Más de diez años después de la revuelta popular que condujo al derrocamiento del régimen del ex autócrata Zine el-Abidine Ben Ali, Túnez sigue sin dar señales de salir de una crisis política, que lleva años minando la vida de los habitantes de este pequeño país norteafricano.
Casi todos los partidos de la oposición al presidente Kaïs Said han llamado a boicotear las elecciones legislativas previstas para el sábado 17 de diciembre. Ahmed Nejib Chebbi, jefe del “Front de salut national”, principal alianza opositora, informó que el bloque no reconocería los resultados del sábado.
Las elecciones «sumirán aún más al país en una crisis política», declaró el jueves Chebbi a los periodistas en Túnez.
La oposición denuncia las elecciones como un golpe contra la única democracia surgida de las revueltas de las “primaveras árabes” de 2011. La elección de la nueva asamblea de 161 escaños se produce después de que Said congelara la anterior legislatura, el 25 de julio de 2021, tras meses de una profunda crisis política agravada por la pandemia de coronavirus. Said disolvió entonces el Parlamento, dominado durante años por el partido islamista Ennahdha (que forma ahora parte de la coalición opositora “Front de salut national”).
El miércoles, el jefe de Estado volvió a defender su decisión y dijo que era la voluntad del pueblo tunecino. «El país estaba al borde de la guerra civil», declaró al secretario de Estado estadounidense Antony Blinken en Washington. De hecho, Said había gozado de un fuerte apoyo popular tras tomar esta decisión, que le valió duras críticas internacionales. Gran parte de los tunecinos, hartos de un Parlamento considerado disfuncional, responsable de la crisis económica e incapaz de gestionar la crisis del coronavirus, habían apoyado entonces la decisión del presidente. Pero desde entonces, muchos consideran que su situación apenas ha mejorado.
El paso a un sistema presidencialista
La anterior legislatura tunecina tenía amplios poderes en virtud de un sistema mixto presidencial-parlamentario consagrado en la Constitución posterior al levantamiento popular de 2011.
Pero el pasado mes de julio, Said aprovechó un referendo muy cuestionado, para aprobar una nueva Constitución que despojó al Parlamento de todo peso real y otorgaba a su propia oficina poderes casi ilimitados.
El jurista que había supervisado la redacción de la nueva Constitución declaró entonces que la versión publicada por Said había sido modificada de forma que podía conducir a un «régimen dictatorial». Bajo presión, el presidente publicó posteriormente otro texto ligeramente modificado.
En consecuencia, los futuros diputados solo tendrán poderes limitados. No podrán controlar la acción del gobierno ni censurarlo y no tendrán poder para poner fin al mandato del presidente de la República. Por último, deberán examinar prioritariamente los proyectos de ley presentados directamente por el gabinete del presidente.
Un «residuo de Parlamento»
El analista Hamadi Redissi declaró a la agencia de noticias AFP que el objetivo de la votación del sábado era «completar el proceso iniciado el 25 de julio» del año pasado. El Parlamento resultante «no tendrá muchos poderes».
Además, el nuevo sistema propuesto por Said suprime los partidos políticos y las listas electorales, lo que significa que los candidatos serán elegidos como individuos, sin ninguna afiliación política declarada. La votación pretende «aumentar la legitimidad de la presidencia», estima Redissi, insistiendo en que el resultado sería «un residuo de Parlamento».
Con el boicot de la oposición, también es probable que la futura asamblea -que no se espera que se constituya hasta la primavera del año que viene- esté muy fragmentada.
La mayoría de los 1.058 candidatos son desconocidos y hay pocos carteles en las paredes de la capital, Túnez, o en las demás grandes ciudades del país. Jubilados, amas de casa, personas sin trabajo: aproximadamente uno de cada seis candidatos no tiene actividad declarada, según el Observatorio Tunecino de la Transición Democrática, mientras que los demás proceden en su mayoría de la función pública y la educación. Las pocas figuras que tienen experiencia política son diputados del anterior parlamento, activistas de izquierdas o personalidades que apoyan al presidente. Apenas más de un centenar de mujeres son candidatas.
Una situación que “va de mal en peor”
En las calles, en vísperas de las elecciones, se escuchó el miércoles 10 de diciembre una pequeña protesta contra Kaïs Said; encabezada por varios partidos de la oposición. Los opositores siguen denunciando el endurecimiento del sistema y la incertidumbre política que reina en el país. Pero estas elecciones no sólo son rechazadas por la oposición. Los votantes tunecinos se declaran apáticos y se espera que muy pocos de los nueve millones de votantes registrados acudan a las urnas.
Varios jóvenes dijeron que no les interesaban estas elecciones y que no querían saber más sobre los candidatos. En efecto, la población tunecina está mucho más preocupada por el costo de la vida, la falta de productos de primera necesidad y la crisis económica, que por las elecciones.
Marwa Ben Miled, comerciante de 53 años, declaró que la situación en el país «iba de mal en peor». «No me interesa lo que ocurre en la escena política», reconoció. «No confío en nadie».
Además, una ley electoral promulgada por Said en otoño prohíbe a los candidatos hablar con la prensa extranjera, una imposición que, según el Club de Corresponsales Extranjeros Norteafricanos, dificulta el trabajo de los periodistas. En caso de no respetarla, la ley electoral prevé sanciones que van desde multas hasta la inelegibilidad.