Son alrededor de 35 investigaciones las que se adelantan contra el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, todas producidas cuando estaba en su ejercicio de Alcalde 2016 a 2019.
Pese a que los cuatro años de Alcaldía no los pudo completar -cuatrienio que terminó Manuel Francisco Azuero- también tuvo algunas sanciones y tuvo que alejarse en algunas oportunidades y se nombró alcalde encargado, en una ocasión fue Germán Torres Prieto.
El mayor número de investigaciones contra Hernández Suárez son de carácter disciplinario. De ellas hay tres que ya han sido falladas, dos en segunda instancia y una en primera instancia.
El polémico exmandatario tendría que dejar atrás su cantaleta de ser candidato a la presidencia de la república, la Ley 734 de 2002 establece como inhabilidad para desempeñar cargos públicos, el haber sido sancionado disciplinariamente tres o más veces en los últimos cinco años por faltas graves o leves dolosas o por ambas. Esta inhabilidad tendrá una duración de tres años contados a partir de la ejecutoria de la última sanción.
El panorama es bastante gris para Hernández Suárez, toda vez, de confirmarse el tercer fallo en segunda instancia y cuya decisión inicial fue en su contra, la inhabilidad de la que habla el Código Disciplinario lo dejaría por fuera de la contienda electoral, incluso antes de meterse en ella.
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Fallos en su contra
Una de las decisiones de la Procuraduría que está en firme es la sanción por dos meses de suspensión por “tratar con irrespeto, sin imparcialidad y falta de rectitud a un funcionario con quien tiene relación en el servicio público”. El servidor público fue Wilson Motta, funcionario de la Secretaría de Infraestructura.
La segunda, fue la suspensión por ocho meses, que profirió la Procuraduría por la agresión física y verbal al Concejal del Partido Verde, John Jairo Claro Arévalo. La Procuraduría General de la Nación ratificó el fallo proferido el pasado 23 de diciembre contra el exalcalde por golpear al entonces concejal.
En sentencia de segunda instancia, el Ministerio Público confirmó la decisión y dejó en claro que hubo agresión física y verbal contra el corporado. Debido a que Hernández ya no estaba en el cargo, se le requirió pagar en dinero los meses de suspensión: 124 millones 103 mil 040 pesos.
La suspensión fue convertida a salarios devengados al momento de la comisión de la falta, tal como lo establece el Código Disciplinario. El ingeniero deberá cancelar $124 millones 103 mil.
La tercera decisión del Ministerio Público en contra del Ingeniero está en apelación y fue la fallada en primera instancia el 8 de junio de 2020, cuando la Procuraduría le decretó suspensión e inhabilidad especial por cinco meses por incumplir su deber de tratar con respeto y dignidad humana a un ciudadano, durante una actividad realizada el 26 de octubre de 2018, en el Parque Solón Wilches del municipio.
El órgano de control estableció que Rodolfo incurrió en falta disciplinaria al emitir pronunciamientos irrespetuosos e indignos. La Procuraduría advirtió que, si bien es cierto que el alcalde tiene derecho a la libre expresión, también lo es que su calidad de alcalde y el deber de dar ejemplo, lo obligaba a mantener una actitud de respeto frente a los ciudadanos.
La Procuraduría calificó la falta del exmandatario como grave a título de dolo. La sanción de suspensión e inhabilidad especial se convirtió en salarios de acuerdo a lo devengado por el exmandatario local para la época de los hechos, es decir $77’564.400.
Ante esta decisión el exalcalde presentó recurso de apelación y será resuelto por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría.
En etapa probatoria
Además de las mencionadas hay 21 investigaciones disciplinarias que están para decisión, todas están en la etapa probatoria.
¿Cuáles son las etapas? La etapa inicial es indagación preliminar, luego se procede a la apertura de investigación, cuando haya lugar, cumplido ese momento se pasa entonces a etapa probatoria – investigación disciplinaria, y se cierra con la decisión.
Las 21 de las que hablamos son las que ya surtieron las etapas del proceso y están a un paso de la última etapa que es la decisión.
Aunque no hay términos todas las 21 investigaciones disciplinarias pueden salir el mismo día, o en cascada. La Procuraduría no debe cumplir términos, sin embargo, las 21 están como en el borde para ser falladas.
La misma Procuraduría es la que desata la apelación, inclusive en esa etapa le pueden disminuir los meses de sanción, no obstante, de mantener la sanción, así sea solo por un mes, esa decisión suma, y al tener tres decisiones falladas en contra empieza a correr a partir del día siguiente de la ejecutoria, la inhabilidad por tres años para desempeñar cargos o funciones públicas.
La edad no lo exime
De esas 21 investigaciones hay algunas en donde la falta que cometió es muy evidente, pese a esa aparente tranquilidad que le sirve para declarar que seguirá su intención de ser candidato en marzo del año 2022 a la Presidencia de la República para el periodo 2023 – 2026, en búsqueda de suceder a Iván Duque.
Rodolfo Hernández dice que es un hombre de 75 años de edad cumplidos, pero como las investigaciones son disciplinarias y no con efectos penales, la edad del investigado no es razón válida para evitar la sanción.
La edad se tiene presente en casos en que hay una investigación penal y la decisión puede embargar tiempo intramural, pero en las investigaciones disciplinarias la edad no es tópico válido. La edad no es impedimento para la responsabilidad disciplinaria.
Las sanciones en materia disciplinaria son la multa, la suspensión o la destitución. En el caso del ingeniero Hernández si lo suspenden, como ya no es Alcalde, no está en el cargo, la suspensión se convierte en una multa. Ejemplo si lo suspenden por ocho meses se multiplica el salario que ganaba por ocho, digamos ganaba diez millones mensuales, por ocho meses de sanción, total multa 80 millones de pesos. Y debe pagar esa multa, de lo contrario le inician un proceso de jurisdicción coactiva.
Cuando complete tres sanciones en firme en los últimos cinco años de inmediato queda inhabilitado por tres años para ocupar o aspirar a cargos públicos. Sin embargo, puede apoyar los candidatos de su movimiento, dirigirlos, coordinarlos, pero él no puede aspirar ni gobernar, queda inhabilitado por tres años.
En la puerta del horno
Los 21 procesos a la espera de la decisión, ya fueron apelados y están para fallo. Entre ellos están en la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa el de la Federación Nacional de Bomberos que solicita se inicien procesos pertinentes sobre el Alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, quien de forma despectiva se viene pronunciando de los Bomberos de Bucaramanga. La etapa probatoria inició el 23 de abril de 2019.
En otro asunto el 9 de junio de 2020 inició la etapa probatoria luego de que el Gobernador de Santander acudiera a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa, Asuntos Sociales y Paz y allegara copia de la comunicación dirigida al Director Regional de Fiscalías Bucaramanga, mediante el cual denuncia al ingeniero Hernández Suárez, Alcalde de Bucaramanga, por los presuntos delitos de injuria, calumnia y violencia contra servidor público.
También de 2020 pero del 13 de marzo es la investigación disciplinaria contra el exalcalde por presunta falta de respeto contra funcionaria de la Alcaldía de Bucaramanga.
Participación en política
El viernes 29 de mayo de 2020 se llegó a la investigación disciplinaria en la Procuraduría luego de que la Contraloría Municipal enviara informe de auditoría realizado en la Alcaldía de Bucaramanga en donde se evidenció que la retractación de un periodo de amplia circulación fue asumida con recursos de caja menor.
Mientras tanto El Espectador publica el 29 de enero de 2019 una información concerniente a la aparente participación en política de Rodolfo Hernández. Hay un video en donde se observa al Alcalde cuando invita a conformar listas a Concejos municipales y Asambleas departamentales. El 26 de septiembre de 2019 quedó ese proceso en etapa probatoria de investigación disciplinaria.
Así mismo a la Procuraduría fue trasladada una investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en la Administración Municipal de Bucaramanga. Por competencia la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal hizo ese traslado. La investigación fue iniciada gracias a un informante anónimo.
Queja sindical
También para decisión está en la Procuraduría desde el primero de junio de 2020 la queja contra el Alcalde de Bucaramanga que hizo llegar a la Procuraduría la Presidenta del Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores – Sunet – Bucaramanga, Adriana Contreras Acevedo.
“Corrupto, veneno, francotirador, extorsionista y otros”, habrían sido los calificativos que usó el Alcalde Hernández Suárez en medios de comunicación y redes sociales contra el Subcontralor de Bucaramanga. Así lo reportó el quejoso ante la Procuraduría, la cual cumplió todas las etapas investigativas y desde el 25 de febrero de 2020 ese proceso está para decisión.
También a la Procuraduría llegó la denuncia disciplinaria en contra de Hernández Suárez por presunta infracción de los deberes y prohibiciones en condición de servidor público. Ese proceso está a punto de ser fallado desde el lunes 9 de septiembre de 2019.
Publicidad política en TRO
En la cuenta de Twitter de Gerardo Navarro se publica denuncia en contra del Alcalde Bucaramanga ingeniero Hernández, en donde en apariencia se ve su intervención en política en el Canal TRO en el debate de candidatos a la Alcaldía de Bucaramanga. Esa investigación quedó para decisión desde el lunes 16 de marzo de 2020.
El Alcalde de Bucaramanga nombró a Ángela María Farah Otero para el cargo de Gerente de Metrolínea, sin embargo el Grupo de Reacción Inmediata corrió traslado a la Procuraduría por el presunto hallazgo disciplinario debido a que la nombrada no cumpliría los requisitos para esa Gerencia. Ese proceso está para fallar desde el martes 11 de diciembre de 2018, es uno de los más antiguos.
Otro es del martes 10 de julio de 2018 en donde hay una investigación disciplinaria en contra de funcionarios por determinar del municipio de Bucaramanga por presunto conflicto de intereses.
Las casas en el aire
En la Procuraduría Delegada Para Economía y Hacienda Pública está para fallar desde el miércoles 27 de noviembre de 2019 el remite de la Contraloría de Municipal de Bucaramanga en el cual se informa de un hallazgo por Acuerdos Participativos Presupuestales.
Desde el jueves 25 de julio de 2019 está para decisión un proceso con múltiples cargos. Al Alcalde Rodolfo lo denunció Carlos Lemus Torres por 40 mil cartas vivienda para votos, por designar a Manuel Francisco Azuero sin cumplir requisitos, por fraccionar contratos del Acueducto, por pedir el 20% a los contratistas para el pago de las deudas, y por una oficina para su hijo Rodolfo José.
El mismo Lemus Torres envió denuncia a la Procuraduría en contra de Rodolfo Hernández por contrataciones violando el régimen de inhabilidades. A la espera de decisión está desde el lunes 24 de febrero de 2020.
Vía correo electrónico llegó a la Procuraduría una queja anónima en donde señalan que el Alcalde Rodolfo solicita donación a los contratistas de las cuentas para pagarles.
‘Arte y parte’
Otra queja se suscita por irregularidades en la participación del Alcalde de Bucaramanga en la Junta Directiva de Metrolínea S.A., debido a que antes de ser Alcalde demandó a la empresa y por tanto estaría inhabilitado. Desde el martes 10 de julio de 2018 está para decisión.
Para decisión de la Procuraduría Delegada Para Economía y Hacienda Pública, desde el miércoles 13 de noviembre de 2019, está la compulsa de copias de algunos decretos proferidos por el Alcalde de Bucaramanga,
También se halla en la Procuraduría y ya pasó por etapa probatoria e investigación disciplinaria la solicitud de investigación a presuntas irregularidades por inhabilidades e incompatibilidades de los miembros de la Junta Directiva del Acueducto.
Corretaje, próximo a fallar
En uno de los casos más recordados el Alcalde Rodolfo profirió la Resolución 0270 del 3 de mayo de 2016 en la cual cambió la naturaleza de los trabajadores oficiales. Según copia del comunicado allegado a la Procuraduría por la bancada del Partido Liberal y Mais en sesión extraordinaria del 7 de mayo de 2016 habría irregularidades en la Resolución 0270 del 2016 y ello genera una masacre laboral.
Y en el más sonado quedó para prueba de descargos el jueves 5 de septiembre de 2019 una queja disciplinaria contra el Alcalde Rodolfo Hernández y otros, por hechos ocurridos en 2016 y 2017. Es el caso conocido por la generalidad como Vitalogic y en el que Corrillos fue factor fundamental para que trascendiera a la esfera investigativa.