Por: Diego Ruiz Thorrens/ Poco a poco comenzamos a vislumbrar las cifras oficiales que arrojan la violencia al interior de los hogares de la ciudad de Bucaramanga, su área metropolitana y de algunos municipios del departamento de Santander, violencia cuyas víctimas, primordialmente, son niños, niñas y adolescentes.
Y detrás de las cifras oficiales se esconde todo un universo de información que aún sigue sin emerger, denuncias que no consiguen ser materializadas, haciendo que esta realidad sea más cruda y violenta, por así decirlo. Debido a la pandemia y a los primeros meses de confinamiento social, los casos de violencia de género, en especial, aquellos que se relacionan con primera infancia, infancia y adolescencia aumentaron palpablemente, primordialmente, los casos de abuso sexual dirigidos hacia menores de edad.
A todo lo anterior, se sumaron las barreras para acceder a la justicia que vivieron muchos menores y padres. Un cuadro bastante oscuro, que no puede ni debe continuar siendo ignorado por nuestra sociedad.
El pasado sábado 30 de abril, el portal de Vanguardia publicó su artículo titulado “En estas zonas de Bucaramanga los niños sufren más violencia”, donde realizaron un barrido informativo de “los barrios y las comunas (en) donde se han denunciado más casos de violencia en los últimos siete años contra primera infancia, infancia y adolescencia, incluyendo el primer bimestre de 2022”.
Es un artículo escalofriante, más cuando tenemos presente que por cada caso que es denunciado ante comisarías de familia, fiscalía de infancia y adolescencia, ICBF, policía de infancia y adolescencia entre otras instituciones que trabajan por la protección de los menores, se pueden esconder un sinnúmero considerable de casos.
La información descrita por el medio es sumamente grave: “De los 10.331 casos que registra el sistema de vigilancia en salud pública de violencia de género, ocurridos en Bucaramanga entre el 2015 y el primer bimestre de este año, 3.288 están relacionados con primera infancia, 1.328 con infancia y 1.819 con adolescencia”, es decir, más del 60% de los casos fueron cometidos contra menores de edad.
A simple vista, esto es perturbador, más aún si tenemos presente que en el informe solo se tuvieron presentes los delitos de “abuso y el acoso sexual, los actos sexuales violentos, la explotación sexual comercial, la negligencia y el abandono, la violación y la violencia física y psicológica”, es decir, algunos de los tipos de agresiones que deben enfrentar los niños, niñas y adolescentes en Bucaramanga.
Es importante aclarar que este informe no buscó tener presente (puesto que no era su objetivo) la violencia que sufren los menores en las calles y avenidas de la ciudad y el departamento, o los distintos crímenes que han emergido en últimas semanas, peligros a los que se encuentran expuestos muchos niños y niñas al interior y exterior de los entornos escolares.
Este ejercicio de recopilación de información, realizado por medio del programa “mi casa como entorno seguro”, orientado a la creación de redes comunitarias de prevención de violencias hacia los niños y niñas, contó con la participación de diversas organizaciones que en el ámbito local trabajan con niños y niñas como lo son Comisaría de Familia, Instituto Colombia de Bienestar Familiar (ICBF), el programa Familias en Acción, la Secretaría de Salud Municipal de Bucaramanga al igual que la Secretaría de Educación y algunas organizaciones como World Vision, Fe y Alegría, Aldeas Infantiles SOS, Opción Legal, Profamilia y el Comité LGBTIQ+ de Bucaramanga.
Con esta importante información, la sociedad santandereana debería orientar sus esfuerzos a la consolidación de acciones que brinden mejor protección a niños, niñas y adolescentes, rompiendo con el tabú y las distintas barreras que nacen de la violencia al interior del hogar, en especial, aquellas que resultan en violencia sexual o en agresiones que pongan en riesgo la integridad de los menores.
No obstante, esto continúa siendo una meta, una acción desplazada a segundo plano no solo por las instituciones garantes de la protección de los menores, sino por la sociedad e incluso, la familia misma. La normalización de la violencia cometida contra niños, niñas y adolescentes pareciera haber llegado a un punto de no retorno, donde cada día que pasa perdemos el asombro ante una nueva denuncia, un nuevo caso, que pone en riesgo la vida de los menores en nuestro territorio. Por ello, es urgente no permitir la normalización de la violencia contra menores de edad. Mucho menos, cuando lo que queremos, lo que muchos buscamos, es garantizar un mejor futuro a las nuevas generaciones.
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*Estudiante de Maestría en Derechos Humanos y Gestión de la Transición del Posconflicto de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP – Seccional Santander.
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