La cumbre de “los tres amigos” vuelve a ser una realidad. Estados Unidos, Canadá y México reanudan sus reuniones tras los turbulentos años de presidencia del republicano Donald Trump. A pesar de los vientos de cambio, nuevos desencuentros se suman a las diferencias heredadas de esa época, que todavía siguen vivas.
Las disputas sobre los créditos fiscales propuestos para vehículos eléctricos y las políticas de «compra estadounidense» respaldadas por el presidente de EE. UU., Joe Biden, ya han levantado el reproche de Canadá, asunto que puede dominar gran parte del encuentro.
Entretanto, el Gobierno del mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador señaló que espera que la reunión se centre en la distribución equitativa de las vacunas contra el Covid-19, para luchar contra la pandemia, así como en la ayuda financiera para promover el desarrollo económico en Centroamérica.
A su llegada a Washington, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, se mostró «optimista» respecto a las perspectivas del encuentro. «También tocaremos el tema del desarrollo del sur de México y de Centroamérica como respuesta a los fenómenos migratorios», afirmó.
Y es que justamente el creciente flujo migratorio en la frontera sur de Estados Unidos ha dominado la agenda bilateral en los últimos años. El espinoso tema ha sacado a la luz tanto coordinación como diferencias entre los dos gobiernos, según ha expresado en diferentes ocasiones López Obrador.
En la víspera de la reunión, Human Rights Watch (HRW) instó a México y EE. UU. a que cesen los «abusos» contra inmigrantes y solicitantes de asilo.
«Durante la gestión de los presidentes Biden y López Obrador, Estados Unidos y México han cometido violaciones graves, sistémicas y persistentes de los derechos de migrantes y solicitantes de asilo», aseguró el director de HRW, Kenneth Roth.
Los tres dirigentes políticos llegan así a su primera Cumbre de Líderes de Norteamérica, que solía celebrarse cada año. La última se celebró en 2016, bajo el Gobierno de Barack Obama, pero quedaron suspendidas con la llegada de Trump a la Casa Blanca en 2017.
“Comprar estadounidense»
La reunión tripartita tiene como objetivo promover la cooperación económica de América del Norte. Sin embargo, tanto Canadá como México han mostrado preocupación por las disposiciones de Biden de promover las compras de productos estadounidenses y por una propuesta de crédito fiscal para vehículos eléctricos que favorecería a los fabricantes con sede en Estados Unidos.
El proyecto de ley de gasto social y clima que evalúa el Congreso estadounidense incluye hasta 12.500 dólares en créditos fiscales para vehículos eléctricos fabricados en suelo estadounidense, incluido un préstamo por 4.500 dólares para autos fabricados por sindicatos. El proyecto de ley es un pilar clave de la agenda nacional de Biden.
No obstante, hay reticencia de sus países vecinos, especialmente de Canadá. La viceprimera ministra de esa nación, Chrystia Freeland, calificó el incentivo como una clara violación del nuevo acuerdo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). De hecho, este fue el tema que dominó un encuentro el miércoles en el Capitolio entre Trudeau, Freeland, otros ministros canadienses y funcionarios de la Administración Biden.
Freeland sostuvo que, para Canadá, “el primer trabajo aquí en EE. UU. esta semana es realmente concienciar a nuestros homólogos estadounidenses de hasta qué punto su enfoque actual en este asunto es un problema para Canadá y explicarles realmente que la forma en que han formulado este incentivo realmente tiene el potencial de convertirse en el tema dominante de nuestra relación bilateral”.
Tanto Canadá como México quieren un campo de juego nivelado mientras compiten para atraer a las empresas a establecer plantas para la cadena de suministro de vehículos eléctricos en sus países. Mientras, Estados Unidos está buscando proveedores distintos a China de minerales utilizados en baterías, que Canadá podría proporcionar.
Por su parte, el portavoz de la Casa Blanca, Chris Meagher, defendió que los incentivos fiscales a los vehículos eléctricos son una parte esencial del impulso de Joe Biden para vincular los esfuerzos económicos y la generación de empleo en su país con la labor de frenar las emisiones de gases contaminantes, de cara a cumplir los compromisos internacionales asumidos para mitigar el calentamiento global.
Cambio climático
Estados Unidos y Canadá han expresado su frustración porque López Obrador no se ha sumado a los esfuerzos globales para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero.
El presidente mexicano incluso se ausentó de la gran cumbre climática de Naciones Unidas, la COP26, que recientemente se desarrolló en Glasgow.
En los últimos meses, Washington urgió a México por una política energética que esté acorde con la lucha contra el calentamiento global.
El pasado mayo, el Instituto Estadounidense del Petróleo expuso que AMLO ha impulsado importantes enmiendas a dos leyes, la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Hidrocarburos, para cambiar las reglas del mercado a favor de la estatal petrolera Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, y en desventaja para las empresas privadas.
A juicio de Washington, estas modificaciones harán que la energía eléctrica sea más costosa y contaminante, pues resalta que Pemex tiene un exceso de oferta de combustóleo que el Gobierno mexicano espera utilizar.
Esta posición contrasta con la Administración Biden, que mediante órdenes ejecutivas revocó total o parcialmente políticas de la Administración Trump que obstaculizaban la adaptación a favor de la lucha contra el cambio climático.
Mientras tanto, el Gobierno de López Obrador pide que se consoliden los fondos de desarrollo económico prometidos por Estados Unidos para los países del Triángulo Norte de América Central.
El líder mexicano continúa presionando a Estados Unidos para que financie una expansión de su programa de plantación de árboles a la región centroamericana.
Migración y crisis fronteriza
El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, afirmó que su país intentará avanzar durante este encuentro hacia una solución para la crisis migratoria. La Administración de AMLO ha trabajado con los gobiernos de Trump y Biden para controlar los flujos de migrantes y ayudar a que regresen a Centroamérica.
Los dos países aún están negociando la reimplementación ordenada por la corte de una política de la era Trump conocida como ‘Permanecer en México’, que obligó a los solicitantes de asilo a esperar su proceso de asilo estadounidense en suelo mexicano.
López Obrador también ha mencionado en múltiples ocasiones su interés en que EE. UU. amplíe su programa de visas de trabajo temporal para que más mexicanos y centroamericanos puedan satisfacer la demanda de mano de obra en Estados Unidos. Los trabajadores temporales a su vez podrían tener acceso al mejor salario que buscan en Estados Unidos sin convertirse en parte del flujo de inmigración ilegal, considera AMLO.
Las autoridades mexicanas también han endurecido sus reglas para evitar el paso de migrantes desde su país hacia su vecino del norte, lo que ha dejado a miles de ellos estancados durante meses en suelo mexicano y ha detonado varias protestas a lo largo del país.
Pese a los bloqueos, las caravanas migrantes no cesan cuando aumentan los problemas de raíz en sus países de origen como la inseguridad y el desempleo.
Pese a las coordinaciones logradas entre Washington y México, AMLO dejó claro a Estados Unidos que “contener migrantes no es suficiente”, por lo que el mandatario mexicano al igual que los países del triángulo norte, presionan por ayudas económicas para sus programas de plantación de árboles y empleo juvenil, que podrían crear 330.000 empleos en seis meses en Guatemala, Honduras y El Salvador, pero estas demandas aún no han sido respondidas.
Según cifras de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar), el Gobierno mexicano ha recibido 108.195 peticiones de asilo entre enero y octubre de 2021, el mayor registro de estas peticiones en la historia del país.