Gustavo Petro tomará posesión como presidente el 7 de agosto en la Plaza Bolívar de Bogotá. Está previsto que a la ceremonia asistan 100.000 personas, diez jefes de Estado y múltiples representantes internacionales.
Por primera vez, la banda presidencial en Colombia la llevará alguien de izquierda. Una esperada imagen que, como si se tratara de un tráiler cinematográfico, ha sido desvelada antes de tiempo.
Como parte de los preparativos de la proclamación, Gustavo Petro ha viajado hasta la sierra de La Macarena, ubicada en el centro del país, donde ha aprovechado para fotografiarse con la banda presidencial, en Caño Cristales, el río de los 7 colores.
También ha viajado hasta la Sierra Nevada de Santa Marta, en el caribe colombiano, donde ha participado en una toma de posesión simbólica, bajo el ritual de los indígenas arhuacos.
Son dos enclaves de una biodiversidad única, de atractivo turístico, pero, al mismo tiempo, marcados por el control de grupos armados, el abandono del Estado y azotados por peligros de escala mundial como la deforestación y el narcotráfico.
Allí, en La Macarena y la Sierra Nevada de Santa Marta, se encuentran las oportunidades, pero también los riesgos que tendrá que enfrentar Gustavo Petro, desde el momento en que vista la banda presidencial, de forma oficial, y empiece a rendir cuentas al pueblo colombiano.
Camino a la «paz total»
Según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) hay 6 conflictos armados vigentes en Colombia. De ellos hacen parte la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo —también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)— y las múltiples disidencias de las extintas FARC.
Estos grupos, tras la victoria de Gustavo Petro y Francia Márquez, se han abierto a la posibilidad de iniciar conversaciones de paz. Compromiso que también mantiene el futuro Gobierno.
El ministro de Asuntos Exteriores será Álvaro Leyva, quién ha participado en otros diálogos de paz; mientras que el Alto Comisionado para la Paz será Danilo Rueda, director de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), acostumbrado a ser interlocutor de grupos armados.
Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), tras los acuerdos de 2016 entre el Estado y la guerrilla de las FARC, se redujeron en más del 95% los indicadores de desaparición forzada, ejecuciones sumarias y falsos positivos, secuestro y tortura.
António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, visitó Colombia durante los actos de celebración de los 5 años de la firma del acuerdo. «Con tantos conflictos en el mundo, es muy importante visitar un país en el que se construye la paz», justificó.
Pero al lado del entusiasmo, también está la preocupación. Datos de la misma Indepaz, a 29 de julio, muestran que, desde la firma de 2016, ha habido 1.335 líderes sociales y ambientales asesinados, 319 masacres y la muerte violenta de 335 excombatientes de las FARC.
«Lo ideal es que en los dos primeros años se dé un salto irreversible (hacia la paz), porque de lo contrario va a ser difícil (…) No vamos a tener una paz total en 4 años, pero lo fundamental es que la sociedad supere la polarización y haya un consenso nacional», dice a France 24 Camilo González Posso, presidente de Indepaz, quien también alerta de riesgos para las negociaciones: desde las dinámicas de guerra de las fuerzas armadas, el actual incumplimiento de los Acuerdos de Paz, el narcotráfico, la deforestación o hasta una posible debilidad del Congreso para llevar a cabo cambios estructurales.
¿Regulación de las drogas?
Según el informe anual de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP) de Estados Unidos, Colombia sigue siendo el país con más cultivos de coca del mundo, acumulando 234.000 hectáreas.
Con la firma de paz del 2016 surgió el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), con el objetivo de substituir el uso de la tierra y la economía dependientes del mercado de la cocaína.
Sin embargo, durante el Gobierno de Iván Duque (2018 – 2022) se ha vivido una desfinanciación del programa, que ha coincidido con la desconfianza de parte del campesinado, que ha terminado por ver más rentable el cultivo de la coca para su posterior producción en cocaína.
El pasado 28 de junio, la Comisión de la Verdad —parte del Sistema Integral para la Paz y surgida de los acuerdos entre el Estado y las FARC— publicó su informe final sobre el conflicto. Entre sus hallazgos, uno a destacar: “El actual paradigma de la guerra contra las drogas ha sido un fracaso”.
Gustavo Petro ha hablado de dar un giro a esta política, prohibiendo la aspersión de glifosato contra las plantaciones de coca y cumpliendo con el PNIS.
«Claro que las conversaciones sobre ‘substituir economías’ son importantes pero no podemos seguir evadiendo el debate sobre la cocaína», asegura Catalina Gil Pinzón, oficial de Programas del Programa Global de Política de Drogas de la Open Society Foundations.
Para ello, espera que el Gobierno avance hacia la regulación de «la hoja de coca y sus derivados». Tanto por las propiedades que tiene la planta y el liderazgo que puede ejercer Colombia en el estudio de nuevos usos, como por la gran demanda de cocaína que hay en el mundo y el poco efecto que ha tenido la guerra contra las drogas.
En sus discursos, Petro también ha hecho transversal la paz a problemas como el narcotráfico. Así lo dijo el presidente electo al respecto: «Indudablemente el tema de la paz de Colombia es un tema neurálgico para todo el continente y apunta hacia problemas complejos como el narcotráfico que también se ha vuelto un problema multinacional con una gran descarga de violencia en el continente».
El contexto parece más favorable para la paz: desde el Gobierno de Estados Unidos de Joe Biden se ha hablado de «desnarcotizar la agenda». Sin embargo, Pinzón es consciente de que no se van a lograr todos los cambios y hace énfasis en el reto: «Ojalá el gobierno sea estratega e identifique qué puede hacer de verdad en estos cuatro años. Cambiar un enfoque de más de 30 años no es fácil a ningún nivel».
Más sencilla parece que va a ser la regulación del cultivo y producción de la marihuana en el Congreso, siguiendo el ejemplo de otros países de la región.
De la guerra contra las drogas a la de la crisis climática
El líder de la izquierda francesa, Jean-Luc Mélenchon, estuvo en julio en Colombia, después de una gira por México y Honduras. Se reunió con Gustavo Petro y tras el encuentro, dijo que «es el líder de izquierda (latinoamericano) más avanzado a su tiempo» por su apuesta de reformular la izquierda dentro del desafío de la crisis climática.
En campaña, Gustavo Petro habló de la necesidad de hacer una transición energética y prometió acabar con las exploraciones para encontrar petróleo, no construir más minas a cielo abierto a gran escala, detener los estudios de ‘fracking’ y y el desarrollo de proyectos de petróleo y gas en alta mar.
En su discurso, tras su victoria electoral, se dirigió a sus homólogos: “Le propongo al gobierno de Estados Unidos y a todos los gobiernos de América a que nos sentemos a conversar para establecer los pasos de una transición energética”.
Aunque en Colombia más del 60 % de la oferta energética procede de las hidroeléctricas, el petróleo y la minería aportan el 8 % del valor total de la economía y más de la mitad de sus exportaciones mensuales. Una dependencia que Petro quiere substituir por la energía solar y eólica, promoviendo la agricultura, la producción de alimentos y el turismo.
Pero además de la substitución de combustibles fósiles, para Mauricio Madrigal, abogado ambiental y director de la Clínica Jurídica MASP de la Universidad de los Andes, Petro también tiene la oportunidad de aplicar políticas transversales: «Tratar el cambio climático de forma interseccional como un asunto de derechos humanos y de justicia, enmarcando el clima seguro como parte del derecho a un ambiente sano».
Sin embargo, Madrigal ve como principal riesgo las dificultades de conseguir consensos con todas las partes, especialmente con aquellos que se ven beneficiados económicamente por la dependencia exportadora del petróleo.
«La amenaza de futuros ‘shocks’ petroleros como la guerra en Ucrania puede hacer que no parezca atractivo recortar la producción nacional de petróleo y arriesgar la autosuficiencia energética», dijo Nate Graham, gerente del programa de energía de Inter-American Dialogue, una organización con sede en EE. UU.
La coyuntura de la guerra en Ucrania también está haciendo que Colombia vea un aumento en sus exportaciones de carbón, especialmente a Países Bajos, España y Canadá, mientras que los ingresos por el petróleo siguen siendo altos.
Además, para el experto en energía Francisco Monaldi, una transición completa necesitaría más de 30 años. Esto, en medio de una recesión, y con una importante inflación.
Liderazgo regional de Colombia
Si en el último trimestre de 2022, Luiz Inacio Lula Da Silva gana las elecciones en Brasil, habrá una nueva ola de gobiernos de izquierda en América Latina.
Por primera vez, Colombia tendrá un presidente de izquierda, y eso, para el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, Mauricio Jaramillo, será clave geopolíticamente: «Petro tiene las mejores chances de devolver a Colombia al plano internacional, especialmente en América Latina».
Esta segunda fase progresista sucede a la de la primera década de los 2000, cuando coincidieron, el propio Luiz Inacio Lula da Silva en Brasil, Hugo Chavez, en Venezuela, Evo Morales en Bolivia o Rafael Correa, en Ecuador.
A diferencia de aquellos liderazgos, la apuesta medioambiental de Petro es diferencial. «Puede ser líder de la transición energética, el progresismo hasta ahora había sido extractivista, y Petro puede apostar por una alianza con Gabriel Boric, en Chile, que también se ha mostrado comprometido con la transición energética», asegura Jaramillo.
Una muestra de la gran acogida regional a este compromiso fue la recepción que tuvo Francia Márquez, vicepresidenta electa, en su gira latinoamericana, reuniéndose con Luiz Inacio Lula da Silva en Brasil, Gabriel Boric en Chile, Alberto Fernández en Argentina y Luis Arce en Bolivia.
Sin embargo, al lado de la transición energética, el nuevo Gobierno tendrá que combatir problemas estructurales que arrastran los vecinos de la región: la inflación en Colombia se situó en junio en un 9,67%, la mayor en 22 años; el país tiene una baja productividad de alimentos, con escasez de fertilizantes y, pese a haber sido productor autosuficiente hasta los años 90, hoy día es un importador.
Para Mauricio Jaramillo, esta coyuntura es el mayor riesgo: «los mercados pueden reaccionar si se repiten estallidos sociales como le pasó a Iván Duque, quien recibió castigos por el grado de inversión y no pudo aprobar la reforma tributaria. Esta reacción de los mercados ya ha tenido impacto en otras economías como en la argentina de Alberto Fernández, o en la peruana de Pedro Castillo».
Una mayor justicia social
Colombia es el segundo país más desigual de América Latina, solo superado por Brasil. Los ingresos del 10 % de la población más rica son 11 veces mayores que los del 10 % más pobre.
En Colombia, la pobreza monetaria se sitúa en un 39,2%, mientras que hay un 12,2% de colombianos en pobreza extrema. Año a año han aumentado estas cifras, especialmente agravadas por la pandemia del Covid-19, pero, además, la producción en el país está estancada desde el año 2000.
Números que tuvieron parte de la responsabilidad de las protestas de 2021, las más grandes en décadas, que dejaron al menos 84 muertos, según datos de Human Rights Watch (HRW).
Para revertir el clima social, el nuevo Gobierno trae promesas de reformas tributarias progresivas y de una reforma agraria, pero también recetas novedosas: Petro se ha fijado en una figura internacional, a quién le gustaría tener como asesora. Es Mariana Mazzucato.
Mariana Mazzucato es profesora de la University College London y una de las economistas de moda. En un artículo para la Revista Cambio, Mazzucato decía lo siguiente sobre el Gobierno de Petro: «Este es el momento de construir un país con una sólida capacidad de gobierno, herramientas dinámicas y orientadas a resultados, y un nuevo contrato social entre los sectores público y privado».
Ese momento llega este 7 de agosto, cuando la banda presidencial, más allá de Caño Cristales, llegará a la Casa de Nariño, donde Gustavo Petro tendrá que demostrar, en tan solo 4 años, si su Gobierno será un digno portador de la espada de Bolívar, o si por el contrario, se verá acorralado, ante los riesgos de las reformas que necesita el país, por otra espada, la de Damocles.