El Alto Comisionado para la Paz en Colombia, Miguel Ceballos, se retira en momentos en que su entidad estaba encargada de concertar una mesa de diálogo con el Comité del Paro, grupo clave en las protestas sociales contra el Gobierno colombiano, entre otras funciones.
Sobre las motivaciones de su renuncia, el funcionario señaló que se da en medio de inconformidades que ostenta tanto con el expresidente y líder de la derecha colombiana, Álvaro Uribe, como con el líder de la izquierda, el senador Gustavo Petro, que busca la Presidencia. Los dos políticos son acusados por sus detractores de polarizar al país e incitar a la violencia en medio de manifestaciones, en su mayoría pacíficas, pero que se han visto empañadas por algunas agresiones.
“Tengo muchas distancias, que conoce el país con Petro, y tengo otras muchas también con Uribe”, aseguró Ceballos, quien acusó a los dos políticos de “irresponsables en presionar a este Gobierno y al Congreso para que la moneda se incline más hacia su lado”.
Tercera renuncia en un mes
Ceballos afirmó que su renuncia no está motivada por las manifestaciones antigubernamentales que sacuden al país desde el pasado 28 de abril, pues había anunciado su decisión al presidente desde el pasado diciembre.
Sin embargo, esta es la tercera dimisión que se produce en el Gobierno en el último mes, que coincide con las constantes movilizaciones sociales, inicialmente en desacuerdo a la reforma tributaria, pero que se extendieron a otras demandas que van desde medidas para contrarrestar la pobreza y la desigualdad que la nación ha afrontado por décadas, hasta cambios estructurales en la Policía que incluyan el desmantelamiento del Esmad, el Escuadrón Móvil Antidisturbios, acusado de reprimir a quienes protestan.
El pasado 5 de mayo dimitió el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, impulsor del proyecto de reforma tributaria que desencadenó las protestas, y el 13 de mayo dejó su cargo de Canciller la política Claudia Blum.
Dos reformas retiradas
La presión de las movilizaciones a lo largo del país, que iniciaron junto a un paro nacional el pasado 28 de abril, dejan por el momento dos logros tangibles: el retiro del proyecto a la reforma tributaria, anunciado el pasado 2 de mayo y la cancelación de la reforma a la salud, el pasado 19 de mayo.
La iniciativa fiscal buscaba un importante aumento de impuestos sobre las clases medias y bajas del país para recaudar alrededor de 6.302 millones de dólares, con el fin de llenar los agujeros de las arcas públicas del Estado, golpeadas por la pandemia del Covid-19. Pero en un momento de crisis económica, justamente a raíz de la emergencia sanitaria que obligó al cierre del comercio, turismo y diversos negocios, este proyecto desencadenó el hartazgo de los colombianos.
El mandatario dijo que elimina los puntos más polémicos del texto. Entre ellos más impuestos a la canasta básica familiar y más responsables del pago de renta, gravámenes para personas naturales. Pero dijo que aún es necesario otro texto fiscal, que aún no ha sido confirmado.
La reforma a la salud, por su parte, pretendía privatizar una sanidad de por sí altamente tercerizada. En medio de las fuertes críticas desde distintos sectores, el Congreso votó por mayoría para archivar el controvertido proyecto de ley 010 de 2020.
La violencia, el alto costo en los logros
Aunque quedan múltiples demandas sociales por resolver, la cancelación de dos polémicas reformar es considerada una victoria por muchos.
Pero estos avances se han producido en medio de protestas en las que se han registrado episodios de violencia por parte de la fuerza pública y de algunos civiles que han empañado las manifestaciones en su mayoría pacíficas.
Colombia ha sido objeto de llamados de organismos internacionales y grupos de derechos humanos dentro y fuera del país como Amnistía Internacional que denuncian represión policial contra los manifestantes.
Según los últimos datos emitidos por la ONG local Temblores, se han registrado 43 muertes presuntamente a manos de miembros de la fuerza pública, 39 víctimas de agresiones oculares y 21 casos de algún tipo de violencia sexual. La Defensoría del Pueblo cifra en al menos 42 la cantidad de personas fallecidas.
La violencia se extiende y en algunos casos miembros de la Policía también han sido blanco de agresiones. En la madrugada de este 22 de mayo, un agente fue asesinado y otros dos resultaron gravemente heridos en Cali. El oficial falleció tras recibir un disparo de fusil por parte de civiles violentos, según las autoridades.
«Un disparo de fusil terminó con la vida de este héroe de 22 años que defendía su país. Solidaridad con su familia. Dos policías más fueron heridos», informó en su cuenta de Twitter el ministro de Defensa colombiano, Diego Molano.
Los hechos ocurrieron en Cali, la tercera ciudad del país, y una de las regiones que ha sufrido la peor parte de la violencia en las últimas semanas.
En esta misma ciudad una mujer policía denunció este fin de semana que el pasado 29 de abril varios hombres intentaron abusar sexualmente de ella, luego de que empezaran los enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública. El caso prende aún más las alarmas sobre la utilización de la violencia sexual contra las mujeres en las protestas.