Dos oficiales y un suboficial querían pensionarse antes de tiempo en el Ejército y para lograrlo acudieron a la organización criminal que desde hace varios años fue identificada por la Fiscalía y que incluso tiene a varias personas en la cárcel.
Los uniformados obtuvieron de esta red ilegal, documentos, certificados y valoraciones médicas con presuntos casos de invalidez que hacían imposible continuar en el Ejército y de manera activa, en otras palabras, deberían pensionarlos, luego de pagarles una millonaria indemnización.
Los certificados médicos eran falsos, pero aun así los presentaron al Ejército para tramitar solicitudes salariales y prestacionales, que fueron otorgadas a los ahora imputados: el mayor (r) Óscar Fabián Silva Huérfano, el teniente (r) Andrés Felipe Pérez Ceballos y el sargento (r) Danilo José Cervera Herrera.
“La Fiscalía les imputó los delitos de estafa agravada, fraude procesal, falsedad material en documento público, y falsedad ideológica en documento privado. Los cargos no fueron aceptados por los procesados”, señalaron los investigadores del caso.
El sargento Cervera Herrera, según la Fiscalía, con apenas 32 años de edad recibió la pensión de jubilación vitalicia y mensual superior al millón de pesos y para lograrlo, al parecer, le pagó 18 millones de pesos a la organización criminal, “para que le expidiera exámenes de ortopedia, fonoaudiología y psiquiatría, que acreditaban una disminución de 72 por ciento en la condición física”.
Adicionalmente el suboficial obtuvo el retiro, una indemnización de 99 millones de pesos y una renta de 85 millones en mayo de 2020.
El mayor Silva Huérfano logró que en julio de 2015 una junta médica determinará que no era apto para el servicio y recibió 186 millones de pesos por prestaciones sociales y 196 millones por concepto de jubilación.
La investigación permitió establecer que el mayor logró su jubilación gracias a los documentos falsos que le entregó la organización criminal y que lo dejaban como víctima de enfermedades relacionadas a problemas de ortopedia, neuropsicología y electromiografía.
En el caso del teniente Pérez Ceballos, se estableció que los exámenes de ortopedia y audiometría le dieron una incapacidad o disminución física de hasta un 66 por ciento, suficiente para solicitar una indemnización y una pensión por invalidez.
“En una nueva etapa investigativa fueron detectados algunos uniformados en retiro que habrían acudido a los servicios ilícitos de una red delictiva que, al parecer, elaboraba historias clínicas, exámenes médicos y otros documentos falsos”, se conoció en la investigación.
El caso con los dos oficiales y del suboficial que fueron imputados por la Fiscalía y a quienes un fiscal anticorrupción les solicitó una medida aseguramiento no privativo de la libertad, no es una situación aislada. El ente acusador adelantó una investigación hace más de un año que ya tiene varios imputados, incluso capturados por una defraudación millonaria al Estado a través de pensiones de invalidez otorgadas con documentación falsa.
“Con la emisión de soportes médicos falsos, estas personas habrían inducido a error a distintas instancias públicas y generaron al Estado un detrimento superior a 3.100 millones de pesos”, explicó la Fiscalía.
Entre los capturados por esta defraudación, que supera los 3.000 millones de pesos, hay funcionarios públicos, del Ministerio de Defensa, un capitán en retiro, abogados y médicos que facilitaron su firma para desarrollar los documentos falsos y la obtención de las pensiones.
Desde el ente acusador advirtieron que la investigación avanza y los tres militares en retiro que fueron judicializados en esta nueva etapa del proceso, no serían los únicos implicados. Más personas que aprovecharon los documentos falsos que generaba esta organización criminal y que lograron la jubilación antes de tiempo, también serán procesados.