La Fiscalía General decidió citar a responder en interrogatorio al representante legal del consorcio Centros Poblados dentro de las investigaciones penales que adelantan por las denuncias sobre presuntas irregularidades en el contrato suscrito con el Ministerio de las TIC para llevar internet a más de 14.000 colegios en todo el territorio nacional.
El objetivo es que el representante legal de Centros Poblados dé explicaciones a la Fiscalía en torno a varios hechos como su participación en la suscripción de la póliza de la oferta y de la garantía bancaria en el contrato con el ministerio, que se señala resultaron ser falsas.
Por estos mismos hechos, la Fiscalía también ordenó citar a que rindan interrogatorio otras personas consideradas clave en la suscripción de este millonario contrato.
Hace unos días, en un comunicado, la Unión Temporal Centros poblados indicó que «no es cierto que el anticipo recibido por valor de $70.000 millones esté embolatado o esté perdido como lo han manifestado algunos medios de comunicación haciendo eco de la desinformación en que ha incurrido MinTIC».
Los representantes de esa empresa argumentaron que el anticipo «se ha destinado para realizar las adquisiciones de equipos necesarias para la ejecución del contrato» y enumeraron una serie de elementos que se requerirían para la ejecución del mismo.
Dentro de este mismo proceso, el propio fiscal general, Francisco Barbosa, señaló que se adelantan cuatro líneas de investigación por la supuesta corrupción detectada en este contrato del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que asciende a un anticipo por 70 mil millones de pesos para proveer de Internet a escuelas rurales.
“El caso está priorizado está en cabeza del director nacional Anticorrupción. Existe ya la estructura de un grupo de tareas especiales, donde se involucra también al coordinador de fiscalías delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, y tenemos las líneas investigativas para cada uno de esos hechos”, reveló el Fiscal Barbosa.
“Entre las líneas a desarrollar está la relacionada con funcionarios públicos que habrían estado involucrados o trabajaron en la estructuración en el proceso de evaluación, en el proceso de las mismas pólizas y los documentos contractuales”, indicó Barbosa.
Así mismo, otra línea de investigación es relativa a la entidad o el contratista que presentó los documentos; una más en torno a la expedición de las pólizas y otra, para determinar cómo se produjo el giro de los recursos.
En la Cámara de Representantes la oposición al gobierno presentó una proposición para impulsar un debate de moción de censura contra la ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), Karen Abudinen, por los incumplimientos que se presentaron con el millonario contrato suscrito con el consorcio Centros Poblados para llevar a internet a miles de colegios en todo el país.