El exmandatario sudafricano Jacob Zuma añade un nuevo desencuentro con la Justicia nacional. En medio de investigaciones por corrupción en su contra, el presidente del país hasta 2018 fue condenado este 29 de junio a 15 meses de prisión por desacato, tras no asistir a las citaciones judiciales para declarar en repetidas ocasiones.
En su encarecida lucha por evitar ir a prisión, Zuma se había negado a declarar ante una comisión oficial de investigación presidida por el número dos del Constitucional, el juez Raymond Zondo. El magistrado, que está a cargo de la trama de corrupción conocida popularmente como ‘Captura del Estado’, fue quien pidió la intervención del Tribunal Constitucional.
Una de las juezas del Constitucional, Sisi Khampepe, presentó la sentencia y aprovechó su lectura para mandar un mensaje a aquellos que intentan eludir la Justicia en el país: el Poder Judicial no cederá ante «ataques atroces» y «calculados» contra su autoridad.
«No me queda más remedio que encarcelar al señor Zuma, con la esperanza de que al hacerlo envíe un mensaje inequívoco: el Estado de Derecho y la administración de Justicia prevalecen», dijo Khampepe durante la lectura del dictamen.
La acusación de corrupción contra Zuma
Jacob Zuma estuvo al mando del Ejecutivo en Sudáfrica del 2009 al 2018. Durante este periodo, se le acusa de haber permitido el saqueo de las arcas públicas y de ser cómplice en este delito. El entramado ‘Captura del Estado’ investiga si es cierto que empresarios afines a la línea del Gobierno definían, incluso, a los ministros de las distintas carteras.
Fue la misma presión y el peso de las acusaciones lo que hicieron que Zuma renunciara como presidente en febrero de 2018. Tras su dimisión, ni la supuesta «caza de brujas» de la que aseguraba ser víctima ni sus esfuerzos legales impidieron que se sentara en el banquillo de los acusados.
El exmandatario aseguró que la comisión que estudia su caso intenta «destruir su legado como presidente» y con este argumento intentó justificar su ausencia a las citaciones judiciales. Pero el Tribunal Constitucional consideró la acción como un mero intento más de eludir sus obligaciones ante la Justicia.
En otro intento por detener la investigación envió una carta de 21 páginas al presidente del Tribunal Supremo, Mogoeng Mogoeng. En la carta, que el tribunal calificó como «escandalosa», Zuma aseguraba que prefería ir directamente a la cárcel antes de declarar ante jueces «parciales».
En esta misiva, que hizo pública, Zuma aseguró que la comisión debía ser desacreditada debido a que Zondo era parcial con él y sostuvo que las pruebas en su contra tenían una «clara» motivación política.
No obstante, los expertos aseguran que a Zuma se le están acabando las opciones legales. Entre los testigos llamados a declarar figuran exministros del gabinete, altos funcionarios del gobierno y ejecutivos de empresas estatales. Algunos de ellos ya han reconocido que el entonces presidente permitió que miembros de la familia Gupta -empresarios muy controvertidos por temas de corrupción- influyeran en el nombramiento de miembros del Gobierno y en la adjudicación de los contratos estatales.
Esta no es la única causa abierta contra el político. En un fichero aparte, se le acusa de haber recibido unos 285.000 dólares por la concesión de un contrato de armas por valor de 2.000 millones de dólares a la empresa francesa Thales a finales de la década de los 90. Además, en 2016 se vio obligado a devolver más de medio millón de dólares públicos que gastó ilegalmente en la reforma de su residencia privada.
Ahora, tras el dictamen del Tribunal Constitucional, Zuma tiene un plazo de cinco días para entregarse a las autoridades. De lo contrario, el Ministerio de Seguridad se asegurará de que el exmandatario cumpla con la decisión del tribunal.
El veredicto final es inapelable y fue aprobado por siete de los magistrados del Tribunal Constitucional frente a la oposición de dos. Cuando la sentencia se haga efectiva, Zuma se convertirá en el primer presidente de Sudáfrica que ingresa en prisión.