La transcripción de una conversación registrada el 3 de abril de 2018 es la prueba que revelaría que el expresidente Álvaro Uribe Vélez le ordenó al abogado Diego Cadena ofrecerle beneficios jurídicos a testigos para que se retractaran y acusarán al senador Iván Cepeda de orquestar un plan para desprestigiarlo.
Así lo señaló en su intervención el abogado Reinaldo Villalba, defensor de Iván Cepeda, al citar que en la conversación Cadena le menciona la situación del exparamilitar Carlos Enrique Vélez, conocido con el alias de ‘Víctor’.
Esta prueba –reveló el abogado- fue presentada por la misma Fiscalía general en el proceso contra el abogado Diego Cadena para demostrar que él tuvo participación directa en las presiones al testigo.
En la grabación Cadena le pone de presente la necesidad de ayudar al testigo con la radicación de una solicitud de revisión de la sentencia por secuestro ante la misma Corte Suprema. Ante esto Uribe responde: “Ah, no, si es un recurso jurídico hay que adelantarlo, eso, el recurso jurídico está bien, por supuesto. Y la ayuda para que le proteja a la familia, pedírselo a las autoridades competentes”.
Debido a esto Reinaldo Villalaba cuestionó la falta de objetividad del fiscal Gabriel Jaimes Durán, indicando que no evaluó todas las pruebas del voluminoso expediente y que además sacó de contexto varias de las intervenciones hechas por los testigos principales. En su exposición ante la jueza 28 de conocimiento señaló que el caso debe seguir una “investigación seria” para que se establezca todo lo que ocurrió.
Con estos argumentos el abogado de Cepeda pide que se rechace la petición de la Fiscalía General de archivar el proceso contra el expresidente Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
Víctimas son escuchadas
Luego de siete meses de que la Fiscalía anunció que pediría precluir el proceso por soborno y fraude procesal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, las víctimas acreditadas son escuchadas por la jueza del caso.
La audiencia se inició con la presentación de una abogada que pide ser reconocida como víctima. Se trata de Laura Valentina Muñoz Osorio quien pidió ser escuchada para explicar las razones por las que pide ser acreditada.
La jueza del caso consideró que se debe proceder a escucharla, pero que se le permitirá hablar al finalizar las intervenciones de las víctimas ya acreditadas.
Luego, la jueza resolvió dos peticiones de la defensa de Uribe Vélez. La primera para sancionar al exfiscal general Eduardo Montealegre por lo que considera un comportamiento inadecuado e irrespetuoso en las audiencias, y la segunda petición para que solo se permita que una víctima hable a nombre de todas.
Frente a la primera petición negó cualquier medida correctiva, pero le hizo un llamado de atención a Montealegre para que mantenga un comportamiento adecuado.
Las víctimas se opusieron a la petición de la defensa y señalaron que afecta sus derechos.
Y finamente la juez no accedió a la petición de limitar la intervención de las víctimas acreditadas.
Luego de terminar de resolver las peticiones, la juez permitió que iniciaran las intervenciones. El primero en hablar es el abogado Reinaldo Villalba, representante del senador Iván Cepeda, una de las víctimas.
El abogado dijo que su presentación tardaría en promedio el mismo tiempo que le tomó a la Fiscalía es decir siete días.
Villalba expondrá sus argumentos para oponerse la preclusión solicitada por la Fiscalía, y pedirá que se dé crédito a testigos como Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez y se ordene al ente acusador continuar con el proceso contra el expresidente y senador.
Cuestionó igualmente que aunque en agosto el fiscal del caso anunció que compulsaría copias contra el senador Cepeda, solo hasta hoy que se reinicia la audiencia esta se hizo efectiva intentando afectar los derechos de la víctima.
Villaba indicó que la petición de la Fiscalía de preclusión es infundada debido a la existencia de evidencias para acusar a Uribe Vélez por los delitos investigados.
Además cuestionó lo que consideró falta de independencia e imparcialidad del fiscal del caso que hizo una petición «abiertamente infundada e ilegal».
Sostuvo que el fiscal Gabriel Jaimes no tuvo en cuenta que quien inició este proceso fue el expresidente Uribe Vélez contra el senador Cepeda y que luego de la investigación de la Corte se le cerró a Cepeda y se determinó investigar al exmandatario. Añadió que quien ha intentado judicializar la política no es el senador Cepeda sino Uribe Vélez.
Cuestionó que la Fiscalía se dedicó a investigar a los testigos de cargo y ordenó indagar aspectos personales y familiares de ellos, «pero no libró ninguna orden de trabajo para hacer lo mismo con el investigado».
Igualmente señaló que el ente acusador no valoró adecuadamente las declaraciones de los testigos y que ellos en lugar de desvirtuar la conclusión a la que se llegó en la Corte Suprema la ratificaron.
Habló además de omisiones de la Fiscalía al no profundizar en la investigación y «no realizar esfuerzos» para contrastar lo investigado por la Corte Suprema incluyendo la indagatoria que rindió el procesado. Señaló que tampoco profundizó en lo que califica de contradicciones en las declaraciones del abogado Diego Cadena.
Indicó que no se investigó la participación del abogado Samuel Sánchez y el exsenador Mario Uribe Escobar y e ‘Cesarín’ vinculado a la ‘Oficina de Envigado’, en los hechos investigados.
También este lunes, pero en otra diligencia, se definirá la suerte de otra pieza clave de este caso: Diego Cadena, exabogado del expresidente Uribe y vinculado a la misma investigación.
Cadena, quien está en casa por cárcel desde el 27 de julio, pedirá su libertad por vencimiento de términos, solicitud que ya le había sido negada.