Por: Diego Ruiz Thorrens/ Junio es el mes que celebra la diversidad sexual y el Orgullo LGBTIQ. Este ejercicio busca recordar la génesis del movimiento LGBTIQ y su impacto a nivel mundial, nacional, y local. De la misma manera, expone algunos de los principales aspectos que arroja la pandemia por Covid – 19 en el disfrute y reconocimiento de los derechos humanos de las poblaciones sexualmente diversas. En esta entrega final hablaremos sobre pandemia y derechos humanos. Para leer el artículo anterior da clic aquí.
Pandemia y derechos humanos
Confieso que al escribir esta última entrega siento un increíble nudo en mi garganta debido a que, en lo recorrido de año 2021, el número de pérdidas humanas causadas por la pandemia del Covid–19 continua su ascenso sin que al parecer nada le pudiese detener. Cada semana, el listado de personas (amigos, compañeras, familiares, parientes, etc.) que han perdido la batalla por culpa de un enemigo invisible, bastante peligroso (y algunas veces, menospreciado) crece, dejando un vacío que difícilmente podrá ser cubierto.
Para mayores tristezas, adicionemos la pobre (y tardía) planeación en la ejecución del programa nacional de vacunación que ha dejado a cientos de municipios rezagados al no contar con una apropiada logística o con el suficiente (adecuado) personal de salud para aplicar los biológicos. La pandemia va para largo, y esa pequeña luz al final de túnel que pensábamos que crecería con la aplicación de las vacunas poco a poco se ha visto mermada por culpa de muchísimos más factores, entre ellos (principalmente) las decisiones desacertadas y centralistas de un gobierno desconectado de su pueblo.
A todo este escenario apocalíptico, sumemos la urgencia del gobierno por levantar todas (así, todas) las medidas de restricción impuestas por la pandemia, impulsando una reactivación económica en medio del (más extenso y más peligroso) tercer pico de la pandemia. Y para aguar aún más la reciente panorámica, la propagación de nuevas mutaciones del virus, haciéndola más transmisible y muchísimo más grave que la cepa original, está obligando en muchas regiones del mundo a dar marcha atrás a la reapertura social. Colombia no escapará de esta realidad. Hasta el momento el gobierno sigue sin tomar medidas de contención que permitan frenar un escenario que muy seguramente aumentará la gravedad y la crisis en salud en todas las regiones.
En incontables ocasiones he mencionado que la pandemia se había ceñido con dureza contra las poblaciones LGBTI, pero hasta cierto punto no tenía claridad, o más bien, no encontraba un panorama completo, que retratase el nivel de profundidad de dichas vulneraciones. Este panorama cada día es más extenso, y ya conocemos su punto de partida. Reitero: hablo de las vulneraciones ‘a partir de’ y ‘durante’ la pandemia, dado que las violaciones a los derechos humanos, desafortunadamente, siempre han existido.
Una de las primeras vulneraciones (entiéndase, burlas) provino precisamente del mismo gobierno nacional. Desde que inició la pandemia, el gobierno del presidente Duque ha insistido en su lucha contra la diversidad sexual, y en esta ‘lucha’ ha estado acompañado por sectores políticos que son claros enemigos de las, los y les LGBTI.
En este gobierno, la crueldad contra las comunidades LGBTI aumentó a niveles criminales. Un ejemplo de ello fueron los supuestos “incentivos” que el gobierno nacional brindaría a las poblaciones LGBTI en contexto de extrema pobreza o en alta vulnerabilidad, y que requirió la movilización de cientos de organizaciones para obtener información de personas que serían beneficiadas con dicho incentivo (en este caso, mercados que serían entregados en un único y exclusivo tiempo, nada más). No es necesario decir que estas ayudas nunca llegaron, y que, en casi todas las regiones, la población LGBTI siguió siendo uno de los principales grupos excluidos en la entrega de ayudas humanitarias brindadas por distintos entes humanitarios.
La cruel muerte de Alejandra Monocuco el 29 de mayo de 2020 en la ciudad de Bogotá, a pocos meses de haber iniciado el confinamiento, desnudó otra terrible realidad: no existía (ni existió) el verdadero compromiso de la administración distrital para proteger a uno de los sectores (dentro de las poblaciones LGBTI) más humilladas y discriminadas de todas: la población de mujeres trans. Esta cruel y absurda muerte fue uno de los detonantes para que otras organizaciones a nivel nacional denunciaran distintos tipos de violencia que posteriormente sufrieron diferentes mujeres y personas LGBTI en otras regiones del país.
Posteriormente, en el mes de septiembre del mismo año, el asesinato de Juliana Giraldo develó los niveles de odio social, institucional y estatal hacia la población trans, odio que, solo hasta junio de 2021, ha cobrado las vidas de más de 20 mujeres trans en nuestro país, asesinatos cuyas investigaciones carecen de una verdadera justicia y donde el mismo estado que debe protegerlas brilla por su ausencia.
En el departamento de Santander la situación de violencia y violaciones de los derechos humanos también es sumamente grave, con un agravante y es que, en comparación con otras regiones del país, la violencia dirigida a poblaciones LGBTI (especialmente a mujeres trans) pasa casi totalmente inadvertida, elevando los niveles de impunidad en la investigación de los crímenes y en demoras para alcanzar la justicia en aquellos casos que son denunciados.
Según la corporación Conpazes, sólo en lo transcurrido del 2021, en Bucaramanga se han presentado más de 10 actos de violencia contra los derechos humanos, la integridad y corporalidad de las mujeres trans de la zona centro de Bucaramanga (esto, sin tener presente la violencia contra los sectores de hombres gays, mujeres lesbianas y personas bisexuales que en casi todos los casos pasa invisible). Dos de los casos identificados han sido expuestos en redes sociales, donde podemos observar cómo las victimas (ambas, mujeres trans) han sido golpeadas cruelmente, sucesos presentados, uno en la zona del centro de la ciudad y otro en el barrio Cabecera. Aun no hay investigaciones formales al respecto.
Por esta y más razones, la población LGBTI local (y nacional) salieron este fin de semana (otros, lo harán próximamente) a marchar, manifestarse, acción que fue imposible realizar en el 2020, y que este año está siendo promovida y acompañada por sectores que se movilizaron en el gran paro nacional. La situación en derechos humanos de las poblaciones LGBTI a nivel nacional y local continúan alcanzando niveles de suma gravedad.
No obstante, la resistencia de estos sectores continua, quizá hoy más que nunca. Y mientras existan movimientos que luchen por promover la igualdad, equidad e integración de las poblaciones LGBTI en todo el país, la esperanza del cambio continuará firme e inquebrantable.
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*Estudiante de maestría en derechos humanos y gestión de la transición del posconflicto de la escuela superior de administración pública – ESAP Santander.
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