Desde que estalló la controversia por las diferencias de votos entre el preconteo y el escrutinio, han sido pocas las ocasiones en las que el registrador Alexander Vega ha aparecido ante los medios de comunicación. Aunque los señalamientos en su contra se acumulan. la Registraduría se ha caracterizado por guardar silencio.
En esas pocas ocasiones en la que Vega decidió darle la cara a la prensa, reconoció que en “más de un millón de votos puede variar el preconteo y el escrutinio”.
El dato lo dio al ser criticado por la aparición de más de 300.000 votos a favor del Pacto Histórico. Sin embargo, hizo la salvedad de que todas las papeletas no son por la coalición de izquierda: “Hay que ver cómo se distribuyen”.
Aceptó que nunca antes se había visto una diferencia de tal magnitud entre el preconteo y el escrutinio -normalmente es del 2% y ahora es del 7%- pero responsabilizó a los encargados de cada mesa de votación: “No fue una falla técnica sino de los jurados”.
De acuerdo con el registrador, el problema vino en más de 23.000 mesas en las que se diligenció de mala manera el formulario. A esta cifra alta, el registrador señaló que pudo haber un posible dolo en 5.000 mesas “tacharon las cifras. Los testigos presionaron para que pusieran tachaduras con asteriscos.”, expresó el registrador, que llegó a reseñar que Gustavo Petro fue uno de los que les pidió a los jurados electorales que pusieran asteriscos en los espacios vacíos.
A pesar de estas cifras y situaciones, Alexander Vega se mantuvo en la tesis de “no hubo fraude” y que “la voluntad popular está protegida”.
Aunque achacó gran parte de la responsabilidad a los jurados, el registrador reconoció errores en los formularios E-14, que son en los que se registran los datos del preconteo.
“Reconocemos que el formulario E-14 debimos por lo menos revisado la casilla del Pacto Histórico, la digitalización y reporte hubiera sido mejor”, dijo Vega, que a renglón seguido volvió a tratar de zafarse de la responsabilidad: “Pero aun así tendríamos las tachaduras y ralladuras”.
También se pronunció por señalamientos, como supuestas reuniones con Gustavo Petro en España. Esto debido a que ambos coincidieron en su estancia en el país ibérico durante algunos días. Sin embargo, Vega negó cualquier reunión y aseguró que era un viaje familiar.
“Las únicas reuniones que he tenido con el candidato han sido de manera oficial en mi despacho, como con otros candidatos”, añadió.
También habló del encargado de sistemas de la Registraduría, Alejandro Ocampo, que es cuestionado por haber trabajado en Indra. Vega no solo reconoció que el funcionario había trabajado en la empresa encargada de diseñar el software de consolidación, sino que también trabajó en la empresa que debe hacer la auditoría al software de escrutinio municipal y departamental.
Aunque hizo la salvedad que esto no tiene mayores implicaciones pues “no tiene ninguna intervención en el software de escrutinio o en el de consolidación. Además, es de mucha experiencia en el tema electoral. Ha participado en otros procesos electorales”.
Por último, se mantuvo en su determinación de seguir en el cargo hasta el final: “No he pensado en renunciar, sería la salida más fácil y tengo una responsabilidad con el país. Nos toca responderle a la ciudadanía por la elección presidencial”.
Abren investigación disciplinaria
La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra el registrador Vega. Así lo anunció la propia procuradora Margarita Cabello, quien aseguró que las elecciones del pasado 13 de marzo, para el Congreso, Curules de Paz y consultas presidenciales, no están libres de miles de quejas y denuncias por irregularidades.
“La investigación busca determinar si el registrador pudo incurrir en faltas disciplinarias relacionadas con presuntas irregularidades en la selección y contratación estatal y una posible omisión en sus funciones en el control de las votaciones y en la capacitación de los jurados”, comunicó la procuradora general.
El órgano de control busca determinar si Vega se habría extralimitado en sus funciones, tras exigir identificación biométrica de los votantes. Además, se evidenciaron supuestas irregularidades en la selección y contratación de la empresa Indra Sistemas S.A., pues se alertó por un supuesto conflicto de intereses. La capacitación de los jurados es otra arista que la Procuraduría tiene bajo la lupa.
Además, la Procuraduría abrió una indagación preliminar para dar con funcionarios de la Registraduría que aún no han sido identificados. Según Cabello, miembros de la institución que entregó los resultados de las votaciones nacionales habrían incurrido en irregularidades por inscripción de cédulas y traslados de los puestos de votación.
Frente al anuncio de la señora Cabello, el registrador manifestó: “Respetamos y acatamos las distintas determinaciones del órgano disciplinario. Será la oportunidad para demostrar la debida actuación de la Organización Electoral y sus funcionarios en cabeza de la Registraduría Nacional del Estado Civil en relación con el certamen electoral del 13 de marzo de 2022″.
Las elecciones de 2022 están bajo la lupa de cuatro procuradores delegados, quienes desde el presente año han analizado un total de 1.600 quejas hasta la fecha. En el órgano de control, según Cabello, permanecen alrededor de 400 denuncias, lo cual resultó en la apertura de 33 expedientes que dejarían mal parada a la Registraduría.
Consejo de Estado pide pruebas
El Consejo de Estado desempolvó el proceso que reposa en el despacho del magistrado Luis Alberto Álvarez, quien decretó una serie de pruebas en el expediente que busca que el registrador Alexander Vega abandone su cargo.
Son dos demandas de nulidad a su elección que llegaron al alto tribunal en 2019. Los documentos exponen una serie de irregularidades respecto de lo que fueron las entrevistas que presentaron los aspirantes a ese cargo. Desde poner en duda la experiencia de Vega por encima de otros candidatos, hasta los lineamientos que se siguieron para recolectar esos testimonios, es lo que reposa en los recursos que salieron a la luz este miércoles en el marco de una audiencia de práctica de pruebas.
Aunque es costumbre que los aspirantes al cargo de registrador asistan al Palacio de Justicia para presentar su folio profesional y resolver una serie de preguntas que hacen los presidentes de las altas cortes, en esa ocasión las diligencias se llevaron a cabo en el Centro de Oficiales de la Policía (CESPO).
La razón de esto obedeció a que ese día se adelantaban una serie de protestas que podían afectar la movilidad no solo de los aspirantes y los magistrados, sino que podían ser interrumpidas por el ruido que generaban.
Si bien esa fue una salida que concertaron los expresidentes de los altos tribunales, los demandantes pusieron en tela de juicio esas decisiones.
Aseguraron que las entrevistas se hicieron a puerta cerrada, a su juicio, sin público y no fueron expuestas con un link de internet como garantía de publicidad y transparencia. Con esos argumentos en juego, el magistrado Álvarez decretó pruebas de oficio que van desde citar a los expresidentes de las altas cortes de la época, hasta solicitar a la oficina de prensa de la Corte Constitucional el link en el que se colgaron las entrevistas.
El magistrado Álvarez fijó para el próximo 4 de mayo una diligencia en la que se escuchará a la magistrada de la Corte Constitucional, Gloria Ortiz, el magistrado Álvaro García y la exmagistrada Lucy Jeaneth Bermúdez. Todos para la época fueron presidentes de las corporaciones y tuvieron en sus manos decidir la forma en la que se adelantarían tales diligencias.
Entre otras pruebas que decretó el consejero está solicitar la declaración de Juan Enrique Bedoya, quien fue secretario ad hoc del encuentro.
Bedoya debe entregar al despacho las horas en las que realizaron las entrevistas, el listado de quienes estuvieron en ellas y si se llevaron a cabo de manera pública o reservada. Del mismo modo, en cinco días, la oficina de prensa de la Corte Constitucional deberá remitir al despacho el link o dirección que se acreditó para acceder a las entrevistas.