá lo mismo que en la Guajira con la megaminería de carbón, El Cerrejón?
“A lo largo de estos cuarenta y cuatro (44) años de actividad minera en la Guajira, se violentaron los derechos como comunidades Wayuu, Afro y Campesinos, de múltiples y diversas maneras. Fueron confinados, despojados, desplazados, amenazados, intimidados, engañados y desalojados bajo las promesas del ‘desarrollo’ para La Guajira, pero lo único que les ha dejado es una crisis humanitaria por la falta de agua, soberanía alimentaria y contaminación al ambiente, y sin territorio”, explica el texto “Minería a gran escala y derechos humanos: lo que el des-arroyo trajo a La Guajira”, de la revista Noche y Niebla del año 2020.
Han pasado por encima de la naturaleza, las comunidades y las leyes: han incumplido más de 15 fallos judiciales que ratifican la sistemática vulneración de los derechos de las personas que habitan ese territorio, por parte de la minería y el Estado.
Actualmente en Santander se anunciaron reuniones entre la CAS, el ministerio de ambiente, el ministerio de minas y demás autoridades garantes, se esperan los mejores resultados de éstas. La comunidad está dispuesta a seguir ejerciendo su derecho a la protesta, por los días y el tiempo que sea necesario hasta ver caer la licencia otorgada a Colcco por la CAS, será éste un gran reto para el gobierno nacional para que desde su “bandera ambiental”, consiga en la práctica hacer respetar, realmente, los ecosistemas y las comunidades en la Provincia Yariguí, su agua, la agricultura y su gente, así lo merecen y exigen.
La afirmación que titula esta causa es #ColccoNoVa.
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* Activista Ambiental y defensor de los Derechos Humanos.
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