Por: Holger Díaz Hernández/ “Aunque el miedo tenga más argumentos, elige siempre la esperanza”: Seneca.
El presidente Gustavo Petro anunció que presentará una nueva reforma pensional y alborotó el avispero, no solo el político sino también el del sistema financiero del país, por los alcances que tiene su propuesta, que es loable en la medida que abre la posibilidad de subsidiar a 3 millones de adultos mayores que hoy reciben en promedio 80.000 pesos mensuales, pasándolo a 500.000 pesos, lo que generará una revolución social que dignificaría la vida de estas personas, pero al mismo tiempo la propuesta genera importantes inquietudes porque implicaría que más del 90% de los afiliados actuales pasarían a Colpensiones a través de un sistema de pilares y que los recursos de estos subsidios provendrían del fondo público con serias implicaciones en el futuro fiscal del país.
Si hacemos un repaso a nuestra historia en seguridad social, es en 1946 cuando inicia en Colombia el primer sistema de pensiones moderno, al crearse Cajanal que cubría solo a los empleados públicos, a los cuales el estado les financiaba la mayoría de la cotización, en 1967 aparece el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales (ICSS), que incluyó a los empleados del sector privado y en 1993 con la ley 100 se crea el Sistema General de Pensiones, con dos sistemas mutuamente excluyentes que compiten entre sí: el Régimen de Prima Media (RPM) de carácter público, a cargo de Colpensiones (reemplazó al Seguro Social en 2011), en este se requiere haber estado afiliado mínimo 1.300 semanas y la pensión es el promedio de lo cotizado en los últimos 10 años y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) a cargo de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), en este no se requiere mínimo de semanas cotizadas sino haber ahorrado una cifra mínima para garantizar la pensión, si esto no ocurre le devuelven lo ahorrado, en ambos es requisito tener: 62 años los hombres y 57 las mujeres.
Son dos regímenes de pensiones: 1. El público donde las cotizaciones van a una bolsa común que paga las pensiones actuales, cuyo déficit representa más de 41 billones anuales, que son asumidos con cargo al presupuesto general de la nación (PGN) de nuestros impuestos y 2. El privado manejado por las AFP donde cada cotizante es el dueño de sus ahorros en una cuenta individual, a los que se suman los rendimientos financieros producidos por las inversiones que estas realizan.
Además de la pensión de vejez están las de sobrevivencia, la de invalidez, la pensión familiar que resulta de la sumatoria de los aportes de los dos miembros de una pareja a lo largo de sus vidas y los regímenes especiales o exceptuados que incluyen a Ecopetrol, el Magisterio y las Fuerzas militares y de Policía (estos regímenes generan el 65% del gasto en pensiones de la nación). Y también están las pensiones subsidiadas a cargo de Colombia Mayor para casi 2 millones de adultos mayores y los denominados BEPS o beneficios económicos periódicos, figura jurídica dirigida a los informales con poca capacidad de pago para ahorrar en el sistema y el estado les apoya con un 20% adicional para estimular el mismo.
A mayo de este año, los afiliados a pensiones eran un poco más de 25 millones de personas, 18.343.249 en fondos privados y 6.779.492 en Colpensiones pero la mala noticia es que menos de la mitad están activos o sea cotizan en la actualidad, por lo tanto tenemos no solo coberturas muy bajas, sino que además sólo el 25% de ellos recibirían una pensión efectiva.
En el país hay aproximadamente unos 2.5 millones de pensionados (5% de la población total) de ellos: 1.7 millones están en Colpensiones, 300 mil en fondos privados y unos 500 mil en regímenes especiales y en cuanto a los recursos que maneja cada sistema, las AFP cuentan con 344 billones de pesos, Colpensiones unos 10 billones y en BEPS hay unos 330 mil millones.
Con este panorama la propuesta del presidente Petro es cambiar el sistema actual por uno de pilares, donde los sistemas no compitan entre sí, sino que sean complementarios, esto significa que todos estaríamos afiliados obligatoriamente al sistema público y si nuestros ingresos superan los tres o cuatro salarios mínimos podríamos pertenecer a partir de ahí a los fondos privados. Sería así: 1. Un Pilar Uno, manejado por el estado que garantiza una pensión básica. 2. Pilar Dos, de ahorro individual, manejado por los fondos privados, para quienes tienen ingresos más altos. 3. Pilar Tres, de ahorro voluntario para quienes quieran mejorar la pensión final y un Pilar Cero, No contributivo, donde el estado genera subsidios para combatir la pobreza entre los adultos mayores que no pudieron ahorrar durante su vida laboral.
Lo que se conoce de la propuesta, es que la meta del gobierno es tener un primer pilar hasta de cuatro salarios mínimos (representa el 93% de los actuales afiliados al sistema) que pasarían automáticamente a Colpensiones y un segundo pilar a cargo de los privados, con lo cual se eliminaría la distorsión actual, ya que quienes tienen mayores ingresos son los que más se benefician de los subsidios a las altas pensiones y no los pobres como debería ser. Esta propuesta no es nueva, se intentó en el gobierno de Santos, en cabeza de su ministro de Trabajo de entonces, Rafael Pardo, quien la propuso a las bancadas de las comisiones séptimas pero no se presentó formalmente al congreso por consideraciones de carácter electoral.
La discusión abarca varios aspectos que tienen que ver con el impacto que una reforma de este tipo tendría no solo sobre las pensiones del país sino también sobre el futuro de las AFP, que de acuerdo al rasero de salarios mínimos podrían incluso desaparecer, sobre el mercado de capitales, sobre las finanzas públicas y sobre los jóvenes que tendrían una expectativa de pensión inferior al 50% de las que tenemos en este momento.
Existen muchas dudas adicionales, ¿se tocaría la edad para pensionarse o las semanas de cotización?, ¿los recursos para subsidiar a los más pobres saldrían de la caja de las pensiones actuales o del PGN?, ¿la reforma tendría aplicabilidad inmediata?, ¿cuál sería el periodo de transición para los cotizantes actuales?, ¿cómo se reemplazarán las inversiones que hoy tienen las AFP que generan ingresos cuantiosos al sistema?, ¿qué pasará con los proyectos de infraestructura financiados con estos recursos? y ¿cuál será el rasero final sobre el que el estado basará el primer pilar?, entre otras.
La polémica está abierta y el debate apenas comienza pero los problemas de fondo del sistema pensional no se resuelven con esta reforma, las bajas coberturas que tenemos obedecen a una informalidad crónica que supera el 60%, por lo tanto es obligatoria una reforma laboral que permita la inserción laboral de la población y el estímulo a la clase empresarial para generar mayores fuentes de empleo, tarea complicada en medio de la crisis mundial por la inflación, la carga de impuestos que cada vez es mayor y la situación social del país que preocupa a todos.
“El talento se educa en la calma y el carácter en la tempestad”: Johann Goethe.
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*Médico cirujano y Magister en Administración.